Modificación constitucional secreta

Por Venezuela Real - 1 de Julio, 2007, 16:31, Categoría: Política Nacional

Juan Martín Echeverría
El Universal
01 de julio de 2007

El régimen debe asumir con todas sus consecuencias la discusión pública

Primero, la globalización es una realidad imposible de evadir, segundo, es insostenible hacerla responsable de los inmensos desajustes políticos y económicos del país, que son la consecuencia de un régimen autoritario, la excesiva regulación de la economía y los precarios índices de gobernabilidad; en esa perspectiva lo que habría que combatir es la excesiva burocracia, el clientelismo político y la falta de una verdadera participación.

Frente al esquema descrito se ha filtrado información sobre la reforma constitucional, cuyo contenido no ha sido consultado con la sociedad ni sometido a un debate abierto, estableciéndose incluso el secreto absoluto de las deliberaciones de la Comisión, cuando más bien deberían tratarse por televisión y seguidas por estudiantes, políticos y la población en general. La participación protagónica fue enviada a un cuarto cerrado con la luz apagada y será el Ejecutivo quien tendrá la última palabra; en fin, los seguidores del oficialismo, la oposición y la mayoría silenciosa se enterarán de su contenido al momento de aprobar o rechazar.

A todas estas, cómo justificar que en un nuevo embate contra la libertad de expresión los reporteros no podrán proteger a sus fuentes, lo que atenta contra el periodismo de investigación y las denuncias, que son el instrumento esencial para atender los reclamos de la población y sancionar a los responsables. Si comparamos la norma referida a los Estados de Excepción, en la Constitución actual se garantiza el derecho a la vida, la prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso y a la información; pero en el proyecto se propone eliminar el derecho al debido proceso y a la información, a pesar de la progresividad de los derechos humanos, y que las conquistas de la Constitución del 99 no pueden ser menoscabadas sin violar principios universales.

La Carta Magna no requiere modificación y en la práctica, a través de las sentencias de la Sala Constitucional, el Gobierno logra sus propósitos; sin embargo, como se ha ordenado incorporar la reelección indefinida, se ha optado por imponerla sin que la sociedad participe en el debate y no se está peleando con sombras, sino con realidades, al cercenar derechos fundamentales en un ominoso silencio. Es gravísima la modificación del artículo 23 de la Constitución vigente, que consagra la jerarquía de los tratados relativos a derechos humanos por encima del orden interno, en la medida en que contengan normas cuyo goce y ejercicio sean más favorables y que además deben ser de aplicación inmediata y directa por los tribunales y órganos del Poder Público. ¿Es democrático negar la validez supraconstitucional de los derechos humanos, e invalidar las peticiones ante los organismos internacionales?

La estrategia del secreto, de un nuevo escenario que consagra el Estado socialista, lo cívico militar, limitaciones esenciales a la propiedad y la educación privada y enterarse, igual que las leyes de la habilitante, cuando son publicadas en la Gaceta Oficial, es una aberración. Por último, el régimen debe asumir con todas sus consecuencias la discusión pública y la vía inevitable de la Asamblea Constituyente.







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