Presos por protestar

Por Venezuela Real - 1 de Julio, 2007, 14:38, Categoría: Derechos Humanos

Giuliana Chiappe
El Universal
01 julio de 2007

Las detenciones de más de 100 ciudadanos, entre el 28 y el 30 de mayo, obedecieron a un método sistemático, según detectó el Foro Penal. El Estado sí se explicó ante la OEA.

"Los detenidos llegaron a la sede policial de la Zona 7, en Boleíta Norte, en tres grandes grupos: dos provenían de El Cafetal y, el otro, de Las Mercedes. La mayoría llegó el domingo 28 de mayo. Sólo uno de los grupos de El Cafetal, concretamente de la urbanización San Luis de esa zona caraqueña, fue apresado el lunes 29.

A los de Las Mercedes, que eran unos 20, los requisaron y los encerraron en una jaula sin techo, al sol. También les llovió. Sólo tres niñas, de 14 y 15 años, fueron llevadas a un lugar más resguardado, en el interior de la comisaría. Nos extrañó que a este grupo les tomaron fotografías tres veces. Una de ellas fue la de rutina para la ficha policial, una segunda fue tomada supuestamente por una ONG de derechos humanos y la tercera, presuntamente, por funcionarios que se identificaron como de la Disip.

A los de El Cafetal, los que llegaron primero, los encerraron en una celda dentro de la sede policial, junto con dos presos por delitos comunes. Nos dijeron que en las noches saltaban ratas desde el techo y estaba lleno de insectos. El olor era insoportable por la orina acumulada en potes dentro de la misma celda. Los presos de los calabozos cercanos mantenían una actitud poco usual, porque les gritaban consignas a favor de Hugo Chávez, como para provocarlos.

Además de las niñas del grupo de Las Mercedes, se encontraban cuatro adolescentes más: uno también de Las Mercedes, dos de los primeros deEl Cafetal y que estaban con su padre y uno más, que llegó entre los últimos detenidos y que estaba muy nervioso porque a su hermano lo habían herido y trasladado al hospital ".

La que narra es Mónica Fernández, directora del Foro Penal Venezolano, quien estuvo dentro de la comisaría de la Zona 7 entre 10.30 de la mañana del lunes 29 y 1.30 de la madrugada del martes 30 de mayo, días inmediatos al retiro de la concesión otorgada al canal de televisión RCTV. Se trasladaron hasta el sitio debido a una llamada de alerta que recibieron de un pariente de uno de los detenidos. Aunque a los familiares no les permitían ningún tipo de comunicación con los retenidos, Fernández reconoce que, después de identificarse, las autoridades de la Zona 7 les permitieron el ingreso sin problemas a los miembros del Foro Penal.

El método
Sobre los acontecimientos ocurridos entre el 28 y el 30 de mayo por las manifestaciones a favor de RCTV, el Foro Penal Venezolano detectó "la aplicación de un método sistemático de detenciones" durante esos días. Todas se realizaron en bloque, en determinadas urbanizaciones (los dos primeros días en el municipio Baruta y el tercer día en Chacao), entre gente que no se conocía entre sí y que, en su gran mayoría, ni siquiera estaban manifestando. "A muchos los agarraron saliendo del centro comercial San Luis de El Cafetal. Incluso, uno de ellos se estaba subiendo a su carro después de comprar en la farmacia, se le cayeron las llaves al lado del vehículo y no le dejaron recogerlas. Otros estaban mirando la manifestación en las puertas de sus edificios".

Además de la de la Zona 7, otra comisaría con enorme cantidad de detenidos por esos eventos fue la Comandancia de Los Teques, según la lista que posee el Foro Penal y que incluye los nombres y otros datos de detenidos y lesionados. Fernández apunta que en el resto del país, las detenciones fueron muy escasas. Después de la Gran Caracas, fueron Zulia y Carabobo las que reportaron mayor cantidad de detenidos, y ninguno de estos estados superó los cinco retenidos. "En Guarenas y Guatire, por ejemplo, no se produjo ninguna", afirma.

Los "días de represión", como los denomina Fernández, fueron 28, 29 y 30 de mayo. Según cifras oficiales, los detenidos pasaron de 200: la Defensoría del Pueblo manifestó el 4 de junio que fueron 276 y la Fiscalía reconoció el 31 de mayo, 251, cifra en la que incluyó 30 adolescentes. Sólo en esos días se reportaron lesionados en Caracas como consecuencia de acciones policiales . Salud Chacao atendió, según cifras que maneja el Foro Penal, a 35. En Carabobo sí se presentaron algunos heridos después del 30 de mayo.

"Es obvio que se trató de un método sistemático de detenciones. Yo siento que se buscó dar una advertencia para intimidar a futuros manifestantes. La cantidad de detenidos es excesiva: 251 presos en 167 manifestaciones. Demasiados", aprecia Fernández.

Acciones posteriores
De los calabozos de Boleíta y Los Teques, los detenidos pasaron a tribunales. En algunos casos se lograron libertades plenas, que fueron las menos, otras cautelares y con fianza. La mayoría de los procesados se encuentran en régimen de presentación y aún queda un preso: el general Lara Guzmán, quien es uno de los militares que protestaron en la plaza Francia, de Altamira. Fernández asegura que desconoce los motivos por los que continúa retenido pues estaba en libertad plena y es imputado exactamente por los mismos supuestos delitos que los demás.

