Papeles trancan la rueda comercial

Por Venezuela Real - 28 de Junio, 2007, 16:46, Categoría: Economía

Ramón Sahmkow
TalCual
28 de junio de 2007

Mientras la sietemesina Resolución 195 del Milco sigue provocando retrasos en la industria de autopartes y medicamentos, el nuevo Certificado de Demanda Satisfecha del Minal pone en jaque las exportaciones de frutas

Las resoluciones ministeriales que regulan las importaciones de materia prima y la exportación de alimentos se han convertido en trabas para el sector productivo. Los certificados se entregan, admiten los empresarios, pero no con la velocidad y oportunidad que requieren.

El 5 de diciembre de 2006, las industrias y los comercios amanecieron frente a una nueva alcabala para importar. En la Resolución 195 publicada en Gaceta Oficial, el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (Milco) enumeró más de 3.600 códigos arancelarios que se pueden importar directamente, previa tramitación de las divisas en Cadivi.

Los códigos excluidos deben solicitar, además, un “certificado de no producción” ante el despacho de industrias, “el cual se pronunciará previa evaluación de las necesidades y requerimientos en materia de producción y consumo de bienes finales, mediante el correspondiente certificado”, de acuerdo con el artículo 2 de la norma.

El certificado es un paso más en el complejo proceso de permisología que deben administrar las empresas para adquirir divisas. El 60% de las empresas carabobeñas enfrentan retrasos en la renovación de solvencias, según una encuesta de la Cámara de Industriales estatal.

Para Roberto Ball, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, esos trámites administrativos afectan el funcionamiento de las empresas.

“Mientras más alcabalas se le pongan al comercio internacional de Venezuela, más se incrementan los costos y mayores problemas va a haber en toda la logística del comercio, que genera mayor escasez de los productos”.

“El problema es el fondo. Esas alcabalas burocráticas hacen a Venezuela un país menos competitivo”, aclaró el directivo.

El escenario regul! atorio c oincide en una mayor dependencia de las importaciones, tanto de insumos para la industria como de productos terminados. En el 2006, se gastaron 32 mil millones de dólares en importaciones y este año la tendencia indica que superará los 40 mil millones, dijo Eduardo Gómez Sigala, presidente de Conindustria.

SIN REMEDIO PARA MEDICINAS

La industria de ensamblaje y reparación de vehículos es una de las más afectadas por la resolución 195. Los inventarios de “productos básicos” como crucetas, piñones de corona, puntas de eje, embragues, amortiguadores y frenos hidráulicos ronda el 27%, según Omar Simoza, director de la Cámara de Nacional de Comerciantes de Autopartes (Canidra), que agrupa a importadores de todas las marcas. Sin embargo, dijo, el Milco no ha entregado suficientes certificados.

Los importadores aseguran que la producción nacional es insuficiente para abastecer la demanda de 70 mil partes que requieren los 400 modelos de vehículos que ruedan en el país. La industria, por su parte, se ve afectada por la falla en suministros de aceros especiales, plomo puro, goma natural, resinas, polímeros, caucho natural, ferrosilicio, separadores de fibra, cintas, magnesio, estroncio, titanio, zinc, laminados, entre otros.

Los fabricantes de medicamentos también están preocupados por los efectos de la resolución 195. La restricción a las importaciones produjo desabastecimiento de medicinas entre enero y febrero, y el gobierno tuvo que abrir el chorro de divisas para productos que no tenían preferencia.

“Ahora hay sólo unas fallas puntuales” en el suministro para medicamentos contra el cáncer, diabetes, y el sida, dijo Edgar Salas, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana.

Aunque l! a indust ria nacional produce el 70% de las medicinas, necesita igualmente importar todas las materias primas. “No existe una industria química farmacéutica bien arraigada; hasta vienen los blister de aluminio (para empacar las medicinas) ”.

PERMISOS POR LOTE

Vender alimentos fuera del país requiere un nuevo trámite. El 23 de mayo, el Ministerio de Alimentación incluyó en una lista a casi 300 códigos arancelarios que requieren del “Certificado de Demanda Satisfecha” (Resolución 59) para cruzar las aduanas.

El listado incluye animales vivos, carnes, leche, huevos, azúcar y harinas de maíz y trigo, rubros en los cuales la producción nacional es deficitaria. Sin embargo, las exportaciones venezolanas incluyen básicamente frutas tropicales como mango, cambures y limones, y productos industriales como harina de maíz y pasta.

“No tiene ningún sentido.

Esos productos se han exportado y no ha habido escasez”, dijo Francisco Mendoza, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores. Además, el certificado fitosanitario del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) ya funcionaba como control, agregó Mendoza.

La nueva alcabala de salida trastoca el negocio exportador, según Mendoza. “Si siembro un mango para exportación, eso me va a tomar de 3 a 4 años para producir el primer mango, ¿quién me garantiza que voy a poder exportar? ¿voy a invertir? El de plátano tarda 9 meses para sacare, y los permisos se dan cada 6 meses.” Según Mendoza, el despacho de Alimentación entrega los certificados por seis meses “por un lote determinado de productos”, y los exportadores deben presentar una autorización al Seniat cada vez que embarcan parte del lo! te permi tido.

En 2006, Venezuela exportó 350 millones de dólares en frutas destinadas a Estados Unidos, Europa y el Caribe; y otros 500 millones en harina de maíz. En total, acumulan el 20% de las exportaciones no petroleras, que según AVEX, llegaron a 4.600 millones de dólares. Este año, en cambio, se espera que bajen a menos de 4,5 mil millones de dólares.

 
 • ANTI NORMATIVAS

Hace cien años, restringir las importaciones no habría generado alboroto. Pero hoy en día, la medida altera acuerdos comerciales suscritos por Venezuela que benefician el libre comercio de bienes y servicios, y donde las excepciones están bien delimitadas.

De acuerdo con Félix Arellano, jefe del Departamento Político de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV, según la normativa de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), cualquier restricción en las aduanas que no tenga razones de salud, medio ambiente, calidad, fitosanitarias o de seguridad nacional, de conocimiento público, viola ese tratado.

En el Mercosur, agregó, el sistema arancelario está incompleto y los países pueden “poner algunas restricciones, pero de todas formas privan las normas técnicas”.

“El gobierno tuvo que explicar que es una norma técnica, pero es muy difícil justificar una norma sanitaria para tantos productos”, dijo el ex representante alterno de Venezuela ante la Comisión del Acuerdo de Cartagena.


Para Juan Pablo Sucre, ex abogado de la Secretaría General de la CAN, el certificado también viola el tratado de libre comercio con Chile y el Acuerdo de Complementación Económica 59, suscrito entre los países andinos y el Mercosur, y vigente hasta que Venezuela formalice su entrada al bloque sureño.




 









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