1.222 víctimas

Por Venezuela Real - 7 de Octubre, 2007, 18:02, Categoría: Derechos Humanos

Giuliana Chiappe
El Universal
Expedientes

Entre 2003 y 2007, se registraron más de un millar de denuncias públicas de discriminación política por parte del Gobierno. Una ONG sacó la cuenta y esta semana se la muestra a la CIDH.

CONTRA LOS DDHH

La lista de víctimas públicas de discriminación política es larga. Son más de 1.222 personas las que se han sentido maltratadas en los últimos tres años y medio, desde el 1° de enero de 2003 y hasta el 15 de junio de 2007. Son víctimas, porque han sido afectadas en sus derechos políticos; públicas, porque en algún momento se atrevieron a difundir sus casos ante un medio de comunicación, y de discriminación política porque el motivo de la violación a sus derechos es su oposición manifiesta al Gobierno actual, lo cual constituye una violación a los convenios internacionales suscritos por la República de Venezuela.

No es una cifra dicha al voleo. Los 1.222 casos fueron recopilados, con el debido respaldo en formato digital, por la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, que dirige la abogada Rocío San Miguel. Fueron recopilados en las ediciones diarias de cuatro periódicos, El Universal, El Nacional, Últimas Noticias y TalCual, y depurados para no repetir historias ni personas. También se extrajeron declaraciones de altos empleados del Estado que contenían evidentes matices de discriminación política. En ese período, encontraron 108 frases de este estilo dichas por el presidente Hugo Chávez y 116 atribuidas a otros altos funcionarios públicos, entre los que se cuentan el Fiscal General y el Defensor del Pueblo.

En el documento, que cuenta con 436 páginas y contiene un resumen de la recopilación, el análisis respectivo, conclusiones y recomendaciones, será consignado este viernes 12 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concedió audiencia a varias organizaciones venezolanas. Al decir de San Miguel, el de Control Ciudadano es un documento que prueba la sistematización de la discriminación política en el país. En su elaboración participaron como asesores, Amalio Belmonte, Héctor Fagúndez, María Gracia Moraís y el sacerdote jesuita Luis Ugalde. "Este es un trabajo que cumple con los rigurosos estándares de derechos humanos, lo que le otorga plena confiabilidad; además, ha constituido un acervo hemerográfico extraordinario y disponible para futuras investigaciones", explica San Miguel, quien fungió, también, como coordinadora del proyecto.

A su decir, la discriminación política en Venezuela es una estrategia de Estado. Afirma que "se trata de una violación de los derechos humanos que ha venido alentándose por parte de las instituciones estatales, de manera generalizada, sistemática e incluso con apoyo de mecanismos informáticos, sin que haya sido posible hasta ahora, establecer la responsabilidad del Estado ni la reparación correspondiente de los afectados".

Con acciones de discriminación política, el Gobierno venezolano estaría violando trece tratados suscritos, doce declaraciones internacionales y seis artículos de rango constitucional.

Para elaborar la base de datos de víctimas de discriminación política, el equipo de Control Ciudadano procesó 5.622 noticias publicadas en cuatro diarios, excluyendo artículos de opinión. De la depuración de tales informaciones, obtuvo 1.222 víctimas entre 2003 y junio de 2007. El Universal reseñó 657 casos; El Nacional, 592; Ultimas Noticias, 157 y TalCual, 120.

El informe no se limita a cuantificar noticias de prensa. Los especialistas han plasmado un análisis adicional sobre nueve normas jurídicas aparentemente diseñadas con fines de discriminación política y 14 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que podrían perseguir el mismo objetivo.

De víctimas y colectividades

El concepto "colectividades de víctimas" está plenamente aceptado dentro de los estándares de derechos humanos internacionales. Se trata de grupos de personas que, simplemente por pertenecer a determinada colectividad resultan afectados por discriminación política. San Miguel identifica 14 grupos. De estos, los más representativos son dos: los firmantes a favor del referéndum presidencial, que suman más de 4 millones de personas, a quienes se les violó la privacidad de sus datos y fueron incluidos en la lista Tascón y posteriormente en el Programa Maisanta y los aproximadamente 18 mil empleados de Pdvsa, despedidos sin poder retirar prestaciones ni cajas de ahorro. La otra docena de colectividades está compuesta por dueños de medios y comunicadores sociales, empresarios, estudiantes y profesores opositores, jueces y otros empleados del sistema de justicia, manifestantes de la oposición, militares, organizaciones no gubernamentales, personas privadas de libertad por los sucesos de abril de 2002, personas repudiadas por no afiliarse al PSUV, propietarios de tierras afectados, sindicatos opositores y víctimas del 11 de abril de 2002.

De la misma manera, identifica diez esferas de discriminación política: electoral y de derechos políticos, laboral y de la función pública, educativa y cultural, militar, económica, social, de la libertad de expresión, de los jueces y demás funcionarios del sistema de justicia, de la aplicación de la ley y otras esferas, con menor incidencia. Según San Miguel, cada una de ellas es susceptible de amplias investigaciones.

