Secretismo y autocensura

Por Venezuela Real - 19 de Agosto, 2007, 17:51, Categoría: Libertad de Expresión

TULIO HERNÁNDEZ 
El Nacional
19 de agosto de 2007

Es cierto que no hay una correspondencia entre la inmensa cantidad de venezolanos que se resisten a aceptar la avanzada autoritaria del proyecto y su expresión en organismos claves para la democracia como la Asamblea Nacional o en la inexistencia de sólidos partidos políticos de masas que le hagan contrapeso a los dislates bolivarianos.

Pero también lo es que, si bien el avance autoritario, concentrador de poder, y negador del pluralismo y la alternancia política ha sido devastador para nuestra incipiente democracia, el mismo pudo haber sido más grave aún, mortal sería el adjetivo correcto, de no haberse producido las movilizaciones protagonizadas por los ciudadanos, los universitarios defendiendo su autonomía y una gama de organizaciones no gubernamentales que han persistido en la vigilancia democrática.

Vienen al caso estas reflexiones porque en las últimas semanas se han producido dos acontecimientos vinculados con la defensa de un tipo de derechos -los asociados a las libertades de prensa, información y comunicación- que se encuentran entre los más amenazados por el grupo en el poder. El primero, se refiere a la creación de la Coalición Pro Acceso: "Movimiento venezolano por el derecho a la información pública". El segundo, a la presentación en el transcurso de la semana que hoy concluye de Las Alcabalas de la Información o la Noticia Confiscada, el informe de una reciente investigación de campo sobre censura y autocensura en la prensa venezolana realizado por el Instituto Prensa y Sociedad.

Hay una coincidencia entre ambas organizaciones. La Coalición Pro Acceso, como su nombre lo indica, centra su acción en la defensa del derecho de cualquier ciudadano de acceder a la información en poder de una organización pública, independientemente de la forma, de su origen y de su fecha de elaboración. Un derecho que no puede serle negado ya que es de carácter universal y se ha convertido, además, en una de las más democráticas y participativas formas de contraloría social y vigilancia ciudadana sobre los gobiernos y los gobernantes.

El IPYS, por su parte, al presentar su estudio ha convertido en evidencia lo que ya conocíamos como sensación, que el Gobierno venezolano ha venido impidiendo cada vez más y de manera sistemática el acceso de los ciudadanos a la información manejada por las entidades del Estado, y que la estrategia se hace totalmente visible en los obstáculos que le son colocados diariamente a los profesionales de la comunicación.

El estudio se basa en una encuesta aplicada a 192 periodistas de prensa y televisión de todo el país, incluyendo una muestra de medios oficiales.

Sus resultados son reveladores. 51% de los entrevistados aseguró haber enfrentado durante los últimos 12 meses algún incidente de impedimento de acceso a las fuentes oficiales. El principal obstáculo que los periodistas encuentran para el cumplimiento de sus labores es, precisamente, "el cierre de las fuentes oficiales" (23%), seguido de "el temor a las agresiones a la calle" (20%) y "las amenazas del gobierno" (18%).

El tema de las agresiones es preocupante porque, aunque 44% de los entrevistados no ha sido víctimas de ninguna agresión durante el período de un año previo al estudio, el restante 56% sufrió ataques como "intimidación física o verbal" (30%), "amenazas escritas o verbales" (28%), o "agresiones físicas por parte de ciudadanos comunes" (11%). Lo grave de la situación es que sólo 1% de los agredidos ha respondido "siempre" a la pregunta de si denuncia los hechos ante las autoridades, y "algunas veces" sólo 4%. Los demás han guardado silencio.

Hay datos importantes sobre censura y autocensura. Pero, probablemente, lo más relevante es que mientras en estudios anteriores las "presiones de los dueños" y las de "...

los anunciantes" aparecían en primer y segundo lugar entre los "obstáculos para ejercer el periodismo"; en el informe de 2007 han sido desplazadas al cuarto y quinto lugar por "el cierre de las fuentes oficiales", "temor a las agresiones" y "las amenazas del gobierno".

Se verifica así, de alguna manera, la hipótesis de que desde 2004 se inició una nueva fase en las relaciones entre el Estado y los medios regida por cambios en el marco legal, el incremento de la apertura de procesos administrativos a periodistas, y el triunfo del "secretismo" una tradición en la fuente militar en sus relaciones con los medios, que ahora se ha convertido en razón de Estado.

Tendrán mucho trabajo las ONG de la transparencia en estos tiempos de opacidad.







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