Sin descentralización no hay participación real

Por Venezuela Real - 11 de Septiembre, 2007, 12:13, Categoría: REFORMA CONSTITUCIONAL

ALLAN BREWER CARÍAS
El Nacional
11 de septiembre de 2007

EL ARTÍCULO 5
de la Constitución, establece que "la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público". Con esta norma, se siguió la tradición republicana de la soberanía popular iniciada en 1811 

En la Constitución de 1999 el concepto de representatividad política (democracia indirecta) se complementó con la previsión del ejercicio directo de la democracia, mediante los mecanismos de participación previstos en el artículo 62 que consagra el derecho de todos los ciudadanos "de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes".

La democracia, por tanto, para ser tal, tiene que ser representativa, pudiendo además, establecerse mecanismos de democracia directa. Por ello, en la Constitución de 1999 se exige que la representatividad democrática siempre tiene que tener su fuente en elecciones populares universales, directas y secretas (Art. 70), destinadas a elegir los titulares de los órganos que ejercen el Poder Público, que, por supuesto, son los que establece la Constitución conforme a los principios de distribución y separación de ese Poder Público (Art. 136). En el texto de la Constitución de 1999, si bien es cierto que se eliminó la palabra "representativo" para calificar al gobierno (Art. 6), se precisa en dicha norma que debe ser "democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables". Sin embargo, no existe ni puede existir democracia que no sea representativa, y es la esencia del régimen político democrático la idea de que el pueblo, titular de la soberanía, no la ejerce directamente, sino a través de representantes.

Esta democracia representativa, por supuesto, no se opone a democracia participativa, y ambas se diferencian de los mecanismos de democracia directa como la que deriva de los referendos que perfeccionan la democracia, al igual que de las consultas populares, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas.

Sin embargo, la democracia representativa no puede pretender ser sustituida por la "democracia participativa". Ello es una falsedad, para no calificarla de ilusión. La democracia, para que sea participativa, además de esencialmente representativa, lo que tiene que permitir al ciudadano es participar en los asuntos públicos y tener acceso al poder cuando lo tiene cerca, lo que necesariamente implica un bien arraigado y desarrollado sistema de gobierno local en cada lugar, asentamiento urbano o rural, que sólo puede estar basado en la descentralización política, es decir, en la creación de entidades políticas autónomas que permitan el autogobierno local. En ese sentido, participar es sólo posible cuando, mediante la descentralización, se crean autoridades locales en los niveles territoriales más pequeños, lo que implica desparramar el poder.

Ello, por supuesto, es contrario a la concentración del poder y al centralismo, que es lo que, encubriéndolo con el tema del socialismo y la "participación protagónica", se busca con las propuestas de reformas constitucionales de 2007, que pretenden eliminar de la Constitución, como antes se ha comentado, toda referencia a la descentralización política. Lo que se está proponiendo es la sustitución de la democracia representativa por una supuesta "democracia participativa", pero acabando con la propia democracia como régimen político, y tratando de sustituirla por un régimen autoritario, centralizador y concentrador del poder, que impide la participación política al no existir entidades locales autónomas. Ello se busca con las propuestas para eliminar todo vestigio de autonomía territorial y de descentralización política, con lo que no puede haber democracia participativa. Como se dijo, la participación democrática exige la existencia de entes políticos territoriales autónomos, sin los cuales aquella no pasa de ser una simple movilización controlada desde el poder central. Eso es lo que ocurre, precisamente, con los consejos comunales recién creados por ley, cuyos miembros no son electos mediante sufragio, sino designados bajo el control del propio Poder Ejecutivo Nacional, lo que se busca ahora consolidar constitucionalmente con la propuesta de reforma del artículo 16, referido a la división territorial, para supuestamente garantizar "la participación del Poder Popular".





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