JULIO MORENO: Estamos revisando 450 expedientes de las alcaldías

Por Venezuela Real - 5 de Agosto, 2007, 18:12, Categoría: Corrupción

HERNÁN LUGO-GALICIA/ SANDRA BRACHO
El Nacional
05 de agosto de 2007

"Cada semana recibimos 20 denuncias de corrupción"
"Quienes no comparezcan serán castigados con una multa o arresto"

El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional sostiene que la corrupción se combate ahora con más firmeza gracias a la gente. "Pdvsa era impenetrable, pero ahora es auditable"

-¿Cuántos casos de supuesta corrupción investigan?
–Recibimos un promedio semanal de 20 denuncias y en Averiguaciones Administrativas se determina si hay elementos para abrir un expediente. Si es negativo, no proceden. Hay 900 casos pero, aclaro, vienen de anteriores parlamentos. Se hizo una auditoría y fueron clasificados los casos. Por ejemplo, la Alcaldía de Maturín tenía un expediente con 15 denuncias; ya se aprobó un informe sobre 3. Eso no signifi ca que las otras 12 se cancelen; pudieran abrirse otros procesos.

–¿Con qué criterios se desestiman las denuncias?
–Cuando son simples denuncias sin soportes o, en algunos casos, declaraciones de prensa, sin informes de auditorías.

–¿Los denunciantes actúan por retaliaciones políticas?
–No se puede califi car así. Vemos el espíritu del denunciante que pide sanciones. Ahora, es necesario que traigan pruebas.

Ya hemos sancionado, desde febrero de 2007 hasta ahora, los siguientes casos: la camaronera de Pedernales (Delta Amacuro); un proyecto de bovinos de doble propósito en el municipio Urdaneta de Aragua, y la venta ilegal de un ejido, la compra de Blomaca y la adquisición de computadoras laptop con sobreprecio en la Alcaldía de Maturín. Ya cerramos los casos de 62 viviendas en Pampanito, por parte de Fondur, y la venta irregular de terrenos en Tucacas, Falcón; y ahora investigamos institutos, gobernaciones, alcaldías.

–¿Cuántas gobernaciones?
–Seis. La de Sucre, por la autopista de Oriente, la cooperativa el Abrazo y Sacosal. Amazonas por el sobreprecio de una planta eléctrica en Atabapo. Su costó original fue de 550.000 bolívares, pero al llegar a la zona se facturó en 1,3 millardos. Y en Yaracuy, a Fundesoy por las ferias de consumo. Aclaro que Contraloría no está en contra de los programas sociales cuando indaga su administración.

–¿Y sancionarán al gobernador Carlos Giménez?
–El expediente está en la fase terminal; sólo falta la comparecencia de Gian Carlos Napolitano, propietario de la cooperativa que administró las ferias de alimentos en Yaracuy. Y aquellos que no asistan -como el representante de la cooperativa Lamedero, Mario Piña, quien cobraba los cheques en forma irregular- serán castigados por la Ley de Comparecencia, bien con una multa o arresto. Esa cooperativa administró 200 millardos por, entre otras cosas, la venta de 230.000 kilos de chigüire. En Venezuela, su caza es por temporada; es protegida por ley, así que si hubo sacrifi cio sin autorización, los mataderos deben responder.

–¿De qué valen las sanciones, si no se cumplen?
–La Comisión de Contraloría establece la responsabilidad política, pero lo importante es que las actuaciones constituyen elementos probatorios ante cualquier tribunal.

–¿Dónde se registra más corrupción?
–En las alcaldías. Hay 450 expedientes. Actualmente se investiga, por ejemplo, la de Boconó, en Trujillo, debido al impacto negativo que signifi ca el retardo en el reacondicionamiento de la Escuela Técnica Agropecuaria Robinsoniana José Batista. Una constructora, Coinsiteca, recibió los fondos en 2004 y no ha hecho nada.

Se violó el derecho a la educación de 60 estudiantes por año, provenientes del sector rural.

Esa alcaldía otorgó, además, 4,9 millardos de bolívares al grupo Montesacro para hacer 150 viviendas, y no han puesto un bloque. Existen otros casos, pero sólo están en fase fi nal, la camaronera de Tucupita, y se estableció la responsabilidad del ex rector de la Universidad Simón Rodríguez, Emil Calles, por mala administración. A la Secretaría se pasaron los casos de las alcaldías de Barbacoas, Maturín y Pedernales, así que si se compara con otras gestiones, hay un avance.

–¿Aumentó la corrupción en el actual gobierno?
–No. Hay que diferenciar la actuación de los diputados revolucionarios y de la oposición. Antes, las denuncias se hacían para asesinar políticamente al adversario, para su muerte o exclusión política.


Años atrás, los poderes Judicial y Legislativo encubrían los hechos y durante los gobiernos de AD y Copei no se sancionó o investigó a gobernadores o alcaldes. En este proceso, el pueblo vigila la gestión pública, presenta su observación y denuncia.

–Pero nadie va preso.
–La corrupción se combate ahora con más fi rmeza gracias a la gente. Si el pueblo no reacciona, se desconocerían los hechos. ¿Por qué los gobiernos adecos y copeyanos no auditaron Pdvsa? ¿Cuándo citaron al Parlamento a funcionarios? No se podía. Pdvsa era impenetrable. Es a partir de este gobierno que es auditable, porque el pueblo vigila y denuncia. Esos que atacan a Pdvsa mienten cuando dicen que bajó la producción. La meta es aumentar la producción. Si Contraloría investiga la adjudicación directa de un contrato de un taladro no implica que los demás estén viciados. La oposición sólo quiere destruir la empresa estratégica del pueblo.


–¿Actuará la "lupa revolucionaria" en la industria petrolera?
–Se investiga, Auditoría Interna actúa y el control de los trabajadores ahora es mayor.

–¿Han sido presionados?
–Hasta el momento no han impedido las actuaciones de Contraloría. Eso demuestra que existe autonomía de poderes. Antes de 2002, Pdvsa era inauditable. No presentaban balances administrativos o contables, sólo informes de producción. No se sabía de la exportación de petróleo y gasolina no controlada, y de arreglos para perjudicar el patrimonio.

–¿Ahora hay control?
–Puedo asegurar que los aspectos operativos y administrativos son controlables. La auditoría funciona.

–¿Directivos como Luis Vierma serán sancionados?
–Se hace una averiguación y no se pueden adelantar criterios.

–¿Las actuaciones no "mueren" en la Fiscalía y los tribunales?
–No. Los casos de corrupción no prescriben. El Parlamento tiene un proceso diferente a los tribunales; son autónomos.

–¿Quiénes denuncian más: la oposición o el oficialismo?
–Los ciudadanos presentan sus denuncias, pero no se les pide su identidad política. La mayoría milita en la revolución.

–¿Han sido amenazados?
–Cualquier amenaza se derrota con resultados.

–¿Cómo queda Pdvsa-Gas, Anaco?
–El diputado Wilmer Pérez, presidente de la subcomisión, viajará a Anzoátegui el martes 7 para recoger información.

Ese es un indicador de que se actúa cuando hay elementos suficientes.

 FICHA PERSONAL
DIPUTADO REELEGIDO
7 AÑOS EN LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA EXCOORDINADOR DEL MVR-TRUJILLO











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