REFORMA CONSTITUCIONAL : Se elimina el secreto de las fuentes periodísticas

Por Venezuela Real - 22 de Junio, 2007, 16:37, Categoría: Estado de Derecho

HERNÁN LUGO-GALICIA
EL NACIONAL
22 de Junio de 2007  

La propiedad podrá ser objeto de confiscación por el Estado
Los tratados internacionales pierden el carácter constitucional y al Parlamento se le facultad para destituir a gobernadores y alcaldes, se indica en un papel de trabajo

La propuesta del Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional contiene 328 páginas, pero si se incluyen las actas de las sesiones y los votos salvados aumenta a 1.600. Los artículos del 1 al 9 permanecen invariables por contener "principios fundamentales". Los cambios comienzan a partir del artículo 12, que considera como "bienes de dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles" los yacimientos mineros, de hidrocarburos y las costas marinas.

Por sugerencia de Luis Britto García, se incluyeron "las playas adyacentes y las vías para el libre acceso a ellas".

La propiedad sufre un cambio a partir del artículo 55. El concepto es sustituido por "bienes y posesiones" en la nueva concepción de "Estado socialista". Esa visión es reforzada en el artículo 112, por cuanto el Estado no puede promover la iniciativa privada o empresas particulares, sino otros factores de producción (cooperativas, empresas de producción social y medios del Estado).

Britto García y los diputados Ricardo Sanguino y Carlos Escarrá fueron comisionados para definir el novel modelo económico. En esa estructura si se permiten los monopolios estadales, mas no así los privados (artículo 113).

El Consejo Presidencial se percata, según las actas, de lo polémico que será lo económico y la propiedad. Las expropiaciones proceden por causa de utilidad pública; al Estado se le faculta para ocupar los bienes mientras dure el proceso judicial y se establecen las confiscaciones.

En la reforma se expone el asunto así: "Artículo 113: En atención a la democracia económica, se reconoce y garantiza la propiedad, pudiendo ser ésta pública, entendida como la que pertenece al Estado, sea de dominio público o privado; la propiedad social, entendida como aquella que pertenece al pueblo en su conjunto y a las futuras generaciones, aunque en su administración y control participe activamente el Estado como ente social de excelencia; la propiedad colectiva, entendida como aquella que es asignada a grupos sociales o de personas para su aprovechamiento, uso o goce en comunidad, pudiendo ser de origen social o privado; la propiedad mixta, entendida como aquella existente entre el sector público y privado para el aprovechamiento de recursos o ejecución de actividades, siempre bajo el respeto absoluto de la soberanía económica y social de la nación, y bajo el control del Estado; y la propiedad privada, entendida como aquella que se otorga a los particulares sobre bienes de consumo y medios de producción legítimamente adquiridos".

Britto García incluyó en el artículo 115 una redacción similar a la de la Constitución de Cuba (artículos 20 y 21), que acepta la propiedad privada sobre las renumeraciones, ahorros e ingresos provenientes del trabajo, y en los instrumentos de trabajo, siempre que no usen para explotar a terceros.

En el nuevo artículo 117 se prohíbe "terminantemente" la paralización directa o indirecta de los servicios o prestaciones "como consecuencia de acciones o omisiones de personas o grupo". Como ocurrió con Pdvsa en 2002.

Geografía.

La nueva redacción elimina la descentralización y faculta al Presidente a crear provincias comunales.


Al Parlamento se le asigna una nueva atribución: destituir a funcionarios elegidos, además del vicepresidente y los ministros. Los alcaldes estarían obligados a rendir cuentas –anual y públicamente– ante el consejo municipal del poder popular y ante la federación de consejos comunales.

Si sus gestiones son improbadas, el Parlamento evaluará y, por mayoría, decidirá si los destituye.

El nuevo artículo 187, numeral 24, señala como función del Legislativo: "Designar y remover al fiscal general, contralor general, defensor del pueblo, a los rectores del CNE, así como a magistrados del TSJ, tanto principales como suplentes.

Destituir o suspender gobernadores, alcaldes y otros funcionarios de elección popular".

Ello, a pesar de que el revocatorio es la única forma válida.

Tratados.

Artículo 23: El Consejo Presidencial demandó su revisión para suprimir el rango constitucional a los tratados internacionales. "Este artículo nos amarra a tratados suscritos en el pasado", señalaron. "Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, mientras se mantengan vigentes, forman parte del orden interno y son de aplicación inmediata y directa por los órganos del Poder Público. Corresponde a los tribunales de la República conocer de las violaciones sobre las materias reguladas en dichos tratados".

¿Censura?.

Artículo 28: Suprime en el derecho al acceso a la información el secreto de las fuentes periodísticas y se generaliza en los siguientes términos: "Queda a salvo el secreto de las profesiones que determine la ley".


El artículo 57 preserva el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de ideas y opiniones; sólo que se prohíbe -además del anonimato, la propaganda de guerra, mensajes discriminatorios, la intolerancia- "el odio o la incitación al odio".

En el artículo 108 se incorpora un nuevo papel a los medios de comunicación; son declarados de servicio público. En la Constitución vigente son conminados a contribuir en la formación ciudadana. Ahora: "Los medios de comunicación social, públicos y privados, prestan un servicio público de interés general y están obligados a contribuir con el Estado y la sociedad en la formación y educación ciudadana, como uno de los requisitos para la utilización del espectro radioeléctrico".

A los dueños de medios se les negará la concentración de propiedad (monopolio o oligopolio) por ser contrario al derecho, la pluralidad y libertad de la comunicación, como al interés social (Artículo 113). .

Derechos humanos.

Artículo 29: Carlos Escarrá sugirió que el Estado no sólo castigue a las autoridades por la violación de los derechos humanos, sino a los particulares. Las convenciones de derechos humanos señalan que la responsabilidad recae en el Estado por administrar la fuerza. El nuevo artículo reconoce como delitos de lesa humanidad e imprescriptibles: las violaciones a los derechos de los niños, adolescentes, la desaparición forzada y los crímenes de guerra.

La redacción del artículo 31 limita el acceso a la justicia internacional. Por idea de Escarrá se precisó que sólo se puede hacer peticiones o quejas ante los órganos internacionales siempre que se agoten las instancias nacionales.

Votos.

El artículo 64 vigente de la Constitución establece la edad para votar en 18 años de edad. Se pide bajarla a 16 años.

Germán Mundaraín dijo que eso provocará un debate sobre la edad para imputar un delito.

Por ello, Cilia Flores y Mundaraín propusieron dejarlo "para el debate político y conveniencia estadística".

Que el Estado financie los partidos políticos fue expuesta en el artículo 67. Una ley garantizaría el uso de los espacios públicos y el acceso a los medios de comunicación.

No se admiten donaciones de gobiernos o "entidad pública o privada" extranjeros y menos el retiro de las candidaturas: "Una vez inscritos los candidatos ante el CNE es obligatorio mantenerse en los procesos electorales, la ley preverá las sanciones y excepciones a esta norma".

Los porcentajes para pedir referéndum son aumentados: consultivo, de 10% a 20% de los electores. Los revocatorios serán activados por el CNE, si procede la petición de algún interesado, y la cuota no será de 20%, sino "no menor de 30%". Los abrogatorios pasarían de 5% a 20%.

Educación socialista.

El artículo 102 dejó intacto la noción de que la educación es un derecho humano y un deber social, democrática, gratuita y obligatoria. Ahora se le agrega: "Está guiada por el principio de que educar es formar voluntades para el ejercicio de la solidaridad y la participación ciudadana". La autonomía universitaria será limitada por el control del Estado (artículo 109).




 


 





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