Desprecio a la legalidad internacional

Por Venezuela Real - 27 de Junio, 2007, 13:37, Categoría: Imagen gobierno / Chávez

Adolfo R. Taylhardat
El Universal
27 de junio de 2007

Una de las principales características del régimen es su total desprecio a la legalidad internacional. No podía esperarse otra cosa de un gobierno que no tiene ni política exterior ni una Cancillería y mucho menos un canciller con capacidad de aconsejar a un gobernante que sólo recibe asesoramiento y directivas de su oráculo de La Habana.

Ese comportamiento del autócrata preocupa ya a la opinión pública internacional. En su Informe de 2007 la Asociación Internacional de Colegios de Abogados (International Bar Association - IBA) dedica un capítulo completo a esa situación.

Antes de seguir adelante debo destacar que el Informe 2007 de la IBA, que lleva por título "VENEZUELA: la justicia en entredicho" es un documento sumamente importante en el cual se presenta un cuadro objetivo y desapasionado del sistema judicial venezolano y un análisis serio y enjundioso de la vigencia de la situación de las garantías para el funcionamiento del sistema judicial y el respeto (o más bien ausencia de respeto), en la práctica, de esa garantía. Es un documento que debe ser leído por todos los venezolanos y difundido ampliamente en el mundo.

En el Capítulo titulado "Venezuela, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Organismos Internacionales", la IBA comienza destacando que Venezuela tradicionalmente era "un país abierto a dialogar con otros Estados y con los Organismos Internacionales". Yo agregaría, un país respetuoso del derecho internacional y de sus obligaciones contraídas mediante tratados y acuerdos internacionales. Un país que, además, se distinguió siempre en los organismos internacionales por su posición beligerante de defensa de los derechos humanos y de las libertades individuales.

La IBA agrega: "Venezuela ha sido diligente en aceptar la competencia de los organismos internacionales de carácter jurisdiccional, como la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

"Sin embargo, -sigue el informe- desde que el presidente Chávez llegó al poder, dicha relación, especialmente con órganos internacionales como la ONU y la OEA, se ha deteriorado sensiblemente. De este modo, mecanismos que de otra manera estarían llamados a complementar la acción estatal en la protección de los derechos humanos se han visto incapacitados para otorgar el amparo requerido a personas que se encuentran bajo la jurisdicción en Venezuela, debido a la falta de voluntad política del Gobierno para implementar las recomendaciones y decisiones de estos organismos".

"La actual tensión en la relación entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Venezuela produjo especial preocupación. Por ejemplo, el Gobierno venezolano, lejos de implementar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, considera que las mismas no son vinculantes. De igual manera, y aunque la CIDH ha solicitado al Estado venezolano que le permita realizar una visita in loco, Venezuela ha rechazado dicha solicitud. Aún mas graves son las declaraciones del presidente Chávez, el 29 de abril de 2007,… en las que amenaza con retirar al país de la OEA si los organismos de esa institución condenan al gobierno por violación de libertad de opinión y expresión en el caso de RCTV".

En su informe la IBA declara que "se encuentra preocupada por un desarrollo jurisprudencial adverso hacia la protección internacional de los derechos humanos que realizan los organismos internacionales, en particular la realizada por la CIDH que se ha ido gestando en el Tribunal Supremo de Justicia Venezolano". Esa línea jurisprudencial, de obligatorio cumplimiento en Venezuela "niega el carácter imperativo de las decisiones de todos los organismos de protección internacional de los derechos humanos (CIDH y Corte IDH incluidos)".

Para la IBA ese desarrollo jurisprudencial del TSJ "va en contravía de los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de las obligaciones internacionales adquiridas por Venezuela en diversos tratados internacionales -entre ellos la Carta Democrática Interamericana y la CADH-  de su deber de seguir el principio de buena fe respecto de las decisiones de organismos internacionales, especialmente si se trata de Derechos Humanos (Art. 31.1) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y de su propia Constitución, Art. 23 y Art. 31").

"Pero lo que es peor aún -agrega la IBA- pone en peligro la protección de los derechos humanos de los venezolanos que buscan en estas instancias internacionales una solución a su situación, ya que el acatamiento de la jurisprudencia del TSJ implica un incumplimiento de medidas y decisiones tomadas por organismos internacionales".

No es posible incorporar en este artículo todas las contundentes apreciaciones que contiene el informe de la IBA pero no puedo dejar de citar el siguiente párrafo de su resumen ejecutivo:

"La relación entre Venezuela y los organismos internacionales de derechos humanos, en particular los que integran el Sistema Interamericano, esta seriamente deteriorada y no tiene visos de mejorar. La polarización y los nuevos lineamientos políticos, económicos y sociales del país parecen haberse traducido en menosprecio hacia esas instituciones y en un desacato a la medida, recomendaciones y decisiones que los mismos dictan. Esta actitud supone un retroceso de su posición frente al Derecho Internacional, un incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y un detrimento en la protección de las garantías de todos los venezolanos. Uno de los rostros mas preocupantes de todo esto es la grave situación de vulnerabilidad en que se encuentran los defensores y las defensoras de derechos humanos que buscan en el Sistema Interamericano la salvaguarda de sus derechos".

Finalmente, en la sección de recomendaciones del informe, la IBA "hace un llamado al Estado Venezolano a encausar nuevamente sus directrices y su accionar hacia el respeto del Derecho Internacional, los derechos humanos y las instituciones que los representan, tal como se desprende del gran número de tratados sobre derechos humanos que ha voluntariamente ratificado y su propia Carta Magna. En este sentido, urge a las diferentes instituciones venezolanas a reconsiderar su posición respecto de los organismos que conforman el Sistema Interamericano y a cumplir con las medidas cautelares y provisionales y las decisiones y las sentencias que la CIDH y la Corte IDH han dictado".

Todavía no se ha producido una reacción del gobierno a este informe. Seguramente esa reacción seguirá la acostumbrada línea de descalificación, desautorización, descrédito, injurias, agravios, escarnios, improperios, con la que estila reaccionar el régimen ante cualquier juicio crítico que se le formula. Esa es la típica defensa de quien se sabe culpable y no tiene argumentos para rebatir los señalamientos de que es objeto.

Es preciso admitir que, dentro de su severidad, el informe utiliza un lenguaje demasiado sobrio y moderado para describir la situación venezolana. No podía ser de otra manera tratándose de una institución seria y prestigiosa como la IBA. Pero si se tiene en cuenta que la IBA cuenta entre sus miembros con mas de 30.000 profesionales del derecho y más de 195 Colegios de Abogados o asociaciones similares regados en todo el mundo, no cabe duda de que el impacto de este informe tendrá un alcance global y contribuirá a que el mundo exterior entienda mejor lo que está ocurriendo en nuestro país.






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