Salud: regulaciones enfermas

Por Venezuela Real - 9 de Julio, 2007, 16:21, Categoría: Economía

Enrique R. González Porras
El Universal
09 de julio de 2007

El precio constituye sólo una variable cuando se considera la salud de cada individuo

El mundo, Venezuela incluida, ve un enorme número de buenas intenciones articuladas de formas antagónicas. Cuando el Gobierno se plantea regular un bien o servicio debe saber por qué debe hacerlo. La búsqueda de efectismo político puede resultar socialmente costosa. Así, iniciativas dirigidas a proponer alguna regulación sobre el sector salud, tienen que ser muy bien pensadas y concertadas con los actores, pues puede ocurrir que acciones draconianas arrojen resultados socialmente indeseables, en comparación con la situación previa a la acción pública.

La demanda de servicios de salud y medicamentos es muy compleja. En torno a ellas, ciertas acciones públicas podrían resultar atinadas y otras podrían empeorar la situación de acceso a esos bienes e, incluso, convertirse en problemas de salud pública. El precio constituye sólo una variable cuando se considera la salud de cada individuo. Una visión de políticas públicas basada únicamente en costos y precios podría incrementar distorsiones y fallas de mercado, alejando a la sociedad de los niveles óptimos de oferta y demanda de tales bienes y servicios.

Salud y sector privado

Venezuela, con una moneda "fuerte" y, por tanto, con tasas "medias" de poder adquisitivo de los salarios, hablando en términos regionales, podría apoyarse en el sector privado para proveer servicios de salud, pensando más que en el gasto, en la calidad del servicio y en aquellas variables de largo plazo que determinan finalmente el nivel escalar de la salud, de la demanda de este servicios y de los medicamentos. Una visión de corto plazo que apunte a regulaciones innecesarias, podría condenar la sociedad a cotas no-óptimas de calidad, cantidad y oportunidad en los servicios de salud y en la oferta de medicamentos.

Confundir el propósito de las acciones regulatorias podría violar la libertad de escogencia, la libertad económica y los incentivos para añadir valor, calidad y especialización. Específicamente, la preocupación del Ejecutivo por el gasto privado en salud, que motivaría los eventuales controles, no posee asidero regulatorio. En este caso, debe imperar el interés público de formar un mercado eficiente, por medio de la competencia y de niveles de precios y de oferta socialmente deseables.

Gasto público

En lo que al gasto público en servicios de salud se refiere, otra situación muy distinta ocurre. Sobre este tema debemos, cuando menos, hacernos eco de la sociedad que clama por un uso eficiente de los recursos públicos para proveer tales servicios. En las discusiones al respecto podría introducirse la propuesta de limitación del Estado a un papel de financiador, imponiendo unos requisitos mínimos hacia el sector privado. Así las cosas, se introducirían incentivos a la eficiencia y a la reducción de costos sin sacrificio de calidad en la provisión de servicios de salud, objetivo social per se, y se evitaría el burocratismo y la corruptela. La propuesta de un modelo mixto pudiera incorporar a las acciones públicas los beneficios que ofrecen los privados (eficiencia, especialización y calidad). De esta manera, el precio no explica por sí solo el nivel escalar de la demanda de servicios de salud y medicamentos. Regularlos podría generar más distorsiones que beneficios. Veamos: pérdida de calidad y especialización en tratamientos y unidades de servicios de salud; incremento del riesgo moral, sobremedicación y visitas médicas innecesarias, con el respectivo costo de oportunidad que ello implica; redistribución de rentas, no necesariamente a favor de los pacientes, sino de los actores más concentrados: las aseguradoras; salida, contrabando y/o exportaciones paralelas de medicamentos, con su respectivo impacto negativo en el nivel de aprovisionamiento del mercado interno; enlentecimiento de la entrada en el mercado nacional de nuevos medicamentos, negando a la sociedad la ventaja de novedosos tratamientos, nuevas vías de dosificaciones, menores y más eficientes dosis, etc.; desaparición de alternativas para aquellos pacientes que por su edad, preferirían alguna presentación específica en los medicamentos que requiere; problemas de valoración social en contra de aquellas empresas que producen bienes y servicios destinados al mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos.

A tenor de las consideraciones previamente expuestas, concluimos que la regulación económica y su instrumentación exclusiva por medio de controles de precios, no deberían constituir un objetivo per se.







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