Luis Dávila: "Potenciarán a las cooperativas en labores de vigilancia"

Por Venezuela Real - 25 de Junio, 2007, 14:25, Categoría: Seguridad/Inseguridad

MARÍA DANIELA ESPINOZA
EL UNIVERSAL
25 de junio de 2007

Entrevista Luis Dávila, presidente de canavipro
Dávila señaló que son ilegales las cooperativas contratadas por el Estado para ejercer funciones de seguridad
"(En MinDefensa) nos dijeron que el servicio de vigilancia privada había quedado atrás"

La Cámara Nacional de Vigilancia Privada (Canavipro) teme que en un futuro próximo pueda desaparecer el sector. La incorporación de cooperativas y reservistas en labores de seguridad, así como la inestabilidad jurídica, los obstáculos que enfrentan para adquirir armas y erradicar "la economía informal de la seguridad" les hace pensar en esta posibilidad.

Su presidente, Luis Dávila, asegura que en los últimos 8 años se han reunido con todos los ministros del Interior, con excepción de Pedro Carreño, pero su problemática sigue igual.

-El ministro Carreño aseguró que el proyecto de ley de policía nacional no regulará el servicio de seguridad privada, tal como ustedes lo solicitaron ante el Parlamento en 2005. Dijo que serán objeto de otro instrumento legal. ¿Desde el punto de vista normativo, cuál es la situación que atraviesa el sector?
-El sector de la seguridad privada atraviesa un momento histórico, casi definitorio con relación al futuro de la actividad. El instrumento jurídico que nos regula, el Decreto 699 del año 1975,

no prevé actividades cónsonas con lo que hoy nos exige la sociedad. Sólo autoriza tres actividades: la vigilancia física, el transporte de valores y las investigaciones. Estamos pidiendo que avalen la custodia de los bienes en tránsito, las escoltas de personalidad, la seguridad electrónica y la respuesta de alarmas. Además, ese decreto fue derogado parcialmente por la Constitución de 1999 en su artículo 324, que transfirió del MIJ a la FAN, el control, registro, importación, exportación, posesión, porte y tenencia de las armas y municiones.

Nosotros consignamos un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional. También propusimos una reforma del decreto, que la hemos discutido desde hace 8 años, con todos los ministros del Interior anteriores a Carreño, y nada. Desconocemos cuál será el destino del sector.

-¿Han realizado los tramites para reunirse con el ministro Carreño?
-Le hemos solicitado una audiencia, pero él delegó la tarea en el viceministro de seguridad ciudadana y éste en la directora de coordinación nacional de los servicios de vigilancia privada (Dicosevip), con quien nos reunimos el pasado 22 de mayo. En el encuentro, le planteamos por escrito la situación del sector y le solicitamos erradicar la economía informal de la seguridad. Casi 100 mil trabajadores están siendo explotados por estas pseudoempresas.

-¿Cuántas empresas de vigilancia privada estarían funcionando ilegalmente?
-60% de las empresas que existen son ilegales y esa cifra salió del MIJ. Cuando estaba Jesse Chacón al frente del despacho, convocaron a todas las empresas de seguridad privada a una reunión en El Helicoide, con el fin de que renovaran su permiso, que vence anualmente. Sumando las recién creadas y las que renovaron, hay 450 empresas legales en el país, mientras que en el MIJ han entregado 1.170 autorizaciones para creación de empresas. ¿Dónde están las otras 720?

Vamos a depurar el sector. No nos oponemos a que nos inspeccionen, pero revóquenle la licencia a las empresas ilegales que funcionan en el país, y esos trabajadores que están allí, nosotros los absorbemos, porque tenemos escasez de personal.

-A su juicio, ¿por qué el Gobierno no ha actuado? ¿Qué les dijo la directora del MIJ en la reunión?
-Nos dijo que estudiarían nuestros planteamientos. Ahora, yo no veo razones para no actuar. Es un problema de querer hacer las cosas. Les da cierto temor ejercer la autoridad sin que su jefe haya actuado antes.

