Autorizada transferencia de teleféricos al Gobierno

Por Venezuela Real - 27 de Julio, 2007, 15:24, Categoría: Economía

CECILIA CAIONE
El Nacional
27 de julio de 2007

El informe de la Comisión Especial fue aprobado por unanimidad
Cilia Flores manifestó que se trata de "un regalo para Caracas" y la diputada Gabriela Ramírez aseguró que los daños a las instalaciones serán revertidos

La Asamblea Nacional, por unanimidad, autorizó la transferencia del sistema de teleféricos de Mérida y Caracas, así como de los hoteles Humboldt y Guaicamacuto, a la sociedad mercantil Venezolana de Turismo (Venetur).

El presidente de la Comisión de Finanzas, Ricardo Sanguino, presentó ante la plenaria el informe elaborado por una Comisión Especial, que recomienda permitir la transferencia hecha por el Presidente de la República mediante el decreto 4518, publicado en la Ga ceta Ofi cial N° 38.450 de fecha 2 de junio de 2006.

Luego del derecho de palabra de Sanguino, intervino la diputada Gabriela Ramírez, quien aseguró que, una vez creado el Ministerio de Turismo, esta actividad se asume como una política de Estado, destinada a acabar con la destrucción del medio ambiente. "No tendremos un turismo depredador, sino basado en el desarrollo endógeno, sustentable y, precisamente, la destrucción del Parque Nacional El Ávila, de las adyacencias del hotel Humboldt y del teleférico, se revertirán", afi rmó.

Precisó que a esas instalaciones se les dará un uso social y se hará una explotación sustentable y razonable de sus recursos. "El presidente Chávez está muy orgulloso del trabajo que se hizo para que este patrimonio regresara al Estado venezolano", dijo.

Recordó en que, por medio del decreto 4518, también se transfi rieron siete hoteles que estaban en manos de operadoras privadas al Estado. "Esos hoteles se encontraban en el suelo y en apenas unos meses se ha logrado su rescate", expresó.

Informó que la Procuraduría General de la República enviará el acta a Mirafl ores para que el Estado pueda, de manera definitiva, completar la transferencia de los hoteles Humboldt y Guaicamacuto y de los teleféricos de Mérida y Caracas.

Una vez sometido el informe a votación, la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, dijo que la autorización representaba un regalo para Caracas en su aniversario.

El diputado Ricardo Sanguino, en declaraciones a periodistas, explicó que ahora le corresponderá al Ejecutivo negociar con las operadoras de los teleféricos y de las instalaciones hoteleras para determinar la forma en que se concretará el traspaso.

Modificación del informe. Durante su intervención, Sanguino recordó que en la sesión del pasado 17 de julio fue presentado un documento elaborado por la subcomisión de Enajenación, que concluía que, por tratarse de un traslado de bienes inmuebles efectuado desde la República a otro sujeto de derecho, no era necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional.

La discusión de ese informe fue diferida, debido a las observaciones que se hicieron en esa oportunidad, y se ordenó su revisión por parte de la Comisión de Ambiente y de los diputados Carlos Escarrá y Ricardo Gutiérrez.

El resultado del análisis fue que sí es requerida la autorización del Parlamento, porque el numeral 12 del artículo 187 de la Constitución fi ja como competencia del Poder Legislativo la autorización al Ejecutivo para la enajenación de bienes inmuebles del dominio privado de la Nación y se trata de "la enajenación a título gratuito que efectúa el jefe de Estado de bienes inmuebles del dominio privado de la Nación a una sociedad mercantil".

Patrimonio separado.

El documento establece que cuando la República traslada la titularidad de algunos bienes a una persona jurídica distinta, como es Venetur, existe diferencia en el patrimonio de una y otra persona jurídica.

"Efectivamente se está disminuyendo el patrimonio de la República a favor de la denominada empresa del Estado, la cual, aun cuando es una empresa pública, tiene un patrimonio plenamente separado e independiente del de la República; lo contrario confundiría la concepción de República y Estado".

En el texto se argumenta la plena existencia de la personalidad jurídica independiente de las empresas públicas y, por ende, de su patrimonio propio, mediante el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece que las empresas estatales "adquieren la personalidad jurídica" con la protocolización de su acta constitutiva.

En cuanto a las opiniones jurídicas que afi rman que no se trata de una enajenación, pues se hizo sin compensación, en el informe se acogió lo expuesto por Carlos Escarrá sobre que las enajenaciones pueden ser a título gratuito u oneroso.







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