CONSTITUYENTE con máscara de reforma

Por Venezuela Real - 26 de Junio, 2007, 18:39, Categoría: Estado de Derecho

Juan Pablo Arocha / Gleixys Pastrán C.
TalCual
26 de junio de 2007

El papel de trabajo de la comisión presidencial para la reforma constitucional revela violaciones a los artículos fundamentales de la máxima norma del país. Para ello es necesario conformar una Asamblea Nacional Constituyente. Politólogos consideran que el borrador se filtró a la prensa con un interés político

Puede que tan sólo sea un papel de trabajo. Pero lo ejecutado por la Comisión Presidencial de la Reforma de la Constitución en las sucesivas modificaciones publicadas por tres medios de comunicación social establecen en sí mismas mucho más que un trabajo de reforma: Las propuestas de la comisión recrean una Asamblea Constituyente. Politólogos creen que la filtración del borrador a manos de los periodistas pueda traer consigo un trasfondo político. Puede también que los temas puntualizados en el documento ya hayan sido advertidos en más de una ocasión por parte de los funcionarios del gobierno y del propio Presidente, como es el caso de la centralización.

Pero lo que no estaba explícito aún era que, quienes realizaban aquel “análisis de forma” de la Carta Magna, se tomarían atribuciones que sólo corresponden al poder constituyente originario. Destituir o suspender gobernadores, alcaldes y otros funcionarios de elección popular (Art. 187 numeral 24) ; suprimir el rango constitucional a los tratados internacionales (Art. 23) ; declarar que la propiedad privada un bien de utilidad pública (Art.55) ; que los medios de comunicación social, públicos y privados prestan un servicio de interés general y están obligados a contribuir con el Estado (Art. 108) ; limitar la autonomía universitaria al control del Estado (Art. 102) ; autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país (Art. 196).

Pedro Guevara, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, asegura que las modificaciones violentan los artículos fundamentales que delimitan el Estado en la Constitución Nacional. Esto pese a que la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, aseguró semanas atrás que los cambios normativos no reformarían los nueve artículos fundamentales del texto bolivariano. Guevara explica que los referidos artículos no son ajenos al resto del entramado legal. “Se afectan al modificar cualquier otra parte de la Constitución”, dice. Da como ejemplo la probable aprobación de la reelección indefinida, pues estaría en contradicción con el principio de gobierno alternativo que se plantea en los artículos fundamentales.

DUDAS RAZONABLES

El politólogo Omar Noria considera que la publicación del papel de trabajo de la reforma constitucional puede tener un interés político. Los integrantes de la comisión presidencial habían acordado un voto de silencio durante la discusión de los cambios normativos, por lo que resulta “increíble” que se filtrara la información de un cónclave tan reducido. “Ese desliz solamente puede ser creíble para alguien de una gran candidez”, dice. Una de las versiones asegura que el borrador se filtró a la prensa la semana pasada por supuestas incomodidades de parte de los integrantes de la comisión presidencial. Alguno de sus miembros habría decidido entregar el documento a ciertos medios de comunicación ante sus diferencias con los cambios normativos.

Federico Welsh, profesor de ciencias políticas de la Universidad Simón Bolívar, comulga más con esta teoría. Desestima que la publicación del papel de trabajo pueda servir al Ejecutivo para desviar la atención sobre las movilizaciones universitarias de los últimos días. “Podría reforzarlas”, dice. A juicio del politólogo, las polémicas reformas que han circulado en la prensa podrían sensibilizar más a la colectividad tras los cambios que se producen en los derechos fundamentales. Roberto Hernández, vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro de la comisión presidencial para la reforma constitucional, declaró ayer a Unión Radio que el papel de trabajo publicado en la prensa “no tiene nada que ver con lo que finalmente le hemos transmitido al Presidente”. Para el diputado la discusión sobre el articulado es prematura, pues Hugo Chávez daría a conocer el proyecto definitivo durante la segunda quincena de julio cuando presente al Parlamento su propuesta de cambios.

Noria cree que la publicación de los datos preliminares de la reforma podría ayudar al Ejecutivo a medir las reacciones de la población en torno a las modificaciones. “El Presidente se ve obligado a auscultar con más cuidado la reacción de la gente” - dice el politólogo – en medio de una agitada polarización social tras el cierre de Radio Caracas Televisión. De aprobarse parte de los cambios constitucionales que se conciben en el papel de trabajo se produciría una ruptura en los valores tradicionales del venezolano. Noria estima que las modificaciones sobre la propiedad y la descentralización, por ejemplo, podrían eliminar los hitos referenciales que los ciudadanos consideran parte de su cotidianidad para la formación de la nación. En esto coincide con Welsh, quien cree que en el informe de la comisión presidencial de la reforma constitucional se delinea un nuevo perfil nacional. “Es otro país lo que nos presentan” – dice Welsh – donde se aumenta el poder presidencial, “estamos frente a un proyecto que básicamente podríamos titular: Todo es el Estado, el Estado soy yo”.

Welsh incluso se atreve a comparar los cambios constitucionales del papel de trabajo con la norma máxima de Cuba. Se refiere a este tema específicamente en los apartados de propiedad estatal, centralización y la actuación de la Fuerza Armada.También alerta que habría similitud en “la utilización del concepto de poder popular para camuflar una visión autoritaria del ejercicio de gobierno”. El abogado Pedro Guevera confía en que este proyecto constitucional se modifique antes de ser entregado a la Asamblea Nacional. De mantenerse los cambios en las normas, se podrían negar la reforma por la intermediación del Tribunal Supremo de Justicia.









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