"En Venezuela se muere la libre competencia"

Por Venezuela Real - 8 de Julio, 2007, 15:38, Categoría: Economía

JAVIER PEREIRA
El Nacional
08 de julio de 2007

El presidente del grupo Anauco acaba de obtener una nueva victoria jurídica frente a los banqueros, que en los próximos meses tendrán que revisar los expedientes de 3,5 millones de tarjetahabientes. Al mismo tiempo, su organización reclama ante un Estado que promueve los monopolios e interviene, cada vez más, en el terreno de la empresa privada

En el año 2001, un grupo de deudores hipotecarios asesorados por un par de abogados lograron una victoria histórica ante la poderosa Asociación Bancaria de Venezuela: el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la eliminación de las cuotas balón, que calculaban intereses sobre intereses en el pago de los créditos. Una réplica de la historia de David y Golliat que benefició a casi medio millón de personas, compradores de inmuebles y automóviles, quienes finalmente pudieron cancelar sus deudas sin morir en el intento.

De esa experiencia germinó la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores: Anauco, una asociación civil sin fines de lucro que en seis años ha ganado legitimidad, frente al Gobierno y los empresarios, como la voz de los consumidores en Venezuela. Es la única organización del país que pertenece a la red Ausbanc Internacional (que agrupa a casi 60 organizaciones defensoras de los consumidores en una docena de países) y esta semana acaba de obtener su segunda gran victoria legal contra los banqueros: una sentencia del TSJ que obliga a revisar los expedientes de 3,5 millones de dueños de tarjetas de crédito, para determinar si procede el pago de indemnizaciones por cobros excesivos y recálculo de intereses.

Roberto León Parilli, padre de la idea y presidente de Anauco desde su fundación, está acostumbrado a moverse en aguas turbulentas. Trabaja de la mano de los funcionarios del Gobierno contra los grandes poderes económicos (tiene, incluso, una silla en la Junta Directiva del Indecu); pero, a la vez, levanta su voz de reclamo ante un Estado que promueve los monopolios públicos, ataca la libre competencia y usurpa el terreno natural de la empresa privada.

–No respondemos a intereses políticos. Sólo somos ciudadanos que trabajamos bajo una premisa: cuando los consumidores se mantienen atomizados y separados, son débiles; pero unidos, se convierten en el actor más fuerte del mercado.

–El Estado es quien tradicionalmente se atribuye la representación de los consumidores, cuando negocia con los empresarios y regula sus actividades a través del Indecu o Procompetencia ¿Eso no es suficiente?
–Son actores distintos. Aquí siempre discutían el empresario y el Estado, mientras el consumidor se quedaba esperando y tenía que aceptar los resultados de esas negociaciones, sin derecho a opinar. Ese paradigma hay que romperlo. Es lo que está pasando en el mundo y nosotros estamos luchando por eso en Venezuela. Porque nadie defiende a los consumidores mejor que los propios consumidores.

–¿El marco legal venezolano protege eficientemente al consumidor?
–Tenemos normas muy buenas. Las leyes venezolanas copian algunos de los esquemas de protección más avanzados del mundo. Por ejemplo, la vigente Ley de Protección al Consumidor tiene elementos de leyes españolas, la Ley de Bancos copia figuras de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ése no es el problema.

–Los derechos están en el papel, pero los venezolanos no están acostumbrados a usarlos.
–Así es. Por eso, debemos sembrar en los consumidores la cultura de la exigencia y la defensa de sus derechos.


Saber lo que tenemos y cómo utilizarlo.

–Pero la gente en Venezuela no reclama cosas pequeñas, como estafas de 50.000 bolívares en un cajero automático, porque prefiere perder el dinero que involucrarse en un largo trámite burocrático.
–Eso pasa en todas partes del mundo. Así, poquito a poquito, la justicia se va degradando.


–¿Cómo puede enfrentar una organización de consumidores a un Estado que propicia el monopolio público en los servicios, que crece a ritmo acelerado y ocupa espacios de empresas privadas?
–Nos preocupa mucho la intervención del Estado en todos lados. En Venezuela se muere la libre competencia y, con ella, la libertad de escoger de los venezolanos. Si todo está concentrado en un mismo dueño, se genera monopolio y eso desmejora la calidad de los servicios y de los productos.

La participación del Estado en terrenos reservados a los empresarios rompe la libre competencia y eso es preocupante porque, a mayor competencia, mayores beneficios a los usuarios. Eso no es un invento, está probado históricamente. El Gobierno perjudica al consumidor al propiciar los monopolios como está ocurriendo, por ejemplo, con las telecomunicaciones después de la compra de la Cantv.

