Gobierno audita 204 institutos autónomos para tomar su control

Por Venezuela Real - 9 de Julio, 2007, 15:48, Categoría: Economía

HERNÁN LUGO-GALICIA  / CELINA CARQUEZ / NARELA ACOSTA
El Nacional
09 de julio de 2007

"Hay menos disposición a compartir el poder", señala experta del IESA
El presidente Chávez ordenó acabar con la autonomía de las instituciones adscritas a los distintos ministerios

Desde el pasado 12 de junio, el estrés se adueñó de los directores de institutos autónomos.

El presidente Chávez creó la Comisión Central de Planificación que tiene como objetivo "elaborar el nuevo modelo socialista". Según las propias palabras del primer mandatario, esta misión se traduce en el fin de la autonomía que durante años tuvieron 204 instituciones para estructurar y ejecutar sus programas y presupuestos, y despoja de poder a quienes dirigían estos entes.

El oficialismo defiende la decisión presidencial con el alegato de que no existe control sobre la ejecución de recursos de estos institutos, pero algunos analistas opinan que se trata de una visión centralista, autoritaria y retrógrada del ejercicio del poder, debido a la cual se trata de liquidar el proceso de descentralización que Venezuela inició en 1981.

La Comisión Central de Planificación –integrada por el vicepresidente Jorge Rodríguez y los titulares de Planificación, Trabajo, Energía y Petróleo, Industrias Ligeras y Comercio, Ciencia y Tecnología, Finanzas, Industrias Básicas y Minería, Agricultura y Tierras, y Economía Popular– empezó el trabajo de auditoría de los programas y presupuestos en todos los organismos que hasta ahora se conocieron como institutos autónomos. Es una orden expresada en el Decreto N° 5384, a través del cual se creó la comisión con un carácter orgánico, es decir, con superioridad sobre otras normas que regulan las actividades en dependencias ministeriales. A partir de su entrada en vigencia, los institutos del Estado perdieron su autonomía financiera y administrativa.

La comisión tiene plazo hasta el 12 de septiembre para entregar al presidente Chávez un informe con los resultados de las auditorías. El primer mandatario cuestiona la independencia de los entes oficiales a pesar de que, por ley, están adscritos a los 27 ministerios que existen y debían rendirle cuentas a sus superiores, es decir, los ministros.

En 2000 hubo un primer intento por regular "la atomización" o "independencia mal ejercida por los órganos y entes de la administración pública", como alegan en la exposición de motivos del Decreto 5384.

El Gobierno reformó la Ley de Adscripción de Institutos Autónomos, Empresas del Estado, Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles de la Administración Central, para "lograr una mayor eficiencia, coordinación y control de la actividad administrativa".

En ese momento existían 126 instancias que, al menos en teoría, debían reportar a los ministerios. Educación, Cultura y Deportes era el gigante: tenía 20 institutos o figuras, seguido de Ambiente y Salud, con 16 cada uno. El actual Gobierno aumentó los entes y ahora existen 204.

Desde 2000 quedaron entonces definidos los tipos de controles que ejercerían los despachos: a) control de tutela; b) control accionarial de las empresas del Estado y c) control estatutario, y se derogó el reglamento que databa de 1977.

Las intenciones del Presidente con la modificación que adelanta es que los organismos respondan a una sola línea: el Plan de Desarrollo Económico y Social.

"Se persigue que todas las instituciones del país ejecuten ese plan", afirmó Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y diputado del MVR, lo que demuestra el carácter reversible de la descentralización en los institutos autónomos. El legislador fue más allá y señaló que se corregirán errores: "Con la descentralización, al establecer sus propias prioridades, algunos municipios y gobernaciones dilapidaban recursos y no resolvían problemas de las entidades".

