Familia venezolana que huyó del chavismo al filo de la deportación

Por Venezuela Real - 16 de Agosto, 2007, 16:17, Categoría: Dimensión Social

CASTO OCANDO
El Nuevo Herald
16 de agosto de 2007

El drama de las deportaciones está tocando a las puertas de los venezolanos que escaparon de su país para protegerse de las amenazas del régimen de Hugo Chávez y sus partidarios.

Agentes de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Policía de Miami acudieron el martes a la residencia de la familia Arenas --originaria de Maracaibo, Venezuela-- con el objetivo de detener al grupo familiar y conducirlo a un centro de reclusión para inmigrantes, pero la operación no tuvo éxito.

Fernando Arenas, un agricultor de 41 años, se negó a abrir la puerta de su residencia en el noroeste de Miami para evitar que su esposa y sus dos hijas fuesen detenidas por las autoridades.

Ahora, desde una localidad desconocida donde permanecen ocultos, los Arenas esperan que una acción de congresistas surfloridanos les abra una nueva oportunidad para permanecer en territorio estadounidense y evitar la deportación a la Venezuela chavista.

La congresista cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen y la organización pro inmigrantes Fraternidad Americana lanzaron ayer una campaña para evitar la deportación inmediata de la familia Arenas luego que un juez se negara a concederles el asilo.

''Lo único que queremos es que se reabra y revise nuestro caso bajo la luz de la nueva situación en Venezuela, donde está avanzando abiertamente una dictadura'', dijo Arenas, que llegó a Miami en el 2002 buscando asilo político.

Arenas se encuentra en Miami con su esposa, Rosario Castillo, de 38 años, y sus hijas María Fernanda, de 13, y María Valentina, de seis.

''Ellos no violaron ninguna ley al entrar, no tienen récord criminal, no tienen ninguna acusación de haber cometido algún delito grave, ni siquiera han violado alguna ley inmigratoria'', declaró Nora Sándigo, directora ejecutiva de Fraternidad Americana.

La familia decidió venir a Estados Unidos después de que un grupo de chavistas invadiera de forma violenta sus tierras y propiedades en el estado Zulia, amenazándolos de muerte.

Anoche, el ICE declaró que la familia Arenas había tenido un debido proceso ante la justicia y advirtió a quienes, con conocimiento de causa, ofrezcan albergue a inmigrantes ilegales, pues podrían encarar una acción legal.

''Esta familia tuvo oportunidad a un debido proceso ante los tribunales correspondientes'', manifestó Bárbara González, directora regional de Comunicaciones del ICE. ``Nuestra agencia tiene entre sus deberes cumplir con las órdenes decretadas por los jueces de inmigración''.

De acuerdo con los récords de Inmigración, los Arenas entraron con visas de visitantes a Estados Unidos en el 2002 y permanecieron en el país por más tiempo del permitido por la ley. Luego de una petición de asilo, un juez de inmigración determinó la deportación de la familia en el 2004, decisión que fue ratificada un año después por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), con sede en Virginia.

Según relató Arenas, el caso de asilo se inició en el 2003, porque ``nos tomó un tiempo aprender lo que era un asilo político, los requisitos, cómo solicitarlo; los venezolanos no estábamos acostumbrados a vivir como exilados políticos''.

En seis meses reunieron pruebas sobre cómo sus tierras al sur de Maracaibo, la capital del estado Zulia y la segunda urbe de Venezuela, fueron invadidas por grupos chavistas y prácticamente expropiadas, a pesar de que un importante proyecto agrícola estaba siendo desarrollado por la familia.

''Los viejos enemigos se mantienen, la misma gente que nos avasallaron, que nos quitaron las tierras y las propiedades, ellos cada día tienen más poder, el chavismo está en todas partes. Y tememos por nuestra vida'', aseguró Arenas.

A pesar de la argumentación, el juez de inmigración Charles Sanders les negó el beneficio de permanecer en Estados Unidos como asilados políticos. Paralelamente, otros familiares de los Arenas también vinieron a Miami afectados por la misma situación y obtuvieron una decisión favorable a su solicitud de asilo.

''Estas personas vienen huyendo del comunismo en Venezuela, y logran llegar a un país donde esperan hallar justicia y protección, y se encuentran con otro gobierno que las persigue. Es una situación desesperada para ellas'', agregó Sándigo.

En un comunicado emitido ayer, la congresista Ileana Ros-Lehtinen dijo que su despacho está solicitando a Inmigración ``un tiempo para que esta familia pueda agotar los recursos legales, como la apelación del asilo político denegado, para legalizar su estatus''.

La congresista argumentó también que si esta familia es repatriada podría sufrir represalias, ``ya que fueron víctimas de la represión en Venezuela, donde perdieron sus propiedades''.





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