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Sin seguros, sin salud
Por Venezuela Real - 12 de Agosto, 2007, 14:22, Categoría: Salud
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12 de agosto de 2007 Este diciembre la Constitución de 1999 cumplirá ocho años de vigencia. En el período transcurrido no se ha aplicado uno de los artículos que hubiera significado probablemente una de las mejoras más sustantivas en la vida de los venezolanos. El artículo en cuestión es el 85. Allí se establece que "el financiamiento del sistema público de salud es obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social, y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley". La adecuada puesta en práctica de este artículo nos hubiera puesto a tono con la tendencia internacional en lo que respecta al financiamiento de los servicios de salud. Esto es, los países cuentan con recursos públicos para garantizar los servicios de salud de toda la población. Todos tienen derechos: los hombres, las mujeres, los niños, los empleados de la economía formal, también los de la informal, los desempleados, los que viven en las ciudades, los que viven en el campo, los que tienen muchos ingresos, los que tienen salario mínimo. Para que lo anterior no sea letra muerta, los sistemas de salud elaboran una lista de los servicios que recibirán todos los habitantes del país en cuestión. Por ejemplo, si es una embarazada, se establece el número de consultas que debe tener, los exámenes que debe realizarse (si son de orina, de sangre), los ecosonogramas, el complemento de alimentos, entre otros aspectos. Luego se establece el tipo de servicios que recibirá durante el parto, así como los controles posteriores. Todo está definido. Lo sabe la paciente, lo sabe la familia, lo sabe el médico, lo sabe la enfermera. Cada uno de los actores de la salud está involucrado. Si la prestación de servicios no ocurriera en la cantidad y calidad requeridas, debe quedar clara la responsabilidad. La paciente puede acudir a los órganos competentes para introducir la respectiva reclamación. Para cada problem! a de sal ud existe entonces la respectiva lista de servicios. Para los que tienen diabetes, para los que tienen la tensión alta, para los que sufren accidentes, para los que tienen cáncer. De esta manera los recursos públicos son utilizados adecuadamente para atender las necesidades y servicios de la población. Lamentablemente, en Venezuela no tenemos nada de lo anterior. La disposición constitucional es completa letra muerta. Desde finales del año 2004 se aprobó en primera discusión la Ley de Salud y del Sistema Público Nacional de Salud. Esta ley va justamente en dirección contraria a los mejores sistemas de salud. Allí no se establece nada sobre los servicios de salud que deben recibir todos los habitantes de Venezuela. Tampoco se dice nada sobre los mecanismos para garantizar que estos servicios se presten en todos los establecimientos sin ninguna discriminación. Tampoco se dice nada sobre las modalidades para incorporar los nuevos servicios que se deriven de la aplicación de nuevas tecnologías. Es por ello que no debe extrañar que según una Encuesta de Hogares, realizada por solicitud de la Conacuid a finales de 2005 y con la asistencia técnica de consultores europeos, la gran mayoría de la población no cuenta con seguros de salud. A falta de la cobertura de un seguro público, financiado en los términos de la Constitución de 1999, la gran mayoría de los venezolanos simplemente se queda sin cobertura con las consecuencias, muchas veces dramática, de lo que significa no contar con tal cobertura. De acuerdo con esta encuesta, 67,8% de los habitantes de Venezuela no cuenta con ningún tipo de seguro de salud. La cobertura del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss) representa 17,5% de la población del país. De este último grupo, la mitad corresponde a familiares de asegurados. El seguro médico privado es utilizado por 11,7% de la población. Sólo 2,4% tiene tanto cobertura del Ivss como seguro privado. Cuando se analiza la información por clase social, enco! ntramos que casi 80% de la población en el estrato de menores ingresos no tiene cobertura de seguro de salud (exactamente 77,8%). En el caso del estrato de mayores ingresos, 37,6% no cuenta con seguro de salud. Con lo cual queda claro que es un problema que afecta a todos los grupos sociales, aunque con mayor frecuencia a los estratos de menores ingresos. No contar con seguro de salud es el primer paso para que un derecho fundamental deje de cumplirse. La garantía establecida en la Constitución de 1999 con respecto a la salud como derecho social se convierte en pura ilusión. Para millones de venezolanos, la salud se convierte en un derecho inaccesible y quedan en el más completo desamparo porque no cuentan con la protección básica para afrontar las necesidades y servicios de salud. Que esto pase en un país que recibe todos los años 50.000 millones de dólares por concepto de venta de petróleo, es un llamado a la conciencia de todos los sectores preocupados por el bienestar de esos millones de venezolanos. Es claro que los encargados de aplicar la Constitución de 1999 están en deuda con la salud de los venezolanos.
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