La expropiación espanta al capital privado

Por Venezuela Real - 9 de Julio, 2007, 15:54, Categoría: Economía

BLANCA VERA AZAF
El Nacional
09 de julio de 2007

Venezuela es uno de los países con menos protección a la propiedad
Análisis Venezuela indica que la disposición para invertir a largo plazo se ve frenada

Dentro del vocabulario del presidente Hugo Chávez –e incluso de su gabinete hay una frase que suele preceder a las amenazas de expropiación y que busca mitigar el temor que dentro y fuera del país suele suscitar la expansión del marco regulatorio: "En Venezuela se respeta la propiedad privada".

La afirmación es considerada parte de una estrategia de negociación del Poder Ejecutivo que los coloca en una posición ventajosa y les permite controlar a aquellos actores económicos, a quienes no les queda otra opción que ceder porque no encuentran cobijo en los mecanismos institucionales.

Limbo legislativo.

La publicación Análisis Venezuela señala en su informe semanal que Venezuela es uno de los países que menos protección brinda a la propiedad. "Si bien está garantizada constitucionalmente, esta legislación no es explícita sobre el carácter previo de las indemnizaciones por expropiación". Agrega que no se establece el pago oportuno, lo cual establece una ambigüedad sobre la posibilidad de ocupar o "disponer de la propiedad expropiada antes de que ocurra la debida compensación".

En el informe se explica que Venezuela no es la excepción en cuanto a la limitación de la propiedad privada ante el interés público, y que es común que se estipulen previsiones para un acto administrativo a través del cual se adquieran bienes de los particulares por causa de utilidad pública. La diferencia, no obstante, está en que estos actos siempre deberían estar acompañados por la debida indemnización sin que se requiera el consentimiento de los privados.

En un estudio de la Universidad de Georgetown sobre las garantías de la propiedad privada en América Latina, citado por Análisis Venezuela, se establecen los diferentes grados de protección a la propiedad privada y sus limitaciones, que dependerán de la región.

Con base en los parámetros: garantías de la propiedad privada, indemnización previa, prohibición de confiscación, voto calificado para modificaciones, protección a la propiedad solidaria, excepción a indemnización previa y función social de la propiedad; naciones como Colombia, Chile y Colombia salen mejor paradas que Venezuela, donde sólo se garantiza la propiedad privada y se asegura que no habrá confiscación salvo en casos permitidos por la Constitución.

La amenaza como persuasión. En el informe se señala que en años recientes se han registrado casos de expropiación en edificaciones, frigoríficos y tierra con vocación turística, agrícola o pecuaria; a lo que hay que añadirle las amenazas a supermercados, clínicas o bancos por considerarse desde el Gobierno que no cumplen con el desempeño deseado por los hacedores de políticas gubernamentales.

Según Análisis Venezuela cuando los reguladores actúan de esta manera se atropellan los mecanismos institucionales deseables en todo proceso regulatorio. Ejemplifica la situación y cita los casos de amenaza de estatización de la empresa metalúrgica Sidor y de las clínicas privadas.

En el primer caso explica que la existencia de algunos problemas de abastecimiento en el mercado local dio pie a que el presidente Chávez amenazara directamente al consorcio argentino Techint, principal accionista de la empresa, con expropiarlos. Esta fue la antesala para que no sólo interviniera el Gobierno argentino en defensa de los intereses de sus coterráneos, sino también para que se dieran discusiones directas entre el Ejecutivo y la empresa. En el caso de las clínicas privadas, agrega, ha operado un mecanismo similar. "Frente a una inflación sectorial significativamente superior a la inflación de toda la economía, la respuesta regulatoria se ha iniciado con amenazas de expropiación". Esta modalidad regulatoria, unida al enigma legislativo en el que no se está claro sobre la obligatoriedad de una indemnización previa al acto de expropiación, crea una incertidumbre que afecta de manera negativa la disposición de los particulares en acercar su capital al país, y realizar inversiones que beneficien la creación de empleo.

En opinión de Análisis Vene zuela esta situación conduce a que los potenciales inversionistas exijan un retorno equivalente al de otros mercados similares sumando –además una prima de riesgo que los compense en caso de una potencial expropiación. "Esto no parece ayudar a quienes desean que se incremente la inversión privada en diversas áreas de la economía".










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