El Estado podrá tomar todo el aparato productivo agropecuario

Por Venezuela Real - 15 de Octubre, 2007, 17:11, Categoría: REFORMA CONSTITUCIONAL

ERNESTO J. TOVAR
El Universal
15 de octubre de 2007

Empresas públicas y cooperativas facultadas para encargarse del agro

La propuesta de cambio constitucional del presidente Chávez indica que cuando haya dudas o temores con la seguridad agroalimentaria, será el Estado quien manejará y se encargará de todo lo relacionado con la producción de alimentos desde el sector primario.

En el panorama económico venezolano son claras las deficiencias en la producción de alimentos básicos para la dieta como leche, azúcar, carne, pollo, caraotas, huevos, sardinas y aceite. En la mayoría de los casos, el Gobierno debe autorizar importaciones o hacer las compras de estos rubros directamente, por la insuficiente producción.

Aunque Elías Jaua, ministro de Agricultura y Tierras (MAT), indicó que "desde 1998 a 2006 se producen 3 millones más de toneladas de alimentos en el país" y asegura que hay 85 fundos zamoranos productivos en tierras recuperadas por el Gobierno, el procesamiento de alimentos está lejos de garantizar la seguridad agroalimentaria.

Omnipresencia estatal

El artículo 305 que el presidente Chávez propuso a la Asamblea Nacional señala que "para garantizar la seguridad alimentaria, la República podrá asumir sectores de la producción agrícola y pecuaria; y transferirlas a empresas públicas y organizaciones sociales, cooperativas o comunitarias".

Con esto se otorga rango constitucional a lo que indica el artículo 4 del decreto Ley contra el Acaparamiento, que señala que el Ejecutivo puede iniciar la expropiación de todos los bienes necesarios para producir, fabricar, importar, acopiar, distribuir y comercializar alimentos o productos sometidos a control de precios, mediante decreto por razones de seguridad y soberanía alimentaria.

Las actividades de siembra, cosecha, cría de animales, ordeño, beneficio, pesca y captura de especies comestibles pueden ser manejadas en su totalidad por el Estado, con el argumento de la seguridad alimentaria.

El pesado papel colectivo

Con las nuevas formas de propiedad social planteadas en la propuesta de Chávez, las figuras comunitarias tienen un gran impulso y cobran un papel fundamental.

El proyecto de artículo 305 expone que si el Estado decide tomar el control de alguna cadena productiva, las comunidades (organizadas en consejos comunales, cooperativas o fundos zamoranos) podrán recibir la autorización gubernamental para operar estas cadenas.

Las dudas sobre el futuro de la actividad agroproductiva surgen cuando se considera que -según la Superintendencia de Cooperativas- 54% de las cooperativas registradas (215.000) está inactivas. Además, más de 70% de estas asociaciones (150.000) se dedican al sector servicios, mientras que sólo 12% de las cooperativas (25.800) están dedicadas a la agricultura.

Asímismo, se desconocen los resultados y el aporte de alimentos de los 85 fundos zamoranos conformados como alternativa productiva a los latifundios, e impulsados por el MAT junto con la Ley de Tierras.

Todopoderoso

Aunque las autoridades del Gobierno aseguran que no pretenden "competir con las redes privadas", el Ejecutivo Nacional se ha dado a la tarea de desarrollar su propio tejido agroindustrial, con la declarada intención de procesar la mayor cantidad de alimentos.

Esta red comprende al menos 50 industrias alimentarias que instalará el despacho de Agricultura hasta 2008.

De este escenario destaca una clara intención de presionar el desempeño de los productores para que el Estado sea el gran agente económico, con protección hacia las formas colectivas.

Ya el ministro Jaua ha señalado que "los productores tienen la obligación moral de arrimar sus cosechas a las empresas del Estado que son propiedad mixta o estatal".

A esta "obligación" se suma la propuesta constitucional del artículo 113: "no se permitirán actividades, acuerdos, prácticas, conductas y omisiones de los particulares que vulneren los métodos y sistemas de producción social y colectiva".

Como resultado, aumentará la desinversión que los productores privados han reportado por la inseguridad jurídica ante un Estado avasallante, que contará con "plenas potestades para expropiar, afectar y ocupar, en los términos de esta Constitución", según el artículo 305. Sobre esto, la propuesta de Carta Magna indica que es posible "la expropiación de cualquier clase de bienes sin perjuicio para ocuparlos previamente".






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