El año que registra mayor número de denuncias es 2004. Sin embargo, después comienzan a mermar las demandas públicas. Según la representante de la ONG, la razón es que se comienza a desconfiar de las instituciones, y más cuando existen sentencias judiciales que amparan lo que sería una práctica discriminatoria por motivos políticos. También temen represalias. Los medios terminan siendo los que asumen las voces de las víctimas que se atreven a protestar. Mientras en cuatro periódicos se reflejaron 1.222 denuncias, las ONG dedicadas a los Derechos Humanos sólo habían registrado 40.

Según el cotejo informativo de Control Ciudadano, en 2003 los cuatro periódicos analizados reportaron 207 denuncias; en 2004 fueron 506; en 2005, 315; en 2006, 147 y en la primera mitad de 2007, 47 denuncias.
Ese verbo encendido

Además de supuestos eventos de violación a los derechos políticos de los ciudadanos, de sentencias y leyes que pueden resultar polémicas, Control Ciudadano encontró 224 declaraciones de altos funcionarios públicos que, a su juicio, son de índole de discriminación política.

De estas expresiones, 108 fueron pronunciadas por el presidente Hugo Chávez en discursos públicos, cadenas presidenciales y en su programa Aló, Presidente. Las restantes 116 declaraciones se disuelven entre otros funcionarios de menor rango, pero muy importantes en la jerarquía gubernamental, como ministros, gobernadores, jueces y miembros de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral, además del Fiscal General y el Defensor del Pueblo. Según el criterio metodológico impuesto, Control Ciudadano seleccionó sólo las declaraciones de aquellos funcionarios que ejercen un rol directo dentro del funcionamiento del Estado, general políticas públicas y, al mismo tiempo, opinión pública. En este sentido, a San Miguel le parece particularmente grave, las declaraciones de personas que, al momento de expresarlas, ejercían como jefe de Estado, de Gobierno y ministro de Relaciones Exteriores pues sus actos generan obligaciones internacionales al Estado que representan.

Las declaraciones de los altos funcionarios, reflejadas en el informe de Control Ciudadano, contienen adjetivos de descalificación, amenazas, ironías, acusaciones infundadas, frases con matiz bélico y otras expresiones que, considera San Miguel, conforman el llamado "discurso del odio", siempre dirigido a ciudadanos que se oponen políticamente al mandatario.

Rocío San Miguel comenta que, desde 2004, ha solicitado al canal del Estado, VTV, que le conceda espacio para denunciar situaciones de discriminación política. Dice que tiene la carta recibida y firmada por la presidencia del canal. Lo que no tiene es la respuesta. Después de tres años, no le ha sido concedido el espacio que solicita, a su decir, en aras de la pluralidad que se pregona como bandera. Por los momentos, busca otras tribunas, como la que le prestará este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Memoria escrita

Son tantos casos, que muchos se han olvidado. Pero el respaldo hemerográfico con el que cuentan, los hace imborrables, y su recopilación, según Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, un documento probatorio de la presunta discriminación política ejercida en Venezuela.

En su informe, Control Ciudadano hace un recuento de 1.222 víctimas de discriminación política. El enorme abanico, imposible de transcribir en su totalidad, incluye casos militares, de políticos de oposición, comunicadores sociales, funcionarios despedidos y ciudadanos comunes.

En el grueso de las denuncias realizadas entre 2003 y 2007 figuran militares, marinos y políticos afectados con detenciones, violación de sus derechos ciudadanos y pases forzados a retiro. Entre ellos, Carlos Alfonzo Martínez; Francisco Usón; el capitán de fragata Luis Lovera, destituido de su comando por haber protestado el ataque sufrido por manifestantes de plaza Francia; la detención por diversos motivos de los militares que manifestaron su oposición al gobierno en Altamira, como Juvenal Mora y Víctor Valero.

Periodistas y reporteros gráficos conforman otro grupo numeroso entre las víctimas anotadas por Control Ciudadano. Algunos de ellos son Pedro Lara, detenido y maltratado por tomar fotos en las cercanías de Miraflores, al igual que Milagros Rodríguez y Richard Pérez, de Telemundo; agresiones denunciadas por Aymara Lorenzo, Luis Fernández, Mayela León, Héctor Castillo y Ángel Colmenares, entre muchos y el atentado contra Marta Colomina y su productora Liliana Velásquez.

El despido de empleados públicos, por no adherirse políticamente al Gobierno, se incluye en el informe. Entre esos casos están los de Orlando Córdova, gerente de Operaciones del Metro de Caracas, por pronunciarse en Plaza Francia y profesores que se sumaron a paros cívicos como Pedro Luis Rodríguez y Carlos Rivas, de Anzoátegui.

Los estudiantes también han sido afectados.

 Un par de víctimas fueron Jesús Soriano, detenido durante una marcha en la Universidad Central de Venezuela y quien, según su abogado, fue torturado en la Disip donde "le arrancaron las uñas" y Ricardo Sánchez, alumno de Estudios Internacionales de la UCV, quien ante la fiscalía también denunció torturas y quemaduras por parte de funcionarios de la Disip que lo acusaron de conspirador por participar en marchas de oposición.







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