-Desde hace 8 años la FAN asumió la competencia sobre las armas, ¿cómo marcha en la actualidad el proceso para que obtengan la tenencia de armas?
-El MIJ está otorgando el permiso para operar a las nuevas empresas pero Darfa no les autoriza la compra de armas.

-¿Cuántas empresas están en esta situación?
-Son muchas, porque las empresas consolidadas también padecen esta situación. La sociedad les está reclamando su servicio y no tienen suficientes armas para trabajar.

-¿Qué argumenta Darfa para negar la autorización?
-No hay una negativa escrita, la rechazan y ya.

-El ministro Carreño dijo que consideran la posibilidad de inspeccionar periódicamente las armas de las compañías de vigilancia privada, "no vaya a ser que muchas de ellas vayan a parar en manos de la delincuencia".
-Eso es un mácula. A las policías también se le pierden armas. Cuando incautan las armas de los delincuentes, la mayoría son pistolas, no revólver. ¿Y quiénes tienen pistolas? Las policías, porque las compañías de seguridad sólo pueden usar revólver. Entonces no es así que nuestras armas paran en la delincuencia. Una que otra vez se pierde un armamento y se denuncia.

-La Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) comenzó a fabricar pistolas, revólveres y escopetas en el país. ¿No les dan facilidades por esta vía?
-Yo me reuní con el presidente de Cavim (general Gustavo Ochoa), quedamos en que nos suministrarían el revólver de Rápida Respuesta Revolucionaria, pero hasta ahora no han fabricado el primero. Aparte, hay empresas que ya le han pagado a Cavim, van con la factura a Darfa y no autorizan la compra.

-¿Se han reunido con el director de Darfa o con el Ministro de la Defensa para discutir el tema?
-El director de Darfa no nos recibe. Lo hizo una sola vez, hace dos años. El ministro (Raúl) Baduel nos dio una audiencia, pero nos atendió un teniente coronel, quien potenció la existencia de un cambio de ideología en la FAN, expresó que eran órdenes del presidente (Chávez) potenciar la Reserva y las cooperativas, que la vigilancia privada había quedado atrás. No prosperó nada.

-¿La Reserva y las cooperativas están cumpliendo funciones de seguridad privada?
-Sí. Nosotros no nos oponemos al cooperativismo, pero en la seguridad privada no funciona. Sin embargo, estaríamos dispuestos, y se lo hemos dicho a los ministros, a hacer alianzas estratégicas con cooperativas, siempre y cuando sean legales.

-¿Hay cooperativas trabajando ilegalmente?
-Hay cooperativas que son contratadas por el Estado y son absolutamente ilegales. (Jorge) García Carneiro, entonces Ministro de la Defensa, emitió una resolución donde autoriza a las cooperativas a portar armas, previo cumplimiento de la normativa legal. Y esa normativa legal contempla una autorización del MIJ para funcionar. Esas cooperativas no han transitado por ese camino. Hemos alertado al Ejecutivo del delito en el que incurren, porque no están autorizadas como empresas sociales de vigilancia privada.

-¿Cuántas cooperativas estarían operando de manera ilegal en el sector?
-Hay tres o cuatro.

-¿Y legalmente?
-Ninguna. Hay trabajadores que se han quedado desempleados, porque algunas compañías que prestaban custodia a Pdvsa y a otras empresas del Estado fueron sustituidas por reservistas. Primero intentaron darle la oportunidad a una cooperativa, pero como no funcionó, llamaron a los reservistas.

El problema está en que, por ley, los trabajadores de coopertivas tienen derecho a ser accionistas, luego de seis meses de trabajo. Entonces se sienten dueños de la empresa y del arma. Así no pueden operar.

