Estado pierde un billete por obras inconclusas

Por Venezuela Real - 1 de Agosto, 2007, 13:45, Categoría: Economía

PAULA RAMÓN
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01 de agosto de 2007

 El contralor general se quejó de que otros poderes no le paran a las inhabilitaciones
Ayer presentó su memoria y cuenta ante la plenaria de la Asamblea.

Caracas. "Crónicas deficiencias en la planificación de las obras públicas, al punto que hemos estimado posibles daños por Bs. 23 mil 826 millones, derivados de insuficiencias en las especificaciones técnicas que en algunos casos han llevado al colapso de las obras", advirtió el contralor general, Clodosvaldo Russián, al referirse a la administración estadal y municipal en la presentación de su memoria y cuenta del año 2006 ante la Asamblea Nacional.


Russián enfatizó que el panorama "desolador" de obras inconclusas del Estado continúa siendo una constante, aunado a las obras que entraron al patrimonio público durante la crisis financiera de los 90.

En las regiones, cuestionó retrasos de 456 días para seleccionar contratistas y de 495 días para culminar las obras, pagos de obras no ejecutadas y paralizaciones injustificadas de proyectos, todo consecuencia de una mala planificación.

La impunidad no estuvo fuera del discurso de hora y media. El Contralor exigió colaboración a los poderes públicos, porque "no puede ser" que ciudadanos sancionados e inhabilitados por la CGR "sean incorporados a otros destinos en la administración gubernamental. Esta forma grosera y antiética de burlar la acción contralora debe ser erradicada de manera definitiva".

En 2006 la CGR impuso 167 sanciones: 61 funcionarios suspendidos sin goce de sueldo, 12 destituidos y 94 inhabilitados por negligencia en la preservación de los derechos y acciones del Estado. Abrió 224 investigaciones administrativas, pero no se precisó el número de casos concluidos.

La instancia aprobó 110 multas por Bs. 202,12 millones en declaratorias de responsabilidades a funcionarios, y formuló reparos por Bs. 984 mil 365 millones por diversas fallas.

Russián lamentó que persista una lenta burocracia en la administración pública, la ausencia de castigo de faltas y delitos, y que las unidades de auditoría interna del Ejecutivo no estén conformadas en su mayoría por funcionarios elegidos por concurso.

Ensalzó durante varios minutos la voluntad política del Estado para combatir la corrupción, pero instó a reconocer "con valentía" que no se ha superado este flagelo que "genera con toda razón toda suerte de incredulidades".

 CONTAMINADA LA PARTICIPACIÓN
Con "pesadumbre" el contralor Russián afirmó que "comienzan a llegar cada día de manera creciente" denuncias sobre actos de corrupción en cooperativas, comités de tierra urbana, consejos comunales y organizaciones no gubernamentales. Indicó que la alternativa económica social es "un nuevo laboratorio del pueblo para la experimentación de la administración y el control", y por lo tanto donde menos se justifican los "manejos dolosos" de recursos.

Recomendó articular el control popular o ciudadano con el sistema nacional de control fiscal, lo que implica delegar en la CGR la potestad de dictar las pautas técnicas y operativas para la actividad fiscalizadora de la contraloría social. Igualmente consideró "propicia" la reforma constitucional para adecuar los elementos necesarios.











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