Una tormenta enturbia el clima de Pdvsa-Gas

Por Venezuela Real - 22 de Julio, 2007, 16:52, Categoría: Corrupción

JORGE CHÁVEZ MORALES
Ultimas Noticias
22 de julio de 2007

Auditoría arrojó casos muy graves
Ministro de Energía pidió "precisiones para tomar decisiones" pero todo sigue como antes Encargada de todas las contrataciones entregó obra a empresa donde su esposo es el jefe

"Esta información es muy grave, necesito precisiones para tomar acciones", escribió de su puño y letra el 21 de junio de 2005 el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y actual ministro de Energía, Rafael Ramírez, apenas tuvo conocimiento de un informe confidencial en el que le daban cuenta de "reiteradas denuncias que se han recibido en contra de la gerencia de Pdvsa Gas y presuntos enfrentamientos entre los miembros de la junta directiva, adjudicaciones directas de contratos sin la aprobación del Comité de Licitaciones, tráfico de influencias, relaciones de personal clave con Gente del Petróleo y contratación de personal con alto salario".

¿Qué hizo el ministro? Escribió URGENTE, y dirigió el mensaje a Wilmer Barrientos, gerente corporativo de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa, quien nueve días después remitió la información al coronel (hoy general), José Luis Salazar Rodríguez, gerente de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa-Gas y le pidió que "practicara las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos allí señalados y se remita el respectivo informe con las conclusiones pertinentes".

Tres meses después el informe estuvo concluido y, dos años más tarde, se conoció de su existencia, luego que quien lo sustanciara, el militar retirado William González Mijares, lo presentara a la Contraloría General de la República (CGR) el primero de febrero de 2007 y, posteriormente, a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), el 28 de mayo de este mismo año. Una copia del informe está en poder de Últimas Noticias. La CGR envió una comunicación al denunciante el 14 de febrero donde "acusa recibo del escrito.." y que se le asignó el número 3202. Luego, el 30 de marzo, dos meses después de haber sido presentada, el jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano, Edgard Mariño, envió otro oficio a González para informarle que "una vez val! orada di cha denuncia, fue remitida a la Dirección General de Control de la Administración Nacional Descentralizada, a los fines consiguientes".

Por su parte, en la AN la Comisión de Contraloría designó una subcomisión mixta que se encargará de investigar la denuncia. Este organismo es presidido por el diputado Wilmer Pérez, quien explicó a los medios de comunicación que "el expediente se encuentra en su fase preliminar".

Esta comisión priorizó la denuncia interpuesta por el diputado Luis Tascón acerca de supuestas anomalías en el alquiler de un taladro y la compra de 30 equipos de perforación a cargo de Pdvsa, toda vez que fue primera en ser recibida.

El miércoles pasado, acerca del tema de los taladros, fue interpelado el vicepresidente de la estatal petrolera, Luis Vierma, y los diputados de la Comisión de Contraloría no descartan que pueda volver a responder sobre la denuncia de Pdvsa-Gas.

Tanto la CGR como la Comisión de Contraloría de la AN dieron respuestas sobre esta denuncia sólo después que se informara sobre ésta en los medios de comunicación.

La investigación.

Esta investigación comenzó cuando Omar Gómez Landaeta, trabajador adscrito a la Gerencia de Infraestructura del Distrito Pdvsa-Puerto La Cruz, aseguró tener conocimiento de la presunta comisión de "irregularidades administrativas en cuanto a los costos derivados del proceso de adjudicación directa para la obra: saneamiento, cegado y restauración ambiental de la Fosa Mata 1, ubicada en Campo Mata de Pdvsa-Gas Anaco".


Tres día después, la Superintendencia de Prevención y Control de Pérdidas (PCP), comenzó la investigación que culminó en septiembre de 2005.

Inicialmente se convocó a una licitación en la que resultó ganadora la empresa Servisan que ofreció cobrar Bs. 280 millones 366 mil 295 por el trabajo. En esta licitación, participaron otras dos empresas más y culminó en diciembre de 2003.

Tres meses después, el cuatro de marzo de 2004, Servisan fue informado acerca del "decaimi! ento de la buena pro", "motivado al cambio de las condiciones para la ejecución de la obra". No fueron invitados a participar en el nuevo proceso de licitación ni les reembolsaron los gastos de los primeros trabajos realizados al amparo del precontrato.

Esta empresa presentó una solvencia en su clasificación financiera de XVI de más de cinco millardos de bolívares, además de haber hecho trabajos similares en Maturín y San Tomé y de haber trabajado asociada a Petrobras.

La emergencia.

La declaratoria de emergencia fue hecha en septiembre de 2003, pero sólo después de seis meses fue cuando comenzaron las obras.


Bajo este concepto, el de la emergencia, Pdvsa-Gas decidió entregar la obra a la empresa Ecoinca, que presentó un presupuesto inicial de un mil 280 millones 824 mil 302 bolívares, con una ampliación anunciada por un monto de 856 millones 665 mil 840 bolívares para un total de Bs. 2 mil 137 millones 490 mil 142 bolívares.