La norma afecta a instituciones adscritas a ministerios e institutos autónomos regionales y municipales: "Los referidos entes no gozarán de autonomía organizativa ni de autonomía para la planificación administrativa financiera". De hecho, en el Decreto 5384 la planificación es definida como "materia de alta política y un instrumento en la actual etapa de la revolución bolivariana", en la que las instituciones y el sistema económico en su conjunto sean dirigidos a ese fin.

Algunos de los 204 institutos que hasta ahora gozaban de autonomía son: Banco Industrial de Venezuela, Fogade, Cavim, Instituto Nacional de Hipódromos, Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, Cinemateca Nacional, Mercal, Inparques, Ipostel, Fontur, Conavi, Corpozulia, CVG, Conicit, IVIC, Sistema Nacional de Orquestas Juveniles, Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezolana de Televisión, Banco del Pueblo, Banco de la Mujer y Fondo de Crédito Industrial (Foncrei).

Descentralización vs. Estado nacional.

La Comisión Central de Planificación es pieza clave en la nueva geometría del poder, según Víctor Álvarez, ex ministro de Industrias Básicas y Minería. En su opinión, no se trata de una centralización del poder, sino de una modificación de los modelos de planificación que articule los intereses locales y nacionales.


"La descentralización concebida desde 1989 hizo inviable la articulación de las políticas públicas. Los poderes locales compitieron por recursos limitados. Ya no será el que mejor cabildee o tenga mejor competitividad quien se lleve los recursos, y no habrá alcaldías que, al carecer de conexión en el Ejecutivo, queden orilladas", afirmó.

Álvarez, además, dijo que la autonomía fue un canto de sirena, que desmembró los poderes locales y les restó capacidad de negociación. "Eso se hizo en América Latina para debilitar al Estado nacional.

Son nefastos los resultados, hay una gran cantidad de institutos autónomos con un gran endeudamiento externo, con préstamos de organismo multilaterales y banca internacional, sin ningún control".

Lo esencial para Álvarez es que la comisión interprete la realidad social, corrija y evite las duplicidades y contradicciones. "Ahora cada alcalde y gobernador tiene un plan aparte, y no hay coordinación (...) Hay que desmitificar la descentralización y el tema de la autonomía. No se puede firmar un cheque en blanco, ni desconocer las necesidades locales. Ya no serán los viejos esquemas que decidían en el poder central".

Actitud autocrática.

Para Ricardo Combellas, constituyente y ex presidente de la Copre, la centralización rompe con el espíritu de corresponsabilidad y participación de la sociedad civil: "Esa propuesta es una manifestación del llamado socialismo del siglo XXI y revela una actitud autocrática del Presidente. Esa comisión no es cónsona con el concepto de democracia y libertad en la toma de decisiones".


Indicó que así se deja en manos de un sólo ente, excesivamente concentrado y controlado, la determinación de los asuntos del Estado. "Este modelo responde a una economía de mando y dirigista, muy penetrada por el concepto de socialismo real, que terminó siendo un enorme fracaso. El concepto de lo público trasciende al Estado e implica todo lo que afecta a la sociedad en su conjunto, que tiene el derecho a participar en las decisiones. Se viola el principio básico constitucional de la democracia participativa y la corresponsabilidad, que involucra a la ciudadanía en la toma de decisiones". Agregó Combellas: "Tiene una visión centralista, autoritaria y retrógrada del ejercicio del poder y por eso trata de liquidar el proceso de descentralización que Venezuela comenzó en 1981".

Rosa Amelia González, profesora de Políticas Públicas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), lo entiende de esta manera: A la mayoría de los países –no sólo a Venezuela– les cuesta impulsar la descentralización porque significa, inevitablemente, redistribuir el poder.

Si hay autonomía, el poder político se comparte; y si hay menos disposición a compartir el poder, la resistencia a las ideas descentralizadoras es mayor.

A pesar de los avances desde 1989, observa que en el país no hubo una verdadera descentralización, pues se transfirieron competencias, pero nunca se garantizó a los gobiernos regionales un financiamiento estable. La centralización –dijo– sólo garantiza la coordinación si logra articular políticas.







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