11A EN LA OEA

Por Venezuela Real - 22 de Julio, 2007, 15:15, Categoría: Derechos Humanos

Expediente
El Universal
22 de julio de 2007

El viernes pasado la ONG Vive y el Estado se vieron las caras en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así sucedieron las cosas en Washington - Texto y fotos por Oscar Medina

PROCESO

Minutos antes de entrar a la sala A para la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los enviados del Gobierno venezolano se preguntaban cómo sería el orden de las intervenciones, quiénes hablarían primero, sopesaban las ventajas o desventajas de hacerlo antes o después, si habría oportunidad de replicar los argumentos de la contraparte.

Semanas antes, los representantes legales de las víctimas agrupadas en la organización civil Vive se preparaban para este encuentro en la Organización de Estados Americanos: desde que el Tribunal Supremo de Justicia desconoció la acción que intentaron en junio de 2002 apuntaron al escenario internacional. Gonzalo Himiob, Alfredo Romero y Antonio Rosich llegaron a Washington conociendo el protocolo: la audiencia se concedió no a solicitud de ellos sino del Estado, así que sería la voz oficial la encargada de comenzar la tanda de exposiciones.

Los abogados pasaron por la OEA el día anterior y entre las 6 y las 8 de la noche se dedicaron al montaje de la maqueta del centro caraqueño que les serviría para graficar mejor cómo y dónde fue que cayeron los siete asesinados y los cuatro heridos representados por Vive. Luego de probar los aspectos técnicos, sonido, videos y la presentación de fotografías, volvieron a su hotel en Georgetown para, hasta la madrugada, repasar y afinar los últimos detalles. Para ellos, el hecho de que hubiese sido el propio Estado el que solicitara la audiencia sólo podía indicar que el Gobierno tendría algo contundente que mostrar ante los comisionados. Pero esas expectativas, desde su punto de vista, quedaron defraudadas: "Hubo mucha improvisación por parte de ellos", fue el comentario de Rosich evaluando la experiencia al final del día: "fueron nulos en el aporte de pruebas, incluso tuvieron inconsistencias con lo que el mismo Estado ha señalado en el expediente y lo que dijeron hoy aquí; su discurso se concentró en lo político y eso es irrelevante en esta instancia; y en la fase de réplicas recurrieron a la descalificación y no a rebatir nuestros argumentos. No hubo sorpresas".

Yo digo, ellos dicen

Poco antes de las 10 de la mañana del viernes 20, los tres abogados llegaron a la sede de la OEA. A las 10:30, la comitiva oficial de unas ocho personas se hizo presente y lo primero que se preguntó Romero fue: ¿qué hace Luis Britto García aquí?

Hasta entonces no habían visto ni conversado con Germán Saltrón, el agente del Estado para los Derechos Humanos; ni con Alis Boscán, la directora de protección de los derechos fundamentales del Ministerio Público, ni mucho menos con Larry Devoe, asesor de la Cancillería. Y este detalle es significativo: los representantes de siete de las 19 personas asesinadas el 11 de abril no habían logrado discutir en igualdad de condiciones sobre este tema con las autoridades.

Quince minutos más tarde de lo previsto, a las 11:30, el presidente de la Comisión, Florentino Meléndez, daba inicio a la audiencia en la que participaron los comisionados Víctor Abramovich y Clare Roberts y que fue presenciada por el secretario ejecutivo Santiago Cantón

A la izquierda de Meléndez se ubicaron Saltrón, Boscán, Devoe y el escritor Luis Britto García, a quien en más de una ocasión se le vio sonriente como si de pronto recordara algo gracioso. Frente a ellos, los abogados Himiob, Romero y Rosich.

