Fragmentación e indisciplina presupuestaria

Por Venezuela Real - 8 de Septiembre, 2007, 19:48, Categoría: REFORMA CONSTITUCIONAL

ALLAN BREWER CARÍAS
El Nacional
08 de septiembre de 2007

Una de las innnovaciones más importantes de la Constitución de 1999 fue el haber incorporado una normativa específica destinada a regular los principios fundamentales de la administración pública del Estado: honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

Fragmentación e indisciplina presupuestaria

En el Anteproyecto para la Primera Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se aspira a suprimir todos los principios esenciales sobre la administración pública: elimina el fundamento de que como un universo está al servicio de los ciudadanos y sustituye la norma del artículo 141 por otra en la que se dispone que sirve sólo al Estado.

De esta forma se suprime el derecho de los ciudadanos a que la administración sea de su provecho. Se propone, en efecto, que el artículo 141 disponga: "Las administraciones públicas son las estructuras organizativas destinadas a servir de instrumento a los poderes públicos para el ejercicio de sus funciones y para la prestación de los servicios".

Con esta redacción del artículo 141 se busca, además, fragmentar la administración pública: se pasa de un régimen universal de "la administración pública" a "las administraciones públicas burocráticas o tradicionales, que son las que atienden a las estructuras previstas y reguladas en esta Constitución y en las leyes, y las misiones, constituidas por organizaciones de variada naturaleza, creadas para atender la satisfacción de las más sentidas y urgentes necesidades de la población, cuya prestación exige de la aplicación de sistemas excepcionales, e, incluso, experimentales, los cuales serán establecidos por el Poder Ejecutivo mediante reglamentos organizativos y funcionales".

Es decir, con la reforma constitucional propuesta, en lugar de corregir el descalabro administrativo producido por la indisciplina presupuestaria de fondos asignados a misiones fuera de la organización general del Estado, se pretende constitucionalizar el desorden administrativo, calificando a las estructuras administrativas del Estado como "burocráticas o tradicionales" y renunciando a que las mismas sean reformadas para convertirlas en instrumentos que sirvan, precisamente, para atender la satisfacción de las más sentidas y urgentes necesidades de la población. Y todo ello dejando la organización de la administración pública a la sola voluntad del Presidente de la República, mediante reglamentos.

En la reforma, la propuesta que se formula en relación con el artículo 321 elimina la disciplina presupuestaria como principio fundamental de la administración económica y financiera del Estado.

En efecto, conforme a los artículos 313 y 314 de la Constitución, la administración económica y financiera del Estado se tiene que regir por un presupuesto aprobado anualmente por la Asamblea Nacional mediante ley, en el cual deben indicarse las estimaciones de ingresos públicos y los gastos públicos anuales que puede efectuar el Ejecutivo Nacional. De esta manera, en el artículo 314 se declara que "no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto"; sólo se contempla una excepción en casos de créditos adicionales al presupuesto, para gastos no previstos o con partidas insuficientes, que también deben ser aprobados por la Asamblea Nacional.

En lugar de establecer, como lo hace la Constitución de 1999, que la ley debe fijar "un fondo de estabilización macroeconómica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos del Estado en los niveles municipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios", en la propuesta de reforma se propone, entre las atribuciones del Presidente (Art. 318), relativas a la administración de las reservas internacionales, "el jefe del Estado establecerá, en coordinación con el Banco Central de Venezuela y al final de cada año, el nivel de las reservas necesarias para la economía nacional, así como el monto de las reservas excedentarias, las cuales se destinarán a fondos que disponga el Ejecutivo Nacional para inversión productiva, desarrollo e infraestructura, financiamiento de las misiones y, en definitiva, el desarrollo integral, endógeno, humanista y socialista de la nación", con lo que se propugna la ruptura definitiva del principio de la unidad del Tesoro.

De esta forma, se busca constitucionalizar el mecanismo de financiamiento paralelo al presupuesto a través de fondos creados sólo por el Ejecutivo Nacional y destinados a las misiones que, además, estén a cargo de éstas, como organizaciones paralelas a la administración pública "burocrática y tradicional





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