-Usted dijo que estarían dispuestos a hacer alianzas estratégicas con las cooperativas, ¿en qué consistirían?
-Podríamos apoyarlas en la selección y adiestramiento del personal. Le haríamos sus nóminas, le administraríamos la empresa y luego compartiríamos la utilidad. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no nos permiten crecer si somos generadores de empleo? Tenemos una masa laboral de 200 mil personas.

-A su juicio, ¿por qué no les permiten crecer?
-Hay varias teorías. Una señala que el Gobierno se niega a permitir un avance del sector económico privado por la concepción ideológica que tiene, según la cual hay que potenciar la Reserva y las cooperativas. Otra teoría apunta a que el Gobierno ve en los vigilantes privados otro ejército armado. Ahora, nosotros le hemos planteado al Ejecutivo que somos empresas serias. En ningún momento el gremio ha participado en aspectos internos de la política nacional. No ideologizamos nuestra actividad económica. Hay vigilantes que militan en el PSUV y están trabajando.

Incluso, le enviamos una comunicación a MinDefensa y al Comandante de la Reserva, Gustavo Rangel, donde le planteábamos la posibilidad de adiestrar a los alistados y a los reservistas en seguridad privada, para que salgan de la FAN con un oficio y un trabajo. Pero tampoco nos han dado respuesta.

-El presidente Chávez anunció la creación de policías comunitarias, partiendo de la organización de los concejos comunales. ¿Qué opinión le merece?
-Nosotros potenciamos la profesionalización del policía. De hecho, estamos pidiendo que nos autoricen los centros de adiestramiento de vigilantes, porque el INCE no se está ocupando de esto.

Ahora, tendríamos que evaluar los criterios de selección de ese policía comunitario, porque si involucramos la política en el proceso, estamos mal. Y el concejo comunal obedece a una razón política. Estoy de acuerdo con que los ciudadanos coordinen ciertas políticas de seguridad con los policías y evalúen su gestión, pero queremos efectivos profesionales.

"Queremos colaborar con seguridad ciudadana"

El presidente de la Cámara Nacional de Vigilancia Privada (Canavipro), Luis Dávila, aseguró que el sector que representa está dispuesto a colaborar con los cuerpos policiales del país en materia de seguridad ciudadana pero "no podemos hacerlo".

"Alcaldes, gobernadores, ministros, permítannos tener un sistema de radio comunicación con los organismos policiales, de manera que le podamos reportar cuando se esté cometiendo un delito y ellos puedan actuar", exhortó el empresario, luego de precisar que sólo tienen convenios de este tipo con PoliChacao y PoliBaruta. "Estamos agotando la negociación con PoliMiranda. Lo hicimos con la PM pero ya no está operativo el convenio", acotó.

Aunque Dávila no ofreció cifras, aseguró que esta alianza ha tenido "éxito" en los municipios donde se ha implementado, incidiendo de manera directa en la reducción del índice delictivo.

"Estamos hablando de 200 mil vigilantes en Venezuela, de 400 mil ojos que no son malos en materia de prevención del delito".

La Cámara aspira que, en el momento en que el Ejecutivo o la Asamblea Nacional elaboren el nuevo decreto o ley que regulará el sector, se le otorgue carácter obligatorio a la "comunicación permanente" entre las compañías de vigilancia privada y los organismos policiales. "Queremos que esta materia deje de formar parte del clientelismo político. Si llega un alcalde o un gobernador, cambian la policía y sus convenios. Esperamos que la cooperación tenga rango legal".

"La vigilancia privada tiene que tener un espacio en la prevención del delito dentro de los cuerpos policiales. Así lo han entendido las autoridades pero no se materializa en un 90%, y esto disminuiría el auge delictivo ¿Quién más que el vigilante privado para ser un apoyo del funcionario policial? En otros países como España, Brasil, Colombia e Inglaterra tienen estrecha comunicación. ¿Por qué no en Venezuela'".










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