–El gobierno argumenta que esa, al igual que la Electricidad de Caracas, es una empresa estratégica.
–Por más estratégicas que sean esas dos empresas, no significa que el Estado deba administrarlas. Basta con una regulación seria y efectiva de los entes públicos, como venía ocurriendo con la Electricidad de Caracas. Y el caso de la Cantv nos inquieta mucho.


Desde hace semanas estamos sentados en mesas técnicas con funcionarios del Gobierno para explicar el peligro del nuevo escenario. El Estado, como dueño de la empresa telefónica, puede subsidiar tarifas y bajarlas, porque el fin del Estado no es obtener ganancias sino garantizar el acceso al servicio.

Pero lo que eso va a generar es que las otras empresas de ese mercado, privadas, que sí necesitan una rentabilidad, no puedan competir con los precios que ofrece el Estado y poco a poco desaparecerán. Se genera el monopolio y eso perjudica al consumidor, porque desmejora la calidad del servicio. Si el Gobierno sigue metiéndose en todo tendremos un Estado telefonista, electricista, médico, maestro, banquero y panadero; eso no beneficiaría al consumidor. El Estado, en todo caso, podría competir con la empresa privada; pero nunca sustituirla.

–Eso sería apostar a la mano invisible del mercado, a lo que el Gobierno se niega y privilegia las regulaciones. –Está suficientemente probado: cuando el consumidor se organiza y exige, los mercados se corrigen naturalmente. La regulación del Estado sólo debe garantizar el respeto a los derechos de los consumidores. Pero estamos viendo cómo el Estado venezolano, cada vez más, se convierte en propietario y proveedor de bienes y servicios, rompiendo la libre competencia y generando monopolios.

–¿Qué tipo de riesgo se corren con la regulación por parte del Gobierno de los servicios médicos privados?
–Las regulaciones directas de este tipo siempre ponen en peligro la calidad del servicio. El remedio puede resultar mucho peor que la enfermedad.

Además, no atacan el verdadero problema, porque 90% de los venezolanos que acceden a los servicios de clínicas privadas lo hacen a través de seguros. La sola regulación de los precios de los servicios médicos privados no tendría ningún impacto en los usuarios y, contrariamente, los perjudicaría si empeora la calidad del servicio.

–¿Qué puede hacer entonces el Estado para abaratar los costos de los servicios médicos privados?
–Hay muchas medidas. Por ejemplo, que el Gobierno se involucre en la producción de insumos médicos, equipos y medicinas, especialmente ahora que disfruta de una bonanza económica tan grande. Aquí no se producen ni las inyectadoras, todo es importado.

–Pero esa sería una medida a mediano plazo. No tendría un rápido impacto en los costos. –También están los subsidios.

Estudiar el mercado y subsidiar ciertos servicios médicos privados, que resultan muy costosos.

Se pueden hacer muchas cosas antes de imponer una regulación que deteriore la calidad del servicio y, por consiguiente, a los consumidores.

–¿Es cierto, como dice el Gobierno, que las clínicas tienen un margen de ganancia tan alto?
–Nuestros análisis revelan que, ciertamente, los servicios médicos son costosos; pero las utilidades de las clínicas son bajas, no superan 10%. Es muy caro mantener la tecnología sanitaria.

–¿Qué futuro puede tener el movimiento de defensa al consumidor en un modelo de economía socialista, como el que plantea Chávez?
–No importa si se llama socialismo, democracia liberal o socialdemocracia. Más allá de la ideología política, en cualquier entorno se puede imponer el respeto a los derechos del usuario. En Estados Unidos hay esquemas de protección al consumidor similares a España, Chile o a la propia China.

Lo que se requieren son organizaciones autónomas, apolíticas, que lleven con legitimidad la voz de los consumidores. Nosotros somos simplemente una organización de ciudadanos y, hasta ahora, hemos tenido éxitos tangibles. Trabajamos de cerca con los organismos del Gobierno, hemos ganado todos los litigios judiciales y han escuchado nuestra opinión en el Parlamento en la discusión de leyes importantes.

–Pero se plantean cambios políticos y económicos drásticos. El proyecto de reforma constitucional que maneja el Presidente prevé, por ejemplo, un cambio en la naturaleza de la propiedad privada.
–Tenemos una Constitución muy buena, que establece derechos ciudadanos de avanzada. Si se piensa tocar el esquema de propiedad privada, sería muy delicado. La propiedad es la reina de todos los derechos.


Una persona capaz de ser propietaria, es exitosa. Estamos esperando a que ese proyecto se oficialice y, si el Gobierno pretende caminar en esa dirección, levantaremos la voz e intentaremos explicarle el tema a los consumidores porque, al final, la decisión de una reforma recaería en el pueblo, es decir, en los propios consumidores.

"Debemos sembrar en los consumidores la cultura de la exigencia"






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