Leyes complementan aplicación de principio de ocupación previa

Por Venezuela Real - 10 de Octubre, 2007, 14:11, Categoría: REFORMA CONSTITUCIONAL

EDUARDO CAMEL ANDERSON
EL UNIVERSAL
10 de octubre de 2007

Expertos plantean que el Estado pierde incentivos para pagar indemnizaciones

El proyecto de reforma de la Constitución Nacional presentado por el presidente Hugo Chávez a la Comisión Mixta que administra el proceso, incorpora la figura de la ocupación previa en los procesos de expropiación.

En el Artículo 115, que consagra la protección a la propiedad privada y contiene las disposiciones de uso, goce, disfrute y disposición de los bienes, el proyecto de reforma incluyó lo siguiente: "Podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes, sin perjuicio de la facultad de los órganos del Estado, de ocupar previamente, durante el proceso judicial, los bienes objeto de expropiación, conforme a los requisitos establecidos en la ley".

La ocupación previa es una figura que ya está contemplada en la Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública, vigente, y puede ser realizada por motivos excepcionales, como serían los desalojos temporales para la ejecución de obras, por catástrofes naturales, o por circunstancias en las cuales se haya consignado previamente el valor del inmueble en un tribunal designado.

Los analistas consultados han coincidido en que esa norma protege a los propietarios contra una ocupación previa ilegal o discrecional.

Sin embargo, la rama que se opone a dar carácter constitucional a esta modalidad de ocupación advierte que el Estado pierde los incentivos a realizar indemnizaciones tras los procesos de expropiación.

El Código Civil también contempla conceptos y protección de la propiedad privada.

Pero si bien el resto de las normas base que tiene Venezuela mantienen una regulación que puede tranquilizar a los interesados, es un eventual cambio en esas leyes lo que preocupa a los analistas: Una vez reformada la Constitución Nacional, es previsible que pueda haber modificaciones a otros articulados.

De hecho, la historia reciente cuenta que, cuando fue reformada por última vez la Ley de Tierras, reincorporó disposiciones en materia de ocupación previa que en 2001 el Tribunal Supremo de Justicia había dejado sin efecto por considerarlas inconstitucionales.

No obstante, para la actual presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, la historia es al revés. "Lo que se está haciendo es traer a la Constitución el contenido de la ley", dijo la jurista días atrás.

Precedentes

El país ha dado varios pasos en los últimos años en la adopción de mecanismos de ocupación previa, lo cual evidencia la importancia que tiene para el Estado socialista que proyecta la administración Chávez contar con esta herramienta para adelantar sus planes estratégicos.

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que fue promulgada en 2001 y reformada en 2005, estableció una prerrogativa para permitir al Instituto Nacional de Tierras (INTI) ocupar mediante medidas cautelares predios que fueran susceptibles de rescate antes de los procesos judiciales.

Ya un fallo del Tribunal Supremo de Justicia había declarado inconstitucionales los artículos números 89 y 90 de la Ley de Tierras.

Dichos artículos señalaban que durante el proceso de rescate de tierras se podía permitir la ocupación de éstas por terceros, mientras se culminaba el procedimiento.

Además, se indicaba que no se pagaría indemnización por bienhechurías a quienes ocuparan ilegalmente tierras consideradas públicas.

Pero la determinación del TSJ fue evadida por la posterior reforma a la ley, sancionada por la Asamblea Nacional en 2005, al incorporar al INTI la potestad de ejercer medidas cautelares.

Variedad

Infraestructuras y terrenos no serían los únicos bienes que constitucionalmente podrían caer en situación de ocupación previa.

Parecido es el escenario del sector productor de alimentos, ya que la propuesta del presidente Chávez indica que "para garantizar la seguridad alimentaria, la República podrá asumir sectores de la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola indispensables a tal efecto (...) así como utilizar a plenitud las potestades de expropiación, afectación y ocupación".

El abogado Manuel Perozo precisó en este particular que el gobierno actual ha sido "sumamente flexible, cuando se trata de emitir decretos o reformar leyes vigentes que tengan que ver con la soberanía alimentaria", lo cual le permite suponer que, al menos en la rama industrial, "este es un sector particularmente sensible a la expropiación, y procesos de ocupación previa".






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