Hasta allí todo parece aparentemente normal. Sin embargo, las investigaciones dieron cuenta de que algo "extraño", por decir lo menos, estaba sucediendo al entregar esta obra a Ecoinca.

El 20 de febrero de 2004, es decir, sólo un mes antes del inicio de la obra, Ecoinca se inscribió en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Esta empresa no presentó ninguna adjudicación de obra en el Distrito San Tomé y, además, según el expediente entregado a la CGR, en un documento emanado del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marn), se certifica que Ecoinca posee dos denuncias por incumplimiento en cuanto al manejo de desechos petrolizados.

En familia.

Sin embargo, todavía existen otros elementos que permiten una sorpresa aún mayor.


Resulta que el planificador de la empresa Ecoinca, y quien dirigiría la obra, Henry Ficara Seregni, era nada menos que el esposo de la ciudadana Beatriz Rodríguez, superintendente de Planificación y Control de Gestión de la Gerencia Técnica de Pdvsa-Gas para la fecha de la obra y encargada de la parte administrativa de todas las contrataciones. En la actualidad se desempeña como gerente de contratación de la empresa petrolera.

Para la fecha de la contratación con la empresa Ecoinca, la Gerencia Técnica determinó que todos los procedimiento! s admini strativos de contratación de las demás superintendencias fueran supervisados por Beatriz Rodríguez, superintendente de Planificación y Control de Gestión de la Gerencia Técnica.

Respuesta oficial.

La preocupación del ministro Ramírez sobre este tema, motivó una pronta respuesta de parte de la Gerencia Técnica y la Superintendencia de Ingeniería y Construcción del Distrito Gas-Anaco El 12 de octubre de 2005, entregaron el documento llamado "Respuesta al informe de auditoría El Avance 1", sobre el contrato N° 4600002528 respecto al cegado y restauración ambiental integral de la Fosa Mata-1.


En la introducción de este documento, se señala que cuando se declaró en emergencia, el Distrito de Anaco "carecía de personal con experiencia producto del paro petrolero de diciembre de 2002" y que "se inició el proceso de contratación basado en una emergencia declarada de manera errónea, ya que bajo esta modalidad se debió iniciar el trabajo de inmediato y durante el avance de la obra ir realizando los trámites administrativos correspondientes y no condicionar el inicio de la obra a los procedimientos administrativos".

También señala que "el informe guarda algunas inconsistencias, en casos se basa en inferencias y comentarios y emite aseveraciones fuera de contexto. Sin embargo, el equipo coincide en algunos puntos de este informe, los cuales han sido considerados en los siguientes procesos de contratación.

Sobre el motivo por el cual se le revocó la buena pro a la empresa Servisan, el documento establece que "las condiciones establecidas inicialmente para la ejecución del servicio cambiaron totalmente en las especificaciones, cómputos métricos, monto de la obra, entre otros, por lo tanto no se justifica la firma del contrato entre Pdvsa y la empresa contratista".

Sin embargo, no dicen absolutamente nada sobre el motivo por el cual esta empresa no fue considerada para los trabajos luego que se declarara la emergencia en el sector.

Respecto a la demora en el inicio d! e la ob ra pese a la emergencia, explicaron que "la impericia manifiesta durante la contratación de la empresa Servisan, la falta de respuesta inmediata de ésta y la baja experiencia del personal de ingenieros, entre otros motivos, provocó el retraso en el inicio de la obra.

Entre las consideraciones para el contrato con Ecoinca, señalan que fue porque "cumplía con los requisitos de ley, capacidad financiera suficiente y que dentro de su objeto se encuentra definida la actividad de tratamiento de pasivos ambientales o afines. Adicionalmente, Ecoinca es una empresa confiable y patriota, condición ésta muy importante para la fecha".

Inexpertos.

En la mayoría de las respuestas a la investigación, hacen énfasis en que las fallas que se cometieron fueron producto de la "baja experiencia" del personal contratado y de las decisiones que tomaron los "ingenieros nuevos" que fueron contratados luego de los despidos de más de 18 mil trabajadores de Pdvsa producto del paro petrolero de 2002.


Reconocen la omisión de procedimientos, exoneran a la unidad de contrataciones y justifican todas las presuntas irregularidades por la decisión de "restablecer y mantener operativo el Distrito Anaco".

Pero en ninguna de sus 16 páginas hace mención alguna a la denuncia de que Ecoinca estaba dirigida por Henry Ficara Seregni, esposo de la señora Beatriz Rodríguez, quien para la fecha -según la auditoría- era la que decidía cuál empresa contratar.

