La reelección indefinida elimina alternabilidad

Por Venezuela Real - 13 de Septiembre, 2007, 19:15, Categoría: REFORMA CONSTITUCIONAL

ALLAN BREWER CARÍAS
El Nacional
13 de septiembre de 2007

CONFORME AL ARTÍCULO 4  de la Constitución, el gobierno de la república y de todas las entidades políticas que la componen tiene que ser democrático alternativo, y de allí las limitaciones que la Constitución establece respecto de la reelección de funcionarios.

En el Anteproyecto para l En cuanto al Presidente de la República, el artículo 230, cambiando radicalmente la tradición constitucional anterior, estableció la posibilidad de la reelección inmediata del Presidente de la República, aun cuando por una sola vez, para un nuevo período; el artículo 192 dispuso que los diputados a la Asamblea Nacional podían ser reelegidos sólo "por dos períodos consecutivos como máximo"; el artículo 160 dispuso que los Gobernadores de Estado podían ser "reelegidos, de inmediato y por una sola vez para un nuevo período"; el artículo 162 dispuso que los legisladores a los Consejos Legislativos de los Estados podían ser reelegidos sólo "por dos períodos consecutivos como máximo"; y el artículo 174 dispuso que los Alcaldes podían ser "reelegidos, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período".

En el Anteproyecto para la 1ra. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, se ha propuesto reformar el artículo 230, aumentando el período constitucional del Presidente de la República a siete años, y establecerse que el Presidente de la República "puede ser reelegido o reelegida de inmediato para un nuevo período".

En un marcado criterio reactivo contra los partidos políticos, en la Constitución de 1999 se eliminó tal expresión estableciéndose, en cambio, un conjunto de regulaciones contra lo que habían sido los partidos políticos tradicionales, pero garantizándose el derecho de los ciudadanos de asociarse con fines políticos mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección.

Ahora bien, uno de los problemas vinculados a los partidos políticos había sido el tema del financiamiento público de los mismos que regulaba la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, lo que había conducido a un acaparamiento inequitativo de dichos fondos. Los redactores de la Constitución reaccionaron contra ello, prohibiendo simplemente dicho financiamiento público y exigiendo control respecto del financiamiento privado de los partidos (art.

67), con lo que se retrocedió en lo que es la constante en todo el mundo democrático, habiéndose abierto, de hecho, la posibilidad de financiamiento público irregular e ilegítimo a los partidos de gobierno.

En el Anteproyecto para la 1era. Reforma Constitucional PR, agosto 2007, al igual que en las Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007, se busca modificar la prohibición establecida en el artículo 67 de financiamiento de los partidos políticos con fondos provenientes del Estado, previéndose que "el Estado podrá financiar las actividades electorales", pero sin indicarse si se trata de un financiamiento a los partidos políticos en general o a las actividades electorales del partido único socialista o de los candidatos a reelección. En las propuestas se establece además una remisión a la ley para establecer "los mecanismos para el financiamiento, el uso de los espacios públicos y accesos a los medios de comunicación social en las campañas electorales, por parte de las referidas asociaciones con fines políticos".

En las Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007, se agregaba que la ley debía establecer esos mecanismos "para el financiamiento transparente de las actividades electorales", "el uso de los espacios públicos y acceso a los medios de comunicación social en las campañas electorales, por parte de las asociaciones con fines políticos".

Sin embargo, tanto en el Anteproyecto para la 1era.

Reforma Constitucional PR, agosto 2007, como en las Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007, se busca eliminar la prohibición general que regula el artículo 67 de la Constitución de 1999, en el sentido de que "Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no podrán contratar con entidades del sector público". En un sistema de partido único oficialista, la eliminación propuesta es un llamado a la legitimación de la imbricación total entre el partido y el Estado.

Por otra parte, tanto en el Anteproyecto para la 1era.

Reforma Constitucional PR, agosto 2007, como en las Propuestas de Reforma del CPRC, junio 2007, en la propuesta del artículo 67 se establece una prohibición general en cuanto al "financiamiento a las asociaciones con fines políticos o a quienes participen en procesos electorales por iniciativa propia, por parte de gobiernos o cualquier otra entidad pública o privada extranjeros".






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