Crece el cerco a la información

Por Venezuela Real - 28 de Junio, 2007, 20:54, Categoría: Libertad de Expresión

Patricia Clarembaux
TalCual
28 de junio de 2007

Un punto de inflexión, así se llamó el informe anual del Instituto de Prensa y Sociedad para el 2007 y no por casualidad. Aunque las agresiones continuaron, la creación de formas institucionales de intimidación a medios y el cierre de fuentes como la hospitalaria y judicial marcaron las novedades de este período

Piedras, espinas y lobos feroces esperan a los periodistas venezolanos en las calzadas del reporterismo. Desde el primero de enero de 2006 hasta el tres de mayo de 2007, continuaron saltando esos obstáculos y sus consecuencias para llegar a la meta: informar libremente. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) analizó en su reporte anual Un punto de inflexión las 85 alertas de censura y autocensura que se presentaron en tierras venezolanas durante este período.

El panorama luce menos optimista que hace dos años, pero en 2004, la creación de la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) marcó el inicio de un silencio reglamentado.

2004, año del Referendo Revocatorio.

Todo seguía su curso y según el IPYS “hubo libre ejercicio del periodismo y del derecho a la libertad de expresión e información”. Desde el 2000 hasta el año que transcurría, fueron 600 las agresiones callejeras contabilizadas. Sin embargo, analizaron en el documento que los daños a periodistas, equipos técnicos y medios de comunicación social habían disminuido en relación con el 2003, como consecuencia de la actividad política de la oposición y el oficialismo de cara a la consulta popular y a las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores.

Entonces, los medios prometieron la cobertura equilibrada de las informaciones, pero la polémica se inició tras la aprobación en Asamblea Nacional y después por el presidente Hugo Chávez Frías de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte).

Con ella, emerge la más evidente de las amenazas de censura y autocensura en Venezuela.

En el 2005 la coacción se hizo realidad, y bien lo refirió el IPYS en su informe anual: “Polarización política y violencia contra prensa disminuyeron (...) pero estas limitaciones se orientaron más hacia la intimidación y la censura, dejando en segundo plano las agresiones físicas y los ataques violentos que caracterizaron los años anteriores”.

Para entonces, las restricciones más frecuentes “tendieron hacia la negación de información, el paso a organismos del Estado y actividades gubernamentales y el establecimiento de normas extremadamente controladoras, especialmente en las fuentes judicial, deportiva y hospitalaria”.

El 2007 consumó el cierre de fuentes y la autocensura de los periodistas.

Aunque los voceros del Gobierno sostienen el avance de Venezuela hacia una mayor libertad de expresión, los hechos evidencian lo contrario.El retiro de la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) es un ejemplo.

La censura directa e indirecta tiene cuerpo en Venezuela.

SILENCIO EN LA SALA

En el día del periodista, no esperaba el IPYS ser propagador de malas noticias. Pero le tocó: “Se ha llegado (...) a formas cuanto más institucionales, más sofisticadas de la intimidación:
el uso discrecional del sistema judicial para evitar querellas personales desde posiciones de poder, investigaciones tributarias y fiscalizaciones de todo tipo y el zurcido invisible de un corset legislativo que enmarca, cada vez más, el ejercicio del periodismo”, escribe el director ejecutivo del IPYS, Ewald Scharfenberg, en el informe .

Y es que las dos terceras partes de las alertas recibidas en el foro de periodismo independiente, corresponden a amenazas y agresiones contra la vida del periodista (42% ) ; imputaciones, presiones, disposiciones o penalidades derivadas de la aplicación de leyes de desacato o de cualquier medida de protección a los funcionarios públicos (14% ) ; e impedimentos para el acceso a la información y fuentes públicas (13% ).

Sin embargo, la censura y autocensura indirecta debutó y con resultados para el ejercicio del periodismo.

El IPYS concluyó que “arbitrariedad” es la palabra que mejor define las medidas implementadas en el 2007 para restringir la libertad de prensa. Evidentes fueron entonces la competencia desleal por parte de medios dominantes, privados o del Estado; la asignación arbitraria de pauta publicitaria oficial a medios de comunicación, y de frecuencias de radio y televisión; el uso arbitrario de controles administrativos y tributarios, la asignación arbitraria de créditos oficiales; y la asignación arbitraria de cupos para importación de materiales importados o asignación de divisas para la importación.

Caracas –con el retiro de la concesión a RCTV, entre otros– y el estado Bolívar –con las amenazas al Correo del Caroní– repuntaron las estadísticas de alertas en Venezuela . Sólo en la capital se encuentran el 54% de ellas y en Bolívar el 13%, siendo los estados menos afectados (con el 1% ) Barinas, Trujillo, Sucre, Portuguesa, Miranda y Monagas.

De la totalidad de los afectados, 88% representa a medios privados, además de contabilizar que 44% son televisoras, 43% impresos y 6% radioemisoras.

BOLÍVAR: ALERTA 28

El cierre de fuentes ha sido una constante registrada desde 2002 por el IPYS, pero para el 2007 reflejó novedades: se prohibió el acceso de periodistas a hospitales y centros de salud, y se reprodujeron, en pequeña escala, “incordios semejantes a los que sostienen el Presidente de la República y determinados medios de cobertura nacional”. En este caso, las querellas son entre los gobernadores Francisco Rangel Gómez (del estado Bolívar) contra el Correo del Caroní, Tarek William Saab (estado Anzoátegui) contra El Tiempo y Luis Reyes Reyes (estado Lara) contra El Impulso.

En el primer caso, que las páginas del Correo del Caroní reflejen la inseguridad y violencia en la ciudad generó incluso el retiro de propaganda oficial de sus páginas. Las amenazas de Rangel Gómez van desde alocuciones en su programa “Gobierno al día” instando a la aplicación de “todo el ácido posible” contra el Correo del Caroní y la designación de una comisión de parlamentarios del Consejo Legislativo de Bolívar para investigar al medio, hasta la solicitud de desalojo y demolición de la sede del diario argumentando que el terreno no está zonificado para ese tipo de comercio y que deberían destinarse a servicios comunales y sociales.

En el segundo caso, el gobernador Tarek William Saab ordenó “un veto comunicacional a los diarios El Tiempo y El Nuevo Día” y amenazó con despedir a cuanto funcionario público osara contrariarlo.

En el tercero, el gobernador Luis Reyes Reyes refirió en nota de prensa que “todo medio que insulte, sin fundamento probado, a cualquier órgano de seguridad, será demandado y sancionado por la ley”. Tras las declaraciones, un grupo de concejales de Patria Para Todos (PPT) y trabajadores de la alcaldía del municipio Torres, del estado Lara, se apersonaron en las puertas del diario El Caroreño gritando improperios y quemando algunos ejemplares.

En el IPYS contabilizaron que las agresiones a medios de comunicación recayeron en un 59% en reporteros.

Quizás sea por ello que desde el IPYS bromean con el hecho de que “si usted es periodista, hombre y de Bolívar, tenga cuidado”.








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