MERCOSUR, VENEZUELA Y LA VIGENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

Por Venezuela Real - 1 de Junio, 2007, 17:29, Categoría: Política Internacional

EMILIO NOUEL V.
01 de Junio de 2007


La atropellada entrada de Venezuela a MERCOSUR fue cuestionada en su momento por los especialistas en la materia. No se trataba de rechazar el libre comercio o la ampliación de las relaciones económicas con países vecinos. Lo que se objetaba era que nos hayamos zambullido en un proceso de integración sin brújula, sin haber consultado a los sectores económicos nacionales que serán afectados y perjudicando otras relaciones comerciales más fructíferas.

Estaba muy claro, por otro lado, que el ingreso venezolano respondía a una orientación político-ideológica y a una exigencia táctica, por lo demás, extraña, toda vez que en el fondo, el gobierno venezolano no comparte los principios económicos (mercado) y políticos (democracia) que inspiran el bloque.

 A pesar del apuro para que se iniciara el procedimiento de ingreso, varios observadores denunciamos la no adhesión, desde el comienzo, a los principios democráticos del bloque, lo cual se hizo tardíamente este año. Los 2 instrumentos que contienen tales principios son: el “Compromiso Democrático” y el “Protocolo de Ushuaia”.

El primero de los documentos expresa que los países miembros se comprometen con “el ejercicio efectivo de democracia representativa” y “la plena vigencia de las instituciones democráticas”, como “condición esencial para la cooperación en el ámbito de Tratado de Asunción, sus protocolos y demás actos subsidiarios.”

Por su parte, el de Ushuaia establece que “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes..” Igualmente, estipula que toda ruptura del orden democrático dará lugar a la aplicación de un procedimiento que podría conducir hasta  la  suspensión  de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos.

Hoy por hoy, a pesar de la alharaca que ha hecho el gobierno y el dineral que ha gastado para publicitar la membresía en MERCOSUR, desde el punto de vista jurídico-formal, Venezuela aún no es miembro del bloque. El protocolo de Adhesión no ha sido aprobado por los parlamentos de todos los países.  

  
No obstante, esta “membresía” no perfeccionada comienza a ser impugnada. Desde Brasil,  de cara a la medida de cierre de RCTV en Venezuela, el senado viene de aprobar una moción de condena, la que consideran motivada, según el presidente de la Comisión senatorial, Heraclio Fortes, no por lo legal, sino por lo político. Lamenta la ausencia de una posición firme de parte de su gobierno, ante un cercenamiento de la libertad de prensa que “merece una repulsa vehemente de todas las democracias del mundo entero.” Y remata apoyando la propuesta de expulsar a Venezuela de MERCOSUR.

Si bien no alcanzamos a ver hasta donde pudiera llegar esta propuesta y si bien tampoco estamos seguros de su viabilidad jurídica (habría que hacer una interpretación muy amplia de lo que comprendería la expresión “la plena vigencia de las instituciones democráticas”), el sólo hecho de que ésa sea la visión que del asunto tienen los senadores del país más importante de Suramérica, ya es ganancia para los sectores democráticos venezolanos. Es una iniciativa más en la gran avalancha de repudio internacional que el cierre de RCTV ha provocado. Incluso, en el mismo MERCOSUR, la insólita petición de apoyo para esta arbitrariedad presentada por el gobierno venezolano, sufrió un varapalo del que no se recuperará.

No hay la menor duda, en el mundo exterior Chávez ya perdió esta batalla. Sólo sus periodistas o académicos tarifados lo defienden. Y perdió simplemente, porque el cierre de RCTV no es sólo un problema de normas legales que regulan concesiones del espacio radio-eléctrico. Por encima de éstas, están los principios y garantías consagrados en la Constitución nacional y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ninguna ley nacional puede prevalecer sobre ellos. La no renovación de la concesión es en si misma una violación a las libertades de expresión y de prensa. Las libertades, ética y jurídicamente, están primero, cosa que los autócratas ni comprenden ni respetan.





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