"El TSJ le dio al Gobierno la potestad de arrebatar bienes"

Por Venezuela Real - 9 de Julio, 2007, 14:27, Categoría: Estado de Derecho

JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
09 de julio de 2007

El fallo sobre los equipos de la televisora privada es apreciado como "atentado a la propiedad privada"
Baumeister y Duque analizaron fallo que despojó a RCTV de sus equipos

La decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le quitó las antenas, los transmisores, las microondas y demás equipos a Radio Caracas Televisión (RCTV), para entregárselos por tiempo indefinido y sin compensación a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), representa un "gravísimo precedente" y "un atentado al derecho fundamental a la propiedad privada".

Así lo aseguraron el ex magistrado de la extinta Corte Suprema, Román Duque Corredor; y el miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas, Alberto Baumeister, quienes advirtieron que esta situación podrían repetirse en el futuro y que cualquier persona, venezolana o extranjera, que posea bienes pudiera resultar afectada.

"Supón que mañana el Gobierno le echa el ojo a una hacienda o un ganado, pues se meten y se agarran esas propiedades, bajo el argumento de que los necesitan para fines agroalimentarios, que es una razón mucho más bonita que el espectro radioeléctrico. El TSJ le dio al Ejecutivo la potestad de arrebatar bienes", afirmó Baumeister.

En similares términos se pronunció el ex miembro del máximo juzgado, quien aseveró: "No sería raro que el grupo de los sin casa demande al Ministerio de la Vivienda, alegando que no presta un buen servicio y que le solicite a la Sala Constitucional que dicte medidas que les facilite los medios para satisfacer sus necesidades de un techo digno y, en base al precedente de RCTV, acuerde que algunos edificios construidos por empresas privadas le sean traspasados al Ministerio, para que éste a su vez se los entregue a los que no tienen una casa".

Los conductores de los autobuses, cuyas concesiones para operar por determinadas rutas podrían ser derogadas; para así dar paso a la nueva empresa pública de transporte público, también podrían sufrir en carne propia la aplicación de este criterio judicial, según los expertos consultados.

"Si no se le renueva el permiso a una línea de taxis o de autobuses y los usuarios protestan y demandan a las autoridades del transporte para que les garanticen el servicio, entonces cualquier juez puede ordenarle a los dueños de los vehículos que se los entreguen a las autoridades, para evitar que el servicio sea afectado", señaló.

Ambos juristas cuestionaron que en su fallo del 25 de mayo pasado, la Sala Constitucional no haya fijado el lapso de tiempo durante el cual los equipos propiedad de RCTV estarán en manos de Conatel, ni ninguna compensación económica.
Obviaron el marco legal
Baumeister criticó la sentencia de la instancia que interpreta la Carta Magna, por considerarla "un desafuero" y como una demostración de la "improvisación" del Ejecutivo.

"Aquí hubo un pronunciamiento instado por unos extraños (los supuestos usuarios del canal 2 que demandaron que se les garantizara su derecho a seguir viendo ese canal, aún cuando RCTV no siguiera operando en señal abierta), pero lo peor es que los magistrados obviaron el marco legal existente. Obviaron la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social. ¿Cómo es posible que hayan pasado los meses y que no se dieran cuenta de que necesitaban los equipos para que el nuevo canal transmitiera? Si querían hacerse con los que tenía RCTV han debido aplicar la ley y abrir un procedimiento expropiatorio", señaló, al tiempo que agregó: "Lo grave de esta sentencia es que sin haber expropiación, el Estado se cogió unas cosas sin la menor pena ni vergüenza".

Aunque el jurista tachó de "peligrosa" la resolución, también admitió que la misma ha podido ser peor. "De haber sido una interpretación constitucional habría sido nefasta, pues el criterio, al ser adoptado al responder una medida cautelar puede ser modificado en el futuro (...) Nadie puede agarrarse a esta sentencia para decir que tiene luz verde para ocupar esto o aquello".
Ahuyentando a las inversiones
"Estamos consolidando un marco jurídico coherente, capaz de asegurar el desarrollo social y económico del país, creando con ello, las condiciones idóneas para que las inversiones tanto nacionales como extranjeras, impulsen y fortalezcan nuestra economía".

Estas palabras, pronunciadas hace casi tres años por el hoy embajador venezolano en el Vaticano y entonces presidente del TSJ, Iván Rincón Urdaneta, cuando instaló el II Congreso sobre Derecho Procesal Laboral, parecen haber sido olvidadas en el máximo juzgado del país, al menos así lo señalaron los abogados consultados.

"Venezuela es lo más inhóspito, porque hay falta de seguridad jurídica. Puede que un país no tenga moneda sólida o hay pobreza crítica, pero cuando no hay seguridad jurídica no hay el elemento fundamental para que haya inversiones. Parece que lo hicieran adrede y que desearan que se fueran los inversionistas", afirmó Baumeister, opinión que respaldó Duque Corredor.








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