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La autocensura toca los tribunales
Por Venezuela Real - 6 de Junio, 2007, 15:13, Categoría: Testimonios
Juan Pablo Arocha
TalCual 06 de junio de 2007 Una encuesta realizada por una ONG en el Poder Judicial venezolano revela que 92% de los consultados tienen una imagen negativa del mismo. Los entrevistadores debieron vencer el hermetismo que se produce entre los funcionarios públicos En los pasillos de los tribunales venezolanos ronda el silencio. No porque los jueces requieran discreción, sino que prefieren pasar desapercibidos cuando alguien les consulta sobre la independencia del Poder Judicial criollo. La asociación civil Consorcio Desarrollo y Justicia reveló los datos de una encuesta realizada entre los funcionarios públicos adscritos a este ente donde descubrieron que cerca del 92% de los consultados tiene una imagen negativa de la institución. El Consorcio Justicia y Paz (CJP) es una organización de juristas conformada desde 1995. Con el apoyo del ex vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Alirio Abreu Burelli, emprendieron desde abril de 2006 un sondeo entre magistrados, jueces, fiscales, abogados y usuarios del Poder Judicial venezolano. La finalidad del proyecto era levantar la primera evaluación formal que se realiza sobre la independencia de los tribunales. El resultado no fue muy alentador. Sólo el 3% de los consultados reconoce la independencia del Poder Judicial, mientras que el 97% considera que la autonomía es media o baja. La encuesta se aplicó en los circuitos judiciales de Distrito Capital, Lara y Zulia, a poco más de 1.700 personas. El universo de la muestra se vio afectado, pues según explica Antonio Suárez, encargado de la metodología de investigación, parte de los consultados se abstuvieron de responder el cuestionario anónimo. Esta tendencia se acentuó en los jueces y los fiscales, quienes argumentaron “la gran carga de trabajo, la incompetencia para responder este tiempo de sondeos, y el temor por consecuencias”. Carolina Abreu, coordinadora del proyecto, asegura que este factor revela parte de la autocensura en el sistema judicial venezolano. Incluso, durante la realización del sondeo fue detenido e interrogado uno de los encuestadores en el circuito judicial penal de Zulia. MÁS DE LO QUE PIDEN El CJP también realizó un análisis de 500 sentencias de diversos tribunales del país para verificar la independencia judicial. Tras el análisis del muestreo evidenciaron que en 66% de los casos se produjo retardo procesal, así como la falta de admisión de medidas cautelares en el 52% de los recursos introducidos por los ciudadanos. Estos índices son –a juicio de Alirio Abreu Burelli– un indicador de la imparcialidad de los tribunales. Los jueces suelen violentar los lapsos procesales por temor a las represalias de sus sentencias.También en su análisis descubrieron que el 98% de las sentencias emitidas caen en la irregularidad de exceder la petición de los demandantes. Parte del objetivo que tiene el Consorcio es la concientización de la ciudadanía sobre la importancia de la independencia judicial, así como la creación de un observatorio que vele por mantener la autonomía de este sector público. El costo del proyecto ascendió a cerca de los 80 millones de bolívares. Esta cifra corrió por cuenta del propio CJD, así como por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, ente adscrito a la Organización de Estados Americanos. Burelli asegura que la falta de independencia en los tribunales venezolanos tiene su declive desde 1958. “Las normas existen pero se viene deteriorando el sistema. La democracia se puede medir por la independencia judicial”.
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