Se repite la historia

Por Venezuela Real - 9 de Septiembre, 2007, 14:06, Categoría: Política Nacional

El Universal
09 de septiembre de 2007

Es obligación del Gobierno, el CNE y los partidos promover el máximo nivel de participación de los ciudadanos en el propósito de modificar o no la Constitución. El soberano es el poder constituyente originario y lo que está en discusión es el modelo político y el futuro del país.

Es injustificable que no se haya consultado verdaderamente  el proyecto con los distintos sectores sociales como exige la Constitución vigente y como aparenta promover el discurso oficial.

Ha privado una consigna de confidencialidad y una repentina aceleración que, apartando el desconcierto que genera la cambiante estrategia, contradice los principios de preeminencia y progresividad de los derechos humanos. No hay argumentos válidos para negarle a millones de electores el derecho a disentir o aportar ideas al proyecto.

La modificación que se intenta imponer contradice los artículos 2, 3 y 7 de la Constitución y es una ruptura de los mecanismos de participación que reclama la sociedad, al tratar de aprobar por la vía rápida una normativa que afectará esencialmente a todos venezolanos.

Por el contrario, las naciones ciertamente democráticas se apoyan en la descentralización, el civismo, el diálogo y el profundo respeto a los derechos humanos.

Un modelo de  socialismo radical, o cualquier otro, no puede aprobarse por la vía de la reforma y el referendo, porque de conformidad con el artículo 347 de la Constitución vigente si se quiere transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y modificar profundamente la Constitución, el único camino posible es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta sana tesis fue negada.

La historia parece repetirse. El Ejecutivo adelanta el proceso con toda su fuerza, con muy poca transparencia, imponiendo las reglas a su antojo, sin contrapesos, sin control de los otros poderes. Hasta la forma de realizar la consulta, en bloque y no por artículos, está dictada por el Gobierno. Como en otros delicados asuntos transitados en los últimos años que afectan la vida pública se irrespeta a las minorías y se bloquea el derecho a la participación real.

El resultado será el mismo. Una posible abstención, un cuestionado voto afirmativo forzado desde el poder y la sombra sobre el resultado.

Hay tiempo para hacer los ajustes. Falta saber si hay voluntad política para hacerlo.





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