"En la presentación a los tribunales también detectamos irregularidades. Primero, siempre asignan a los mismos jueces que en otros casos políticos. La jueza 34 de control, a quien le correspondió procesar a parte de los detenidos, les prohibió 'manifestar', cosa que no puede prohibir un tribunal porque es un derecho constitucional. También les prohibió 'comunicarse entre ellos' y en eso incluyó al padre con sus dos hijos. Todos fueron imputados por varios delitos entre los que se contaba el 'agavillamiento', cosa imposible pues la gran mayoría ni siquiera se conocía previamente y la 'prohibición de hacerse justicia por sí mismo', delito que jamás se cometió", explica Fernández.

También fueron imputados por el delito de "obstaculización de las vías públicas" que, en la última reforma parcial del Código Penal, que data de 2005, se le aumentó la pena a una prisión de cuatro a ocho años. "Si se aplicaran las sanciones que se incluyeron en el expediente, resultaría que los implicados podrían tener prisión de diez años, por el solo hecho de ejercer su derecho constitucional a manifestar", enfatiza Fernández.

De detenidos y lesionados
El Foro Penal, al que también pertenecen los abogados Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, disponen del listado de detenidos y lesionados durante los últimos días de mayo, incluyendo edades y otras señas personales. Esta información fue presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, pero en Venezuela los nombres los deben mantener en reserva por solicitud de los mismos implicados pues muchos de ellos aún se mantienen bajo régimen de presentación.

En la lista se da cuenta de detenidos en Zona 7 y Los Teques, con edades comprendidas entre 14 y 59 años. Menores de edad se reportan dos de 14 años, uno de 15 y cuatro de 17. Entre los lesionados, no se reportaron menores de edad pero sí cuatro de 18 años. El resto de heridos durante las manifestaciones, atendidos en Salud Chacao, cuentan edades entre 19 y 51 años. Cuatro mujeres y 31 hombres.

Fernández asegura que algunos niños también fueron agredidos y detenidos. "En Los Teques hubo 20 menores de 14 años. Algunos de ellos incluso tenían las marcas de las motos en los brazos, porque los acostaron y les pasaron las ruedas por encima", afirma. Asegura que su situación fue atendida por la encargada de Derechos Humanos de Los Salias, Lucía Vera, quien se preocupó por sus condiciones sicológicas y de salud.

El Foro Penal también detecta un pecado de omisión, de parte de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía. "Nosotros hemos solicitado información a la Defensoría y a la Fiscalía y no han respondido, a pesar de que fueron implicados incluso niños y adolescentes y varias irregularidades. Tenemos casos de agresión que son graves. Por ejemplo, a una joven de 19 años que en Los Teques recibió cincuenta perdigonazos. Ninguno de esos dos organismos ha ejercido acciones por los actos de represión y amedrentamiento de finales de mayo", acusa. Por los momentos, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de medidas cautelares para resguardar el derecho a manifestar.

A instancias de la OEA

Ante las centenas de detenidos, las decena de lesionados y los disturbios nacionales protagonizados por manifestantes y fuerzas policiales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado Venezolano, la lista completa de detenidos, su estado físico y los nombres de los liberados.

Tal petición provocó la reacción del Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, quien el 4 de junio ofreció declaraciones públicas en las que expresó que era su "obligación advertirle al Gobierno que esa información no le puede ser suministrada a la Secretaría de la CIDH" y que tal organismo internacional "está invadiendo funciones que no le corresponden, se está sintiendo un órgano jurisdiccional supranacional, como si Venezuela fuese una colonia, protectorado o un estado libre asociado".

Pero Venezuela sí respondió. Demoró casi veinte días, apelando a una prórroga, pero respondió. 

El abogado Alfredo Romero fue quien solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de medidas cautelares y quien le hace seguimiento al caso. El jueves 23, la CIDH le informó que el Estado había cumplido con las exigencias hechas. A su decir, en aquella oportunidad, "el defensor del pueblo fungió como defensor del Estado y, aun asé, el Estado no dejó de responder".

Los hechos acontecidos entre el 28 y el 30 de mayo de este año, a propósito del fin de concesión a RCTV, fue denunciado ante la Corte Interamericana por considerar que viola derechos fundamentales democráticos. Según el estudio realizado por tres organizaciones venezolanas, que son Foro Penal, Vive y Fuerza Integradora,  se cometieron catorce violaciones de Derechos Humanos y 16 delitos cometidos por diversos poderes.

Los delitos cometidos por las fuerzas públicas tipificados en el Código Penal serían, según las tres organizaciones, abuso de autoridad; omisión de funciones; omisión de investigación; uso indebido de armas de fuego; lesiones; difamación; injuria; calumnia; incitación al odio; informaciones falsas; privación ilegítima de libertad; actos arbitrarios, de tortura y otros; violación de domicilio; contra la libertad política; infracción de los deberes del funcionario y contra la administración de justicia.  Los órganos públicos implicados serían policías nacionales y estatales, la Guardia Nacional, el presidente de la República, ministros, diputados, alcaldes, gobernadores, defensor del pueblo y el TSJ.









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