¡Hay amores que matan!

Por Venezuela Real - 9 de Julio, 2007, 18:10, Categoría: Economía

VenEconomía Opina
09 de julio de 2007

Tal parece que es éste es el tipo de amor que guarda el Gobierno Nacional con el pueblo que tanto dice defender. Como otras tantas veces en estos ocho años, desde las esferas del poder se ha tomado una decisión efectista, que dice ser para beneficio del ciudadano, pero que a la final termina con perjudicarlo.

Esta vez le tocó al Tribunal Supremo de Justicia. La semana pasada la Sala Constitucional declaró con lugar una acción interpuesta por la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Arauco) en contra de la Asociación Bancaria de Venezuela, el Banco Central de Venezuela, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en "beneficio" de los tarjetahabientes de Venezuela.

Pero, contrario al objetivo propuesto, esta sentencia lejos de beneficiar al usuario de las tarjetas de crédito, terminará en el mediano y largo plazo por perjudicar a muchos de ellos.

De la ponencia del magistrado Jesús Cabrera Infante destaca, por ser un absurdo desde el punto de vista financiero, la medida de prohibir el anatocismo, (es decir, la capitalización de los intereses no pagados, o lo que se suele catalogar como cobro de intereses sobre intereses). De esta interpretación de considerar ilegal el anatocismo, se deduce que la deuda originada por los intereses no pagados en su fecha, no es deuda y por lo tanto no generan intereses. La medida es de aplicación retroactiva, ya que la sentencia del TSJ establece la posibilidad de que a los usuarios se les reintegren los montos por cobro de interés sobre interés que puedan habérseles cobrado. Para ejecutar esta medida el fallo faculta a la Superintendencia de Bancos. El absurdo queda en evidencia en el hecho de que nadie ha objetado hasta ahora que en las cuentas de ahorro se pague interés sobre interés.

Por otra parte, el fallo del TSJ impone la eliminación del cobro por servicios conexos, entre ellos, el costo por mantenimiento o renovación de tarjetas, así como la emisión de estados de cuenta, por considerar que los mismos "son necesarios para que el negocio jurídico tenga lugar", por tanto el ente emisor deberá correr con estos cargos. Se estima que esta medida tendrá un impacto importante en los bancos, que oscilaría entre Bs.500 millones a Bs.2.500 millones por banco emisor por año. Esta medida no es razonable ni lógica, pues estos cargos se derivan de servicios prestados al tarjetahabiente. Evidentemente, al obligar a los bancos a absorber estos costos, el negocio se hace menos rentable, en consecuencia los bancos tenderán a bajar la calidad de los servicios y, lo que es más importante, eliminarían las cuentas que generan pérdidas, o sea las de menor consumo. Con esto los perjudicados (como siempre) serán los pequeños consumidores usuarios de tarjetas de crédito. Un contrasentido, en momentos cuando se está buscando bancarizar al mayor número de ciudadanos.

Aunque no hay mal que por bien no venga, la sentencia TSJ trae algunos aspectos positivos, como son la eliminación del cobro al usuario de los gastos de cobranzas no causados, y la prohibición de todo tipo de coerción que no sea judicial para el cobro de saldos de las tarjetas.
Pero, la suma de beneficios versus la de perjuicios es negativa para el público consumidor. Al hacer menos rentable el negocio se disminuirá la calidad del servicio, el número de beneficiarios sea menor, el ciudadano será más dependiente del efectivo, y más lejano al sistema bancario.


           







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