Saltrón comenzó su intervención anunciando un video Cuatro mentiras y una gran verdad, en el que se vio y escuchó la versión gubernamental de lo que ocurrió el 11 de abril. De lo dicho por Saltrón y Boscán resaltan algunos aspectos que bien podrían resumir la posición oficial: las muertes se produjeron en medio de un escenario de caos propiciado por la oposición y Estados Unidos; en ese golpe participaron sectores militares, policiales, civiles, jueces, fiscales, alcaldes, gobernadores, medios de comunicación, gobiernos extranjeros y hasta organismos como la propia Comisión Interamericana; que es falso que no se ha avanzado en las investigaciones, que hubo 18 fallecidos y 71 heridos; que se sabe que en 29 casos las personas fueron víctimas de disparos por parte de las policías Metropolitana, de Chacao y de Baruta; que muchos de los procesos penales "aperturados" ya han llegado a actos conclusivos, incluyendo los que han pasado a archivo fiscal; que a lo largo de estos cinco años ha resultado muy cuesta arriba recabar pruebas porque los elementos probatorios desaparecieron o los hicieron desaparecer; y que las ONG como Vive tienen que buscar público internacional porque internamente nadie les cree.

Los abogados comenzaron su exposición a tiempo para destapar la maqueta que hasta entonces permanecía cubierta en el centro de la sala: y esa fue una jugada con efecto sorpresa. Romero se encargó de narrar la otra versión de los hechos apoyado en fichas con apuntes, en esa representación de las adyacencias de Miraflores y en videos y fotografías controladas desde una laptop por Rosich. Más tarde, Himiob completaría la participación con las consideraciones jurídicas del caso -admitido en la CIDH en octubre de 2006- en el que intentan demostrar que el Estado venezolano es responsable por acción y omisión de lo ocurrido a sus representados: Jhonny Palencia, Víctor Reinoso, Orlando Rojas, Juan David Querales, Jesús Espinoza Capote, Jesús Orlando Arellano y José Antonio Gamallo, asesinados. Y Fernando Sánchez, Elías Belmonte, José Antonio Dávila y Andrés Trujillo, heridos.

El planteamiento consistió en evidenciar que la crisis de abril fue provocada por el propio Gobierno, que ya se había establecido utilizar a civiles coordinados por militares para contener con violencia las manifestaciones opositoras; que el Estado falló en sus deberes de salvaguardar la vida de las personas y que además es responsable de los muertos y los heridos; que se usaron armas de guerra contra la población; que fueron 19 y no 18 los asesinados; que son 79 y no 71 las causas abiertas pero que 67 de ellas no pasan de la fase preliminar y que sólo se ha imputado en tres; que no se ha investigado a ninguna de las personas identificadas que dispararon desde Puente Llaguno -35- y la avenida Baralt -25-; que luego de cinco años todos esos pistoleros siguen en libertad y que incluso en los casos en que agentes de la Metropolitana resulten culpables, el Estado es igualmente responsable por ser uno solo.

¿Saludos cordiales?

La vehemencia con la que Saltrón exigió imparcialidad refleja el estatus de las relaciones entre Venezuela y la CIDH: hay tensión aquí, especialmente en estos días tras la decisión de remover de su condición de relator al venezolano Freddy Gutiérrez. De eso, claro está, no se habló en la audiencia.

Fueron varias las oportunidades en las que Saltrón recordó que la Comisión fue al menos complaciente con los golpistas de abril de 2002 y que le negó las medidas cautelares a Hugo Chávez durante aquel trance.

Florentino Meléndez le señaló al Estado que debería presentar pruebas sobre la desaparición de las evidencias, algo que no se había ventilado hasta este momento. Como una última oportunidad, el comisionado hizo mención a la posibilidad de una solución amistosa, pero los abogados de las víctimas hace tiempo que condicionan cualquier arreglo de esa naturaleza a que el Estado primero reconozca sus responsabilidades y para los representantes oficiales, Hugo Chávez no puede ser responsable de nada en vista de que el Presidente fue "secuestrado" ese día de abril.

La audiencia culminó sin sobresaltos y resultó -con 1 hora y 43 minutos- mucho más larga que el promedio normal que raramente supera los 45 minutos. Los apretones de manos quedaron casi para último momento: luego de declarar a las televisoras, de explicar, autoelogiándose, lo bien que estuvieron unos y lo mal que estuvieron los otros; ya al pie de la escalera que conduce a la salida, se hicieron los saludos de rigor. Pero ni siquiera ese fue un momento exento de pequeñas tensiones: Boscán ensayó una lección de Derecho para los abogados sobre algunos aspectos y Rosich insistió en que el Estado presente las pruebas que dice tener sobre tantas cosas.





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