Los estudiantes vuelven a marchar

Por Venezuela Real - 2 de Junio, 2007, 10:18, Categoría: Prensa Internacional

Agence France Presse
El Nuevo Herald
02 de junio de 2007


CARACAS
Miles de estudiantes universitarios venezolanos marcharon la tarde de ayer hasta la sede de la Conferencia Episcopal, en Caracas, donde se reunieron con un grupo de diputados oficialistas, luego de que la policía impidió que se trasladaran hasta la Asamblea Nacional.

Los estudiantes de varias universidades públicas y privadas, que desde la semana pasada manifiestan a favor de la libertad de expresión, tenían previsto marchar este viernes hasta la Asamblea Nacional, en el centro de Caracas, para entregar un documento. Pero su manifestación no fue autorizada por las autoridades y cordones policiales bloqueron sus columnas.

Estudiantes de las universidades públicas Central de Venezuela, la mayor del país, y Simón Bolívar, se trasladaron entonces hasta la Universidad Católica, donde estaba bloqueado otro gran contingente de estudiantes.

Tras intensas negociaciones lograron que se retirase el cordón policial para marchar hasta la Conferencia Episcopal, ubicada a unos 500 metros, adonde lograron que se dirigieran varios diputados para dialogar con ellos.

El dirigente de la UCAB, John Goicochea, condenó la decisión de la alcaldía oficialista de Caracas que limitó la marcha estudiantil, argumentando que no pidieron el permiso 24 horas antes.

''Lo que queremos señores, los estudiantes, es que algún día en Venezuela todos los estudiantes, todos los jóvenes, podamos caminar por las aceras de Caracas, manifestar por las aceras'', dijo Goicochea a la prensa.

Asimismo instó a los congresistas a que respete a los estudiantes y les ``den voz en la Asamblea Nacional''.

Ismael García, diputado de Podemos (un partido socialdemócrata que apoya críticamente al gobierno del presidente Hugo Chávez) tomó la iniciativa de ir hasta la Conferencia Episcopal para recibir el documento de los estudiantes y presentarlo luego ante la Asamblea Nacional.

Los estudiantes exigen al gobierno el respeto a la libertad de expresión y a su derecho a manifestar.
''Hemos venido para recibir su documento. Creemos que hay que impulsar el diálogo y escucharnos todos, aunque no compartamos las opiniones'', dijo García, al que se plegaron después otros parlamentarios del partido de Chávez.

Luego llegó a la Conferencia Episcopal el viceministro del Interior, Tarek Al Aissami, luciendo una camisa roja, el color del chavismo.

Los estudiantes esperan realizar una manifestación el próximo martes, esta vez hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y anunciaron que esta vez el permiso será solicitado por el rector de la Universidad Central, Antonio París.

Las manifestaciones estudiantiles comenzaron el viernes pasado para protestar contra el fin de la concesión de la televisora decana de Venezuela, Radio Caracas Televisión, de línea editorial opositora, que salió del aire el domingo pasado.

Los estudiantes querían marchar hasta la Asamblea Nacional, íntegramente chavista por el boicot opositor a las legislativas de 2005, para pedirle a los diputados que ''rectifiquen'' acusaciones de que su movimiento forma parte de un ''plan de desestabilización'' para derrocar al Presidente Hugo Chávez.
Otras manifestaciones de estudiantes se realizaron ayer en otras ciudades venezolanas mientras que grupos chavistas llevaron a cabo contramanifestaciones de apoyo al gobierno.

El Defensor del Pueblo, Germán Mundarain, dijo que durante las manifestaciones de los últimos días nueve policías fueron heridos de bala, uno de gravedad, en Mérida, 520 km al suroeste de Caracas. Sin dar cifras, indicó que varios jóvenes y adultos resultaron lesionados por perdigones, utilizados por las fuerzas policiales.

Afirmó que en el área metropolitana de Caracas hay tres personas detenidas con medida privativa de libertad por uso de arma de fuego.

Indicó que a 64 adultos y a ocho adolescentes detenidos en las manifestaciones, los tribunales les impusieron una ''medida sustitutiva''. Precisó que ``están en libertad y simplemente tienen restricciones''.

Un director de la organización de derechos humanos Provea, Marino Alvarado, remarcó que más de 100 personas fueron ``sometidas a procesos penales y quedaron con régimen de presentación, que les prohíbe participar en protestas o manifestaciones públicas''.

''Es lamentable que un gobierno que ha llamado al protagonismo y a la participación, hoy criminaliza la protesta'', enfatizó.





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