SE PAGARON DE MÁS Y SE DIERON EL VUELTO

El informe también señala que "las pruebas de laboratorio suministradas por el Departamento de Pasivos Ambientales, demuestran que la proporción de material biodegradante, utilizado por Ecoinca, fue de 100:20, es decir, por debajo de lo presupuestado (proporción 100:100), ocasionando un sobreprecio de 70% en las partidas, ya que seg! ún los a nálisis de auditoría, previa consulta con el Departamento de Pasivos Ambientales y la Gerencia de Seguridad Higiene y Ambiente (SHA), el precio unitario de las partidas C-12 y C-16 debió ubicarse en aproximadamente 48.290,90 y 44.184,67 bolívares, lo que originó un pago final en exceso de 293.906.398,30 millones de bolívares".

La auditoría señala que se evidencia un conjunto de situaciones que contravienen los principios administrativos, además de no ajustarse al marco normativo como son la Ley de Licitaciones (art. 88), mecanismos de contratación que establecen las condiciones que deben seguirse para cumplir con los principios de economía, transparencia, honestidad, eficiencia e igualdad. Las situaciones detectadas en esta revisión evidencian debilidades de control y están sujetas a la aplicación de las sanciones que establecen las leyes de Licitación, Orgánica de la CGR y Contra la Corrupción.

Contraloría lenta.

Las interrogantes expuestas por el director de Últimas Noti
cias, Eleazar Díaz Rangel, en su página dominical cuando dio la primera clarinada sobre esta auditoría, mereció una respuesta de parte de la directora general de Control de la Administración Nacional Descentralizada de la CGR, Janeth Hernández Negrette, quien "por instrucciones del CGR Clodosbaldo Russián", explica los pasos que siguió el expediente de denuncia introducido en ese organismo hace cinco meses.

En principio explica la funcionaria que luego de recibir la denuncia, se comunicaron con el denunciante a los nueve días hábiles y que una vez realizada la valoración siguió los pasos normales de cualquier otra denuncia, como es ser remitida a la Dirección de Control y que en la actualidad se encuentra en la fase de ejecución.

Además, la CGR de manera explicativa, a través del remitido de la directora Hernández, señaló los pasos que siguió dicha denuncia.

Primero fue recibida en la Oficina de Atención al Ciudadano. Luego, el denunciante fue informado del número para su correspondiente control.

Luego, la Oficina de Atención al Ciud! adano pr ocedió a la valoración jurídica de la misma para verificar si los hechos presuntamente irregulares son de la competencia de este órgano de control externo, en cuyo caso, "procederá a remitirlo a las direcciones operativas que correspondan y para los fines que consideren necesarios e incluirlos en el Plan Operativo Anual".

"Una vez realizada la auditoría, si los resultados no arrojan indicios de la comisión de irregularidades administrativas, civiles y/o penales, la CGR dictará un auto de archivo y se procederá al cierre del caso; de lo contrario, es decir, si se comprueba que los hechos denunciados constituyen ilícitos de carácter administrativo, se determina la responsabilidad administrativa y, una vez declarado responsable, se procede a la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de 24 meses, la destitución del declarado responsable o la sanción de inhabilitación en el ejercicio de las funciones públicas hasta por 15 años, de acuerdo a la gravedad de la falta".

Calvario en la AN.

Julio Moreno, presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, explicó que la denuncia fue atendida desde que se recibió, pero que, como toda averiguación seria, lleva un tiempo verificar la documentación.


"Una vez que recibimos la denuncia, pasamos el expediente a Averiguación Administrativa, que se encarga de revisar el expediente. Allí demoramos un tiempo, porque tuvimos que comunicarnos con los auditores internos de Pdvsa, pero nunca se paralizó la investigación", explicó Moreno.

De allí, decidieron pasarlo a la subcomisión N° 2, que preside el diputado Wilmer Pérez. En esa comisión, nuevamente el expediente tuvo una segunda revisión.

Esta subcomisión se encarga del control de gastos e inversión de los institutos autónomos, los entes descentralizados y las empresas del Estado. Todavía falta un largo camino por recorrer y queda mucho tiempo de espera.

 FALTABAN DOCUMENTOS EN EXPEDIENTES
Una de las observaciones de la auditoría expresa que existían expedientes con documentación faltante que "no permitían validar la entrega por parte del contratista: solvencias del SSO, Ince y Municipal; fianzas de fiel cumplimiento, pólizas de seguros de responsabilidad civil de vehículos, fianza patronal".

"No se pudo evidenciar si los riesgos derivados de la obra estuvieron cubiertos durante la ejecución de la misma, en virtud de que no se observaron las fianzas referidas".

Frente a estas observaciones, la respuesta fue que "esta adjudicación se basó en la emergencia declarada (27/10/2003) emitida por la Gerencia de Operaciones de Producción y de Distrito, según lo establecido en el artículo 88 numeral 6 de la Ley de Licitaciones".

"La empresa contratista Ecoinca seleccionada, cumple con los siguientes parámetros: está inscrita y actualizada en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Rasda vigente, con capacidad financiera acorde y, además, es una EMPRESA PATRIOTA (sic).











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