"El secuestro esta en alza y las policías en picada"
Por Venezuela Real - 1 de Agosto, 2007, 23:16, Categoría: Seguridad/Inseguridad
MARIANA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
El Mundo 01 de agosto de 2007 La modalidad express también será arropada por esta norma Promotor de la Ley antisecuestro sugiere invertir en tecnología Caracas. La industria del secuestro va en avanzada, y las condiciones de los organismos de seguridad del Estado en picada. Ni el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, ni la Guardia Nacional cuentan con la infraestructura necesaria para dar respuesta oportuna a este delito, así lo determinan estudios realizados por la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. El diputado Juan José Molina, vicepresidente de esta instancia, explica que el Proyecto de Ley contra el Secuestro y la Extorsión tiene como norte que el Estado venezolano brinde garantías al ciudadano, además de aplicar la política de la "no negociación". Pero acepta que el primer paso para que este proyecto funcione es que el Estado destine recursos para solventar la condición "paupérrima" de los cuerpos de seguridad. "Es necesario invertir en vehículos, equipos de visión nocturna, armas, salas situacionales bien equipadas, logísticas para movilizaciones. Muchas de las computadoras de los funcionarios del Cicpc son compradas por ellos mismos con préstamos de la caja de ahorro". El asambleísta explica que este proyecto es producto de la concertación, recopilación y adaptación de modelos propuestos y ejecutados en países como Colombia, México, Italia, República Dominicana, Puerto Rico, Brasil y Chile. "Se consultaron expertos en la materia de esos países, y se contó con la participación de la Guardia Nacional, Cicpc, el Ministerio Público, la Defensoría Pública del TSJ, la Defensoría del Pueblo, organismos que han conocido la experiencia". Molina considera que las críticas son buenas, siempre y cuando traigan propuestas, "eso abre el debate sobre un tema que afecta a muchos". Sin embargo, el diputado rebate algunos argumentos, "este modelo no funcionó en Colombia por factores como el narcotráfico y la guerrilla que han ocupado grandes extensiones de territorio, eso alteró el producto final de la propuesta. Aquí la participación militar fuerte, con sanciones precisas es primordial". Sobre el congelamiento de los bienes de la víctima y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y la sanción de cinco a siete años de prisión para quien negocie o calle un secuestro, dice que se busca disminuir las cifras negras que, según indica, rondan 20% más del 100% conocido, y terminar con la negociación entre los familiares y los captores. "En la medida en que los secuestradores comprueben que el Estado ha congelado esos bienes y que no hay posibilidad de pago, ese delito debe ir disminuyendo". En lo que va de año se han secuestrado 145 personas, 56% de los casos se han resuelto por acción policial, 19% siguen cautivos, otro 19% es liberado luego de pagarse el rescate, 3% se escapa de sus captores, y entre 3 y 4% ha muerto. Esto sin contar las cifras negras.
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