¿Instigación a delinquir?

Por Venezuela Real - 31 de Mayo, 2007, 8:28, Categoría: Estado de Derecho

Alberto Arteaga Sánchez
El Universal
31 de mayo de 2007

La autocensura o la amenaza de sanciones penales impediría cualquier expresión de ideas

El derecho penal garantista, propio de un Estado Social y Democrático de Derecho, solo sanciona por conductas o hechos externos propios y determinados, una vez iniciada su ejecución. No se castiga la simple voluntad o la intención de cometer hechos prohibidos, por más censurables que éstos sean, si no se pasa al comienzo de su ejecución. Esto se refleja en el principio "cogitationis poenam nemo patitur" (nadie puede ser castigado por sus pensamientos).

Sin embargo nuestro Código Penal, de indiscutible y clara tradición liberal, expresión de la reacción contra el absolutismo, sanciona excepcionalmente actos preparatorios de un delito, que no constituyen comienzo de su ejecución.

Esto se da en el caso de la figura delictiva de la instigación a delinquir, recientemente reformada por la Asamblea Nacional en el año 2005.

Este dispositivo, contenido ahora en el artículo 283 del Código Penal sanciona a quien públicamente o por cualquier medio instiga a otro u otros a ejecutar actos en contravención a las leyes. Ahora bien, esta norma de excepción, debe ser interpretada restrictivamente y en el sentido de la actuación de alguien sobre otras personas para moverlas a cometer un delito determinado o un hecho contrario a la ley, haciendo surgir la decisión de consumar una concreta infracción o reforzando los motivos para llevarla a cabo.

La instigación debe ser precisa, clara, no puede prestarse a equívocos ni a dudas, debiendo resaltarse que se trata de una previsión absolutamente excepcional.

Relacionar simplemente una determinada afirmación con un pretendido propósito instigador sobre la base de apreciaciones subjetivas, constituye una posición inaceptable y contraria a las exigencias de un Estado respetuoso del sistema de libertades y ello abre las puertas a un derecho penal de voluntad, autoritario y no de hechos, que pretende amenazar por actitudes internas de los ciudadanos.

Precisamente, el Fiscal General de la República ha insistido en que este artículo 383 debe ser interpretado restrictivamente, a la vez que señala que este tipo penal -reformado-, entre otras cosas amplía de modo grotesco la descripción típica, es contrario a principios constitucionales y se constituye, en su nueva versión, en una hipótesis de "abuso de la norma penal", por todo lo cual ha solicitado su declaratoria de inconstitucionalidad, tal como lo expresa en su escrito dirigido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el pasado año.

Sin duda, resulta gravísimo que ahora pretenda el Ejecutivo que se sancione penalmente a cualquier persona que exprese pensamientos o ideas contra el sistema o que se considere como delito cualquier publicación o comunicación de hechos que de "alguna manera" pudieran relacionarse con la comisión de un delito, ya que, de esta forma, en definitiva, la autocensura o la amenaza de sanciones penales impediría prácticamente cualquier actividad de expresión de ideas o pensamientos, la información de hechos o el análisis de situaciones que se plantean en el quehacer diario que ocupa a los medios de comunicación social.







TOME NOTA
de la dirección del
Nuevo Portal Principal

www.venezuelareal.org

Más información ...

Calendario

<<   Mayo 2007  >>
LMMiJVSD
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Archivos

Suscríbete

Escribe tu email:

Delivered by FeedBurner

Sindicación

Alojado en
ZoomBlog