Rocío San Miguel: "Reforma legalizará la exclusión política"

Por Venezuela Real - 19 de Septiembre, 2007, 10:51, Categoría: Derechos Humanos

JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
19 de septiembre de 2007

San Miguel presentó los resultados de la investigación realizada en estos cinco meses sobre el llamado "apartheid político"
1.222 venezolanos han sido víctimas de discriminación por funcionarios públicos

1.222. Ese es el número de venezolanos que habrían sido víctimas de discriminación política por parte de funcionarios públicos desde enero de 2003 hasta mediados de este año, según reveló un estudio elaborado por las organizaciones Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional; el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y Ciudadanía Activa.

Sin embargo, voceros de estas agrupaciones advirtieron que esta cifra se incrementará en el futuro, de aprobarse la propuesta de reforma constitucional que el presidente Hugo Chávez presentó a la Asamblea Nacional, tal y como está.

En rueda de prensa celebrada ayer en el Ateneo de Caracas, el coordinador de Ciudadanía Activa, Carlos Vecchio, advirtió: "En este informe se deja ver una tendencia hacia la discriminación política desarrollada por parte del Estado, pero cuando revisamos la reforma constitucional observamos que con ella se pretende constitucionalizar la discriminación (...) En 10 de los 33 artículos que el Presidente desea modificar tienen expresiones como socialismo o socialista, lo que quiere decir que se pretende imponer una sola ideología a los venezolanos y eso es discriminación".

Tras recordar que la Carta Magna, en su artículo 2, establece que Venezuela es un estado donde se respeta el pluralismo político, señaló: "Se quiere colocar una sola visión en la Constitución, dejando al resto de la población a un lado".

En las elecciones presidenciales de diciembre pasado, el 39% de los electores que sufragó no respaldó la reelección del Jefe del Estado.

Situación preocupante

Por su parte, la coordinadora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, denunció que la segregación por razones políticas en Venezuela es una practica "apoyada por parte de las instituciones del Estado de manera generalizada, sistemática y en muchos casos con el respaldo de los mecanismos informáticos que poseen las instituciones gubernamentales, sin que haya sido posible hasta ahora establecer la responsabilidad del Estado, ni el desagravio o la indemnización a las víctimas".

San Miguel, quien en 2004 fue despedida del Consejo Nacional de Fronteras por haber respaldado con su firma la solicitud de referendo revocatorio presidencial, dijo que a esta conclusión arribaron luego de pasar cinco meses revisando las 5.622 informaciones aparecidas en los diarios El Universal, El Nacio- nal, Tal Cual y Últimas Noticias con denuncias sobre las represalias de las que han sido víctimas ciudadanos por sus opiniones y posiciones.

Explicó que los más afectados por este tipo de violación a los Derechos Humanos son, según la investigación hemerográfica realizada, los periodistas y dueños de medios privados, empresarios, estudiantes y profesores opositores; ex trabajadores petroleros y sus familias, jueces, manifestantes y dirigentes opositores; militares y organizaciones no gubernamentales.

Asimismo informó que las maneras cómo se materializa la discriminación son la aplicación parcializada de la ley, el no respeto a los derechos políticos (asociación, manifestación, sufragio libre, etcétera), a la libre expresión, al trabajo y la función pública.

Aseveró que el número de denuncias ha venido disminuyendo en los últimos años. No obstante, no descartó que esto se deba a que temen sufrir represalias por informar públicamente la situación de la que están siendo objetos.
Discurso altisonante

San Miguel afirmó que uno de los instrumentos que más contribuye a la segregación y la división de la sociedad es el verbo presidencial y de otros altos funcionarios del Estado.

Exigió al mandatario desterrar expresiones que puedan contribuir a mantener esta vulneración a una garantía fundamental y que se investigue y sancione a los responsables, al tiempo que se repare a las víctimas.

Por último, lamentó que la investigación que en 2005 abrió el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, no haya arrojado ningún resultado hasta el momento.









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