Asamblea desacata una orden de destitución de funcionaria

Por Venezuela Real - 15 de Junio, 2007, 10:05, Categoría: Política Nacional

EE/SCD
El Universal
15 de junio de 2007

Flores no ha acatado la notificación de la contraloría de destituir de la An a la esposa del diputado Darío Vivas
La Contraloría envió la notificación a diputada Cilia Flores el pasado 27 de marzo

La presidencia de la Asamblea Nacional ha hecho caso omiso a una notificación emitida casi tres meses atrás por la Contraloría General de la República, donde se solicita la inhabilitación política de la directora de Protocolo del Parlamento Rosalba Gil Pacheco, quien según el documento fue inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres años.

La orden de destitución, firmada por el contralor general Clodosbaldo Russián, fue dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, y fechada el 27 de marzo de 2007, pero hasta la fecha de hoy la ciudadana Rosalba Gil, quien es esposa del diputado Darío Vivas, continúa ejerciendo funciones en el Legislativo.

La funcionaria inhabilitada se desempeñó antes como secretaria de la Comisión Permanente de Política Interior de la AN y antes como secretaria del Cabildo Metropolitano.

El documento emitido por la Contraloría señala que la medida disciplinaria implica "la imposibilidad total del desempeño de cualquier cargo público por un lapso de tres años. La razón es la declaratoria de responsabilidad administrativa a la funcionaria. La atribución según la cual la Contraloría solicita la destitución de Gil Pacheco se basa en una decisión que corresponde al artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que establece la declaratoria de responsabilidad administrativa y otorga al contralor acordar la suspensión del cargo sin goce de sueldo o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince 15 años". Así, se debe remitir la información al organismo en el que ocurrieron los hechos "para que realice los trámites pertinentes". En este caso la comunicación fue enviada a la presidenta de la AN, Cilia Flores, quien no ha tomado la medida.

El artículo 483 del Código Penal, relacionado con la desobediencia a la autoridad, establece que quien desobedezca una orden expedida por la autoridad competente será castigado con arresto de 5 a 30 días o multa de 20 a 150 unidades tributarias, es decir, entre Bs 752.640 y 5.644.800. En la notificación se insta a informar en los siguientes tres días de la ejecución de la sanción a la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría.

Es la tercera vez en los últimos años que la Contraloría inhabilita políticamente a una funcionaria conocida. Las dos primeras fueron Maripili Hernández y Xiomara Lucena.

Al ser consultado el diputado Darío Vivas expresó que no tenía ninguna información al respecto.





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