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Adjudicatarios de Vargas exigen titularidad de su apartamento
Por Venezuela Real - 10 de Octubre, 2007, 15:38, Categoría: Vivienda
NADESKA NORIEGA ÁVILA
El Universal 09 de octubre de 2007 Adjudicatarios de los apartamentos de Solidaridad Litoral residen allí desde 2004 y los de los town houses desde el 2001 En el urbanismo Solidaridad Litoral se encuentran en un limbo jurídico Catia La Mar.- Cuando María de Romero recibió las llaves de su apartamento en la urbanización Solidaridad Litoral, destinada a varguenses afectados en 1999, aumentaron sus esperanzas de un mejor futuro. Atrás quedaban mudanzas, la inseguridad y estrecheces que había padecido tras perder su vivienda en Los Corales. A pesar de estar acostumbrada a una amplia casa con jardines, el apartamento de 80 metros cuadrados le pareció la gloria. "Fue una emoción muy grande. Por fin volvía a tener algo mío, para poder arreglarlo a mi gusto y según mis posibilidades", explica Romero. La entrega del inmueble, en agosto de 2004, se realizó bajo la figura de la adjudicación. "Firmamos un certificado de adjudicación con Fondur, en donde se establece que posteriormente se formalizaría la negociación con un contrato de venta a plazos que nos otorgaría la propiedad y nosotros cancelaríamos Bs 21 millones que cuesta cada apartamento. Han pasado tres años y la información que da Fondur es incierta. En unas oficinas dan cuentas para que se deposite mensualmente. En otras dicen que van a hacer operativos especiales con el urbanismo para definir el estatus, pero nada. Los que vivimos aquí no nos negamos a pagar, pero queremos seguridad de que esto sea nuestra propiedad. No queremos ser más adjudicatarios, sino propietarios", advierte Romero, cuya posición es compartida por adjudicatarios de 10 edificios de 41 apartamentos --siete concluidos y tres en construcción- del urbanismo. Más años de espera llevan los de las 40 casas tipo town house que forman parte del urbanismo. "En noviembre 2001 el presidente Hugo Chávez hizo un acto para entregarnos las llaves. Es la única legalidad que nos ampara, pues aún no puedo decir que soy propietario de una vivienda que no está a mi nombre, sino que todavía pertenece al Estado. Hemos invertido entre 8 y 50 millones de bolívares en acondicionamiento. Lo malo es que ésta es una referencia que no se puede usar ni para un crédito, porque legalmente no es tuya", refiere Ricardo Verastegui. El documento de adjudicación establece la imposibilidad de vender, ceder o arrendar el inmueble, así como la de negociarlo, en un término de 10 años, período en que es obligante habitarlo. En este lapso el adjudicatario tampoco podrá adquirir otra vivienda si desea ser beneficiario del crédito del Estado. "Parece que es política de Estado no dar la propiedad de la vivienda a beneficiarios del Gobierno. Una medida de control sobre nosotros para crear dependencia. Un gobierno no puede jugar con la necesidad primaria de una familia. La actual Carta Magna garantiza el derecho de todo venezolano de tener una vivienda digna. Yo vivo en una. Ahora quiero pagarla y que sea mía", advierte el también adjudicatario Alfredo Rivas. |
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