¿Las misiones en la Constitución? ¿Para qué?

Por Venezuela Real - 10 de Septiembre, 2007, 14:34, Categoría: REFORMA CONSTITUCIONAL

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09 de septiembre de 2007

Recientemente, el Presidente de la República ha anunciado que las misiones estarán ahora en la Constitución.

La administración pública concebida como instrumento de poder del gobierno. Lo dice así en el artículo 141 de la propuesta de reforma constitucional: "Las administraciones públicas son las estructuras organizativas destinadas a servir de instrumento a los poderes públicos, para el ejercicio de sus funciones, y para la prestación de los servicios. Las categorías de administraciones públicas son: las administraciones públicas burocráticas o tradicionales, que son las que atienden a las estructuras previstas y reguladas en esta constitución y las leyes; y las misiones, constituidas por organizaciones de variada naturaleza, creadas para atender a la satisfacción de las más sentidas y urgentes necesidades de la población, cuya prestación exige de la aplicación de sistemas excepcionales, e incluso, experimentales, los cuales serán establecidos por el Poder Ejecutivo mediante reglamentos organizativos y funcionales".

Es interesante notar algunas características de lo expresado en el artículo citado.

La reforma de este artículo lo que hace es darle rango constitucional a una política pública que ya se está aplicando, y que, por lo tanto, no requiere estar en la Constitución ni mucho menos reformarla. No lo requiere porque el diseño de las políticas públicas es deber de todo gobierno y es su obligación atender las necesidades más sentidas y urgentes de la población. Pero no todos los gobiernos están obligados a organizar misiones para cumplir con sus deberes constitucionales, especialmente la complacencia de las necesidades sociales.

Es curioso que lo excepcional esté tan precisamente definido en un texto constitucional que, según los entendidos, tiene como objetivo establecer las grandes orientaciones de un país, las limitaciones del Estado y de los gobiernos, los derechos de los ciudadanos y los límites del poder. Es pues curioso que se diga en el artículo 141 que la administración pública es un instrumento de los poderes públicos.

El artículo 141 de la del 99 es mejor. Parecería mucho más lógico afirmar que la administración pública está al servicio de la ciudadanía y que es obligación del Estado cumplir con sus deberes para con la sociedad. Tal y como lo dice el artículo 141 de la Constitución vigente (la de 1999) conocida como "la bicha": "La administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho".

La importancia del "para qué". ¿Para qué cambiar un artículo cuya redacción en la Constitución vigente expresa mucho más claramente lo que es la administración pública? ¿Para darle rango constitucional a las misiones? Y ¿para qué? Si las misiones ya existen.

Tampoco tiene sentido hacer que las misiones sean obligatorias porque ellas son programas especiales para situaciones sociales excepcionales, tal y como lo dice el propio artículo de la propuesta de reforma.

Lo ideal para una sociedad es que el sistema de salud y de educación funcione bien y que no existan ni analfabetas, ni desertores escolares, ni estudiantes sin cupo. Que los ambulatorios y los hospitales sean modelos de eficacia y que los programas de atención y prevención de enfermedades atiendan a todo el mundo, en especial a los grupos vulnerables. Las misiones atacan problemas sociales graves y por eso son tan populares. Pero el hecho de que existan indica una severa debilidad del Estado en áreas esenciales para el desarrollo de la sociedad y para el pleno ejercicio de derechos humanos fundamentales.

Las misiones ya existen sin necesidad de estar en la Constitución. Además, mientras existan las misiones podemos decir que el Estado es ineficaz y requiere de programas excepcionales en forma perpetua. Otorgarles rango constitucional obliga a todo gobierno posterior a mantenerlas. Entonces, ¿para qué modificar el artículo 141? Responder al "para qué" de la propuesta de reforma constitucional es indispensable para decidir si se justifica o no dicha reforma. Mucho se ha dicho que los graves problemas sociales no se solucionan cambiando la Constitución. La solución es más bien aplicarla, atendiendo las insuficiencias de la población mediante políticas públicas eficaces que mejoren los servicios esenciales bajo la responsabilidad del Estado.

Por otro lado, muchos otros artículos que se pretenden modificar con la reforma, tienden a concentrar más poder político y militar en la figura del Presidente. Es el caso del 185 que le permite nombrar a dedo a vicepresidentes con poder regional, cuando en la actualidad todas las autoridades regionales y locales son y deben ser electas por el pueblo. Otros artículos podrían parecer beneficiosos para todos, como la reducción de la jornada laboral y la inclusión de toda la población en un sistema de seguridad social. Pero esos beneficios ya están en el artículo 86 y 90 de la Constitución vigente. ¿Para qué cambiarlos? ¡Ah caramba! Pareciera que el artículo 230 responde a todos los "para qué": para darle un año más al período presidencial y para que el Presidente de la República pueda ser reelegido de manera ilimitada. El propio Presidente propone una reforma constitucional para darle más poder a él y para prolongarle su mandato indefinidamente. Ese es el único "para qué" con una respuesta precisa. Aclara muy bien el "para qué" y el "para quién" es la reforma.

La inclusión de las misiones es pues un anzuelo para darle más poder al presidente.

Existen pues fundadas razones para decir NO a la reforma de nuestra Constitución.








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