Hostigamiento judicial fomenta autocensura

Por Venezuela Real - 20 de Julio, 2007, 20:42, Categoría: Libertad de Expresión

Juan Pablo Arocha
TalCual
20 de julio de 2007

La persecución a la prensa a través de los tribunales aumentó tras la reforma del Código Penal. Los juicios sin sentencia y la muerte de periodistas inhiben a los comunicadores

La reforma del Código Orgánico Procesal Penal logró trasformar los insultos a la prensa por la apertura de procedimientos judiciales.

La ONG criolla Espacio Público, a través de una investigación da cuenta de cómo se recrudeció el hostigamiento judicial durante el año 2005 tras la aprobación de ese texto normativo.

Esta situación ha provocado autocensura en algunos periodistas.

Espacio Público emprendió una investigación sobre el impacto de la apertura de procedimientos judiciales iniciados contra periodistas: La evaluación corresponde al periodo 2002–2006. Según los registros de la organización, se han abierto 63 casos en los tribunales criollos, principalmente por materia de difamación e injuria. Carlos Correa, director de la ONG, asegura que en la mayoría de los casos los recursos son introducidos por funcionarios públicos relacionados con el Ejecutivo Nacional.

En la evaluación también evidenciaron que los comunicadores son sometidos a procesos judiciales lentos.

Tanto, que en la mayoría de los casos no logran una sentencia definitiva por parte de los tribunales, sino que permanecen abiertos como una medida de amedrentamiento. La mayoría de los casos contra la prensa se realizan en Caracas y le siguen los estados Táchira y Aragua.

El hostigamiento estaría rindiendo sus frutos. "El trabajo de los periodistas está afectado por esta serie de demandas, en tanto ahora se ven más amenazados y en riesgo de ser víctimas de este tipo de agresiones", dice el informe de Espacio Público.

A esta situación se suma la muerte de seis periodistas en los últimos seis años en irregulares incidentes. Cuatro de estos asesinatos se produjeron en 2006.

Los tribunales venezolanos no han determinado todavía quiénes son los homicidas y tampoco han continuado la investigación sobre las denuncias que los comunicadores realizaran antes de fallecer.

En mucho de estos casos se trata de reporteros que mantenían espacios informativos con denuncias recurrentes sobre droga y violación de los derechos humanos en manos de policías.

Uno de los estados donde ha aumentado la autocensura, tras el asesinato de un conocido periodista, es Anzoátegui.

Luego de la muerte de Jesús Flores Rojas, ocurrida en 2006, la prensa regional dejó de investigar los temas relacionados con los conflictos internos del oficialismo y el sicariato.

APOYO PARCIAL

Los tribunales también juegan al desgaste. Otro de los aspectos importantes que evidenció Espacio Público en su análisis fue que los periodistas demandados son, paulatinamente, abandonados a su suerte en los procesos judiciales por los medios en que trabajan.

"Nos preocupa la solidaridad del medio", dice Correa. Aunque los medios inicialmente manifiestan gran respaldo a los periodistas, se preocupan las consecuencias jurídicas que esto les pueda generar. En ocasiones, como lo ocurrido con la periodista Ibéyise Pachecho en El Nacional,son despedidos tiempo después que cesa el caso.

Espacio Público publicará en extensión estos resultados próximamente. La ONG quiere alertar sobre los incrementos de los factores de riesgo que atentan contra el oficio periodístico derivados de lo que llaman una "persecución criminal". El informe de la organización da cuenta que de estos sucesos derivan en "un desempeño profesional marcado por el miedo o el terror ante posibles consecuencias de los temas sobre los que se informa u opina".

"El trabajo de los periodistas está afectado por esta serie de demandas, en tanto ahora se ven más amenazados y en riesgo de ser víctimas de este tipo de agresiones", dice el informe de Espacio Público

 
MÓVILES DE IMPUNIDAD


• PEDRO BASTARDO
Periodista de la Alcaldía del municipio Bolívar, estado Sucre.
Fue asesinado el 7 de octubre de 2006, a manos de un homicida que le disparó en la cabeza desde un automóvil.

Las investigaciones que adelanta el Cicpc del estado Sucre descartaron la tesis del robo, pues al periodista no le fue arrebatada ninguna pertenencia. Hasta la fecha se desconoce la existencia de alguna investigación oficial de los hechos.

• JESÚS FLORES ROJAS
Coordinador de corresponsalía del diario La Regiónde Anzoátegui.
Un hombre armado lo asesinó, al propinarle 8 disparos a corta distancia el 23 de agosto de 2006.

Los periodistas de la zona denunciaron que funcionarios de la policía estatal alteraron la escena del crimen. El comisario José Rivero, jefe del Cicpc en El Tigre, anunció que la hipótesis era el sicariato. Las investigaciones de la Fiscalía involucraron como autor material a Luis Torres Pinto, pero esta persona fue abatida en un enfrentamiento posterior con efectivos de la policía científica. Las pesquisas para encontrar el autor intelectual se encuentran estancadas.

• JOSÉ JOAQUÍN TOVAR
Director del semanario Ahora
Asesinado el 17 de junio de 2006, recibió once impactos de bala en la avenida La Salle de Caracas.

Tovar realizaba recurrentes denuncias por corrupción contra dirigentes opositores y oficialistas. Las investigaciones que adelantó el Cicpc han recreado diversas hipótesis, todas distintas al ejercicio profesional. Hasta la fecha no se tiene conocimiento de apertura de procedimientos judiciales.

• JORGE AGUIRRE
Fotógrafo de la Cadena Capriles
Murió el 5 de abril de 2006 cuando realizaba la cobertura de una manifestación estudiantil en Caracas por las muertes de los Hermanos Faddoul.

Pese a que el fiscal general, Isaías Rodríguez, anunció en abril de 2006 la detención de Boris Blanco Arcia como presunto asesino de Aguirre, todavía no se ha iniciado el juicio oral y público por este caso.

• MAURO MARCANO
Periodista de Radio Maturín y diario El Oriental
Fue asesinado el 1 de septiembre de 2004 por cuatro desconocidos cuando salía de su residencia en Maturín, estado Monagas. Marcano realizó varias denuncias sobre tráfico de droga en la región, en las que estarían presuntamente implicados empresarios y personalidades políticas. Sus familiares aseguraron que había recibido amenazas de muerte. En 2004 las investigaciones estuvieron prácticamente paralizadas, sólo se logró la detención de Freddy Caracas, supuesto sospechoso, pero el sujeto su asesinado el mismo año en la cárcel de La Pica. Posteriormente un tribunal dictó orden de captura contra Héctor Roca, quien habría sido el conductor de la motocicleta donde iba el asesino, pero fue liberado. En la actualidad hay una persona detenida, cuatro prófugos, ninguna sentenciada, y no han citado a los efectivos militares y policiales denunciados por Marcados días antes de su muerte.

• JORGE TORTOZA
Fotógrafo del Bloque de Armas
Asesinado mientras cubría la manifestación opositora el 11 de abril de 2002.

Los sucesos políticos que rodearon a este hecho dificultan la investigación. Inicialmente el Cicpc identificó a un sospechoso, pero todavía no hay ningún imputado ni condenado por esta muerte. En enero de 2006, a casi cuatro años del fallecimiento, la Fiscalía autorizó la exhumación del cadáver para realizar un nuevo examen forense. Hace poco el Ministerio Público aseguró que imputaría a dos funcionarios de la Policía Metropolitana y a una ex fiscal por este caso.








 






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