El Estado difama a usuarios de tarjetas

Por Venezuela Real - 24 de Septiembre, 2007, 14:11, Categoría: Dimensión Social

BLANCA VERA AZAF
El Nacional
24 de Septiembre de 2007

La lista de Cadivi, con los nombres de 1.404 venezolanos que supuestamente violaron el régimen de control de cambio, constituye -según analistas- una estrategia para prevenir los ilícitos que lastima la reputación.
El Estado aplica técnicas difamatorias para prevenir irregularidades
Ley de ilícitos cambiarios estipula penas de hasta tres años para tarjetahabientes
La lista de Cadivi pone al descubierto información confidencial que puede ser utilizada para el fraude

Una nueva lista, esta vez realizada por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), fue publicada la semana pasada y 1.404 venezolanos fueron citados ante ese despacho para que demuestren su inocencia frente a la presunción de haber cometido ilícitos cambiarios, delito que según establece la ley debe ser castigado con prisión de uno a tres años.

La elaboración de esta lista fue el resultado concreto de un convenio firmado entre Cadivi, la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras y la Onidex para intercambiar datos y verificar los consumos de los venezolanos a quienes se le autorizaron las asignaciones de divisas con tarjeta de crédito y para compras en Internet.

Toda la información financiera de los ciudadanos fue cruzada con otras dos instituciones, sin conocerse quién asumirá la responsabilidad de resguardar el apropiado uso de esa data confidencial en una época en la que el sistema financiero ha sido violentado y los usuarios de la banca han resultado víctimas de fraude bancario.

Es así como entre 35% y 40%% de la población, que según la Sudeban son las cifras de los bancarizados (venezolanos con acceso a los servicios financieros), está siendo auscultada por tres instituciones distintas y sus datos personales revisados sin habérseles solicitado a los dueños permiso.

"Es una violación de la privacidad que está garantizada en la Constitución Bolivariana de Venezuela", señala el presidente de la Alianza Nacional de usuarios y Consumidores, Roberto León Parilli. "La Sudeban no tiene derecho a entregar esos datos. La firma de ese convenio fue un error. A dónde se dirigirán los consumidores si llegaran a ser víctimas del fraude como producto de este cruce de información", se pregunta.

Añade que no hay que olvidar que los venezolanos tienen que hacerle frente al hecho de que la data que maneja la Onidex la venden en discos compactos los buhoneros del centro de Caracas, y teme que esa misma suerte la sufran los datos financieros que debió resguardar la Sudeban.

"La Superintendecia cometió un error al entregar esa data", sentencia.

Etiquetas y sanciones.

La Ley contra los Ilícitos Cambiarios es el instrumento legal creado por el Gobierno, para aplicar las sanciones de aquellas personas que violen el control de cambio impuesto después el paro petrolero en febrero de 2003. Como consecuencia de ese control, los venezolanos no tienen la libertad de adquirir dólares fuera de los aprobados por Cadivi y liquidados por el Banco Central de Venezuela.

Cada año se aprueban 5.000 dólares para uso de la tarjeta de crédito y otros 3.000 dólares para compras por medio de Internet. Adicionalmente, son asignados 400 dólares en efectivo. Estas asignaciones son personales e intransferibles y según el artículo 8 de la ley: "Quien destine las divisas obtenidas lícitamente para fines distintos a los que motivaron su solicitud, será sancionado con prisión de tres a siete años y multa del doble del equivalente en bolívares de la operación cambiaria".

Sin embargo, la citación que hace Cadivi a los 1.404 tarjetahabientes que presuntamente vendieron sus asignaciones de dólares, en ningún momento hace referencias a las penas o multas establecidas en la ley.

Este hecho lleva a pensar a algunos analistas que el Estado está utilizando técnicas difamatorias para prevenir los ilícitos, conocida como "etiquetamiento". Consisten en que la autoridad estigmatiza a aquellos posibles delincuentes y decide castigarlos lastimando su reputación; tal y como sucede en países de tinte comunista como China donde actualmente el gobierno aplica el bochorno a aquellas familias que tiene más de un hijo que es lo permitido por la ley.

Graves consecuencias puede traer esta decisión del Ejecutivo para los consumidores de servicios financieros –más allá del daño que se ha hecho a su honor y privacidady eso por ello que Anauco está evaluando la posibilidad de introducir un acción judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de este acuerdo que originó la lista de Cadivi.







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