Venezuela en mora legislativa para sancionar la tortura

Por Venezuela Real - 25 de Junio, 2007, 20:13, Categoría: Estado de Derecho

ROCÍO CAZAL
El Mundo
25 de junio de 2007

La disposición 4° transitoria de la Constitución de 1999 ordenaba a la Asamblea Nacional a que al año de constituirse, creara una ley que previniera, sancionara y estableciera penas para la tortura. Todavía no se ha creado ese instrumento legal

Caracas. Carlos fue víctima de golpes, cachazos y puntapiés en un operativo policial. "Ni se te ocurra delatarnos", advirtieron los funcionarios en tono de amenaza, consejo que también le dieron sus familiares y vecinos por temor a represalias. Como él, un gran número de venezolanos ha dejado de denunciar la tortura no sólo por miedo, sino también porque no existe la confianza suficiente en los poderes Moral y Judicial.

Venezuela avanzó en la materia cuando ratificó la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, así como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el 29 de junio de 1991, según reza en la Gaceta Oficial N° 34.743, pero se notó más interés acerca del tema cuando en la Constitución de 1999 se ordenaba la creación de un estatuto jurídico para prevenir, sancionar y establecer penas en contra de esta práctica. Sin embargo, a la fecha aún no se ha aprobado una ley contra la tortura ni tampoco existen políticas en los cuerpos de seguridad del Estado, para radicarlas.

PRÁCTICA SISTEMÁTICA

Como todos los años desde 1987, mañana se conmemora el Día Internacional de Apoyo a Víctimas de Tortura, fecha que es de reflexión para autoridades gubernamentales y organizaciones de derechos humanos que aprovechan la ocasión para pronunciarse al respecto.

Pablo Fernández, coordinador de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, le da énfasis al tema porque está ligado a la cultura policial desde hace muchos años: "cuando decimos que es una práctica sistemática histórica no queremos dar a entender que hay una política orientada a las torturas, como pudiese ocurrir en un régimen dictatorial, pero lamentablemente sigue existiendo, nunca se erradicó. Tanto en tiempos de dictadura como de democracia, se ha continuado utilizando la tortura como mecanismo para amedrentar, sacar información a las personas, castigar a quien esté en régimen de detención".

Según el informe de la Red de Apoyo, han atendido 49 casos desde enero de 2006 hasta la fecha, de los cuales 37 son hombres y 12 del sexo femenino. Esta situación es preocupante para Diana González, psicóloga e integrante del Programa de Defensa y Rehabilitación de esta organización no gubernamental (ONG), pues el perfil más común de las personas víctimas de torturas es: hombres entre 18 y 28 años de edad, aproximadamente, y mayoritariamente de los sectores populares: estudiantes, obreros, técnicos o desempleados.

"Generalmente las víctimas son hombres, aunque este último informe destaca que en el 2006 aumentó en 28.9%, los casos de mujeres. En comparación con años anteriores, que el porcentaje de víctimas del sexo femenino no era significativo".

La situación se agrava cuando se dan cuenta que esta violación del derecho a la integridad física la practican, mayormente, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), seguidos por las policías estadales, municipales y la Guardia Nacional, paradójicamente cuando ellos debieran ser garantes de lo consagrado en la Carta Magna y de hacer respetar los derechos civiles.

"Quien te debiera estar protegiendo, te está dañando. Hay desconocimiento en materia de derechos humanos por parte de los funcionarios policiales, de fiscales del Ministerio Público y de las propias comunidades que son víctimas de esta práctica. En la medida en que haya educación en derechos humanos, podremos generar un marco de prevención desde la cultura. La vejación por parte del policía no es normal en un sistema democrático", asegura Fernández.

LA CULTURA DE NO DENUNCIAR

Aunque no se tiene el número de personas que ha sufrido maltratos físicos, y las cifras negras no son exactas, por parte de efectivos policiales o militares, las ONG presumen que son muy altas, pues existe miedo o poca credibilidad en las respuestas que da el sistema de justicia.

Es por ello que Marino Alvarado, consultor jurídico de Provea, recordara en una oportunidad, que cada denuncia sobre violación de Derechos Humanos debe cumplir con tres premisas básicas: día y hora aproximada del suceso; la identificación de los posibles responsables; y el relato de los hechos ocurridos. Y es que, de las pocas denuncias que se registran, muchas resultan ser genéricas, por lo que es más difícil la investigación por parte del Ministerio Público.

Aunado a esto, la ausencia de una ley obliga a los fiscales a calificar a la tortura como un problema de lesiones y la pena que se aplica es mínima. "Es más que un juego de palabras o mucho más que algo teórico. Es un cambio de enfoque, de paradigma, de entender que esta acción está siendo cometida por agentes del Estado", señala Fernández.

Lo fundamental también para las ONG es que el ciudadano común entienda el valor de la denuncia, lo cual aún es tarea pendiente para el venezolano. Pero más allá de la denuncia, lo importante es la respuesta institucional.

González alerta que existen debilidades en materia de prevención y adecuada documentación: "el examen médico forense, por ejemplo, es la prueba fundamental en la cual los fiscales del Ministerio Público se basan a la hora de valorar un caso de tortura. De alguna manera hay debilidad en los informes que ofrecen resultados de ese examen legal, porque se coloca lo que es visible pero hay una situación emocional y consecuencias psicológicas que son importantes de valorar y no son reflejadas".

A su juicio, el personal del sistema de salud nacional ve el problema de la tortura como un cuadro general de violencia, por lo que el problema llega a ser desconocido.

LAS PROPUESTAS

Al haber un vacío legal en torno a esta materia, la Red de Apoyo realiza un proyecto de Ley que presentará a la Asamblea Nacional antes de que culmine el año, a fin de que sea considerado como apoyo y se legisle sobre el tema de prevención, tipificación del delito y sanciones.

Unas de las propuestas es que se establezcan mecanismos para la rehabilitación de las víctimas, que también es otro derecho reconocido por la Constitución, mediante un modelo de atención integral; asimismo, proponen que se tome en cuenta la formación de policías en derechos humanos, por nombrar algunas.

Las recomendaciones que ofrece al Poder Ejecutivo para erradicar la tortura, están que el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia diseñe un plan para la prevención que incluya la distribución masiva del Código de Conducta para Funcionarios Policiales y Militares en funciones policiales, en los ámbitos nacional, estadal y municipal; se diseñe una campaña de concienciación sobre el problema en Venezuela y su total prohibición; así como la reestructuración de los cuerpos policiales, de acuerdo a las propuestas de la Comisión Nacional para la Reforma Policial; y que la vicepresidencia de la República cree un fondo nacional para la indemnización de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. Asimismo, la Red de Apoyo insta a la Asamblea Nacional a que reforme el Código Penal para garantizar la inclusión de un capítulo sobre crímenes, delitos y faltas contra los derechos humanos; así como tipificar en este estatuto como delitos la tortura y las amenazas a testigos, con el objeto de garantizar el enjuiciamiento de los funcionarios involucrados.







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