Periodistas libertad de expresión (2002-2006)

Por Venezuela Real - 27 de Junio, 2007, 14:34, Categoría: Libertad de Expresión

Carlos Correa
TalCual
27 de junio de 2007

En la era Chávez, todo lo público es secreto y la transparencia es la excepción. Apenas un 2% de las solicitudes realizadas a instancias oficiales obtiene respuesta satisfactoria

El respeto a la libertad de expresión en Venezuela está marcada por la posición de los propios medios en el conflicto político nacional y el proyecto impulsado desde el Ejecutivo nacional que conlleva la desfiguración de las alianzas preexistentes entre los medios y el poder. Así, desde el ejecutivo se considera como enemigo a todo aquel que no concuerde con su visión.

Este recorrido arranca con las descalificaciones públicas a los medios y periodistas, que se produjeron al poco tiempo de iniciarse el primer gobierno. Hecho que se ritualiza en las regulares cadenas televisivas presidenciales que traen como consecuencia el aumento de los ataques y agresiones a periodistas y medios de comunicación.

La trama se articula en una crónica que sigue con amenazas e intimidación, las regulaciones legislativas (Reforma Código Penal y Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión) y los procesos judiciales a medios y periodistas.

Los periodistas realizan una tarea que les incumbe a ellos y a la sociedad.

Ejercitan un derecho de toda persona, pero al mismo tiempo posibilitan una dimensión social en la medida que contribuye a que las personas puedan acceder a la información de interés público. Son elemento sustantivo para la deliberación de las políticas públicas, de las ideas y por tanto imprescindibles en una sociedad democrática

ACCESO A LA INFORMACIÓN

El primer signo de la gestión estatal venezolana es la opacidad de los asuntos públicos que sirve de caldo de cultivo para la corrupción y la sospecha. Nunca como ahora la información pública se niega o no se produce. No hay forma de conocer las estadísticas oficiales de la criminalidad, los presupuestos, los salarios de los funcionarios, los planes de desarrollo e inversión, las asignaciones de las misiones sociales gubernamentales o casi cualquier demanda pública de información. Las respuestas institucionales son la negativa, el silencio, la deriva a otras instancias, el acceso discriminatorio a las fuentes, piden motivaciones para las solicitudes y a veces hasta se niegan a aceptar una correspondencia.

El principio que se observa es que todo lo público es secreto y la transparencia es la excepción.

Exactamente lo contrario a lo que son las obligaciones del Estado venezolano.

Los datos preliminares de un estudio sobre el acceso a la información pública indican que apenas un 2% de las solicitudes de información realizadas a instancias públicas obtiene una respuesta oportuna y satisfactoria. El primer reto de los periodistas, sujetos regulares de la exigencia del derecho al acceso a la información pública, es vencer la opacidad y el hostigamiento sistemático en las fuentes oficiales. Cierran oficinas de prensa, concentran en pocos funcionarios inaccesibles la posibilidad de ofrecer información y obligan a trabajar con fuentes extraoficiales a riesgo de los desmentidos públicos.

AGRESIONES Y ATAQUES

Existe un correlato entre intensidad de la confrontación política y la violencia. Así, se observa un incremento de las conductas violentas contra los profesionales de la comunicación.

La violencia incluye las agresiones que terceros ocasionan a los medios públicos y privados.El Estado no puede deshacerse de la obligación de proteger, investigar, sancionar y reparar todo hecho que cercene esta libertad; por ello nuestro seguimiento incluye las agresiones de que son víctimas los reporteros y medios gubernamentales.

Desde el año 2002 hasta diciembre de 2006, registramos un total de 953 violaciones al contenido de la libertad de expresión. En los primeros años las agresiones y ataques eran primordialmente realizadas por particulares; en el año 2006 el 71,15% de los victimarios eran funcionarios de los diversos poderes públicos.

El mayor número se registró en el año 2004 (referendo revocatorio) y le siguen los años 2006 y 2003. La tendencia asociada las restricciones judiciales mantienen valores crecientes y sostenidos para el periodo 2004-2006 y lo mismo ocurre con las restricciones administrativas.Por otra parte las víctimas registradas suman un total de 702 (enero 2002 hasta diciembre de 2006). Una media de 12,10 víctimas por mes en el periodo mencionado.

La gran mayoría de estas violaciones se mantienen en la absoluta impunidad, la excepción es que se haya investigado y sancionado a los responsables de estas violaciones.

Ello incluye los casos en los que el ejecutivo nacional pudiera tener un interés político especial.

Esta situación se evidencia en las instancias internacionales de protección de los Derechos Humanos.

Venezuela es el país con el mayor número de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), relacionadas con la libertad de expresión, en toda su historia.De un total de 6 medidas otorgadas, 4 obligan a Venezuela; 1 a Perú y otra a Costa Rica.

Las agresiones y ataques a los medios y periodistas son inaceptables, no importa el signo político de víctimas y victimarios. Tiene un impacto directo y soterrado en la tarea profesional de los comunicadores; su valoración está incorporada en la rutina de los profesionales de la información y reduce también el espacio para una comunicación de calidad.

PALABRAS Y APREHENSIONES

Desde el año 2002 al 2006, registramos 64 causas judiciales contra medios y periodistas que afectan los estándares internacionales que definen el alcance de este derecho humano.

Muchos de los casos son conducentes a sanciones penales y son iniciados por funcionarios públicos.

No se incluye en esta estadística el caso del General Francisco Usón, quien cumple condena de más de 5 años, por "afectar el honor" de la Fuerza Armada Nacional, ni los varios casos de persecución criminal que abrieron a manifestantes, muchos de ellos simpatizantes del presidente, de varias ciudades del país a quienes le aplican la reciente reforma penal.

Los procesos penales son un mecanismo de hostigamiento continuado que además tiene profundo impacto en la cotidianidad de los medios y periodistas En muchos de los casos se utilizó la figura del desacato o vilipendio, que es contraria a la doctrina y jurisprudencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). De hecho, varios países ajustaron su legislación interna a esta norma y existe también jurisprudencia en la propia Corte IDH.

Del mismo modo el relator de libertad de expresión del Sistema de Naciones Unidas, considera incompatible la mera existencia de este tipo penal. Venezuela está en mora al mantener este delito en el Código Penal y en la jurisdicción militar.

Las malas prácticas del periodismo no se corrigen con la persecución penal. Hay quienes confunden justicia con venganza. Los mecanismos idóneos para reparar la mala práctica son la rectificación y la replica y las sanciones civiles cuando correspondan. La aprehensión de los periodistas solo resta aire a la deliberación política.

La existencia de los más amplios márgenes de libertad de expresión no garantiza un buen periodismo, pero es imprescindible para hacerlo posible. Las restricciones al trabajo de los periodistas reducen las posibilidades de la sociedad entera. Los periodistas tienen ante sí el desafío de un mejor periodismo, sus errores no justifican las tropelías del poder y tampoco este puede imponer el bien.

En el caso del periodismo solo la libertad puede sumar a la tarea de construirlo en plural y con la diversidad de nuestra sociedad.






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