CARTA ABIERTA A VENEZUELA ... ANTE LA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Por Venezuela Real - 16 de Octubre, 2007, 11:13, Categoría: REFORMA CONSTITUCIONAL

FORO PENAL VENEZOLANO / VIVE / FUERZA INTEGRADORA
14 de octubre de 2007

Ante las recientes reformas y añadidos planteados por la Asamblea Nacional al texto de las modificaciones la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela propuestas por Hugo Chávez Frías, queremos advertir a la Comunidad Nacional e Internacional lo siguiente:

1.- Sobre la ilegitimidad e inconstitucionalidad del planteamiento de reforma constitucional y de los mecanismos empleados para su aprobación.

Hemos dicho públicamente, y lo seguimos manteniendo, que los mecanismos que se están utilizando para la reforma del texto constitucional son en sí mismos inconstitucionales y violatorios de derechos humanos y fundamentales que reposan en el pueblo como portador del poder originario. Es así que las decisiones que se han tomado desde la Presidencia de la República, convalidadas por la comisión presidencial nombrada para los efectos de reforma constitucional, y hasta ahora avaladas por la Asamblea Nacional son, en estricto derecho, írritas y atentan contra los postulados fundamentales de rango constitucional sobre los que no le está dado al poder proponer modificación alguna. Se violan los mecanismos de cambios constitucionales establecidos por la misma Carta Magna, tal y como lo han expresado inclusive voceros oficialistas.

De allí que advertimos que el procedimiento utilizado para forzar la aprobación de la reforma propuesta por Hugo Chávez y las adiciones y alteraciones hechas a la misma en el seno de la AN es fraudulento y lesivo de los derechos de todas y todos los venezolanos, cualquiera que sea su tendencia política. Por ello es menester, y así lo rodena el Art. 333 de la Carta Magna Vigente, asumir contra estas modificaciones una postura de absoluto rechazo y advertir a la comunidad nacional e internacional, sobre las consecuencias políticas, sociales y jurídicas que esto está ocasionando y que ocasionará hacia futuro.

2.-La eliminación de las garantías al debido proceso y a la información durante los estados de excepción o de conmoción nacional.

Las recientes modificaciones propuestas por la Asamblea Nacional, particularmente en lo relativo a la eliminación del Debido Proceso así como el derecho a la información durante los estados de excepción y estados de conmoción nacional, así como la eliminación del requisito procesal del antejuicio de mérito para altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional, constituyen la más palpable e indudable concreción de una dictadura de rango constitucional, que de ser convalidada o aprobada implicaría la validación graves de abusos ya vividos en la historia de Venezuela durante las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez; además de configurar una vez más la absoluta concentración del poder en Hugo Chávez Frías como sujeto que sería reelecto indefinidamente, con lo cual todas aquellas comparaciones que se han hecho con gobiernos de corte dictatorial como el Cubano, serían escasas en relación con lo que esto traduciría para nuestro país.

Las declaraciones de Cilia Flores en su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional el día 12 de octubre de 2007 revelan la clara intención de la reforma constitucional, que en ningún momento es ni ha sido la de favorecer los intereses del pueblo sino del grupo político en el poder. Si alguien tenía dudas sobre las razones de los cambios, la Sra. Cilia Flores dejó claramente expresado que “…con la reforma de este artículo (el 337) el gobierno está blindado…”. En otras palabras, la reforma no está dirigida a que el Estado garantice, como lo ordena el Art. 3° de la Constitución vigente, el “…desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad…”, sino a garantizar el mantenimiento en el poder de un grupo de ciudadanos de espaldas al pueblo y sus anhelos. Se coloca al poder y a sus prioridades hegemónicas por encima de la persona, por encima de los individuos, y con ello se acaba con la concepción constitucional que hace del ser humano, y no del gobierno o de sectores políticos parcializados, el destinatario último de todo acto del poder.

Toca al pueblo preguntarse si la Reforma Constitucional en éstos términos planteada busca ser la base esencial del desarrollo político, social, cultural y económico de un pueblo, o sólo ser, por el contrario, el maquillaje protector de un gobierno al que sólo interesa la concentración de poder excesiva en cabeza del Presidente de la República, otorgándole de manera excesiva y sin estar sometida a ningún tipo de control potestades para reorganizar territorios, administrar la economía nacional, calificar el derecho a la propiedad según las necesidades y conveniencias del Poder Ejecutivo; designar autoridades regionales, municipales, comunales sin criterio alguno distinto de la conveniencia personal del Presidente de la República, y someter a la Fuerza Armada Nacional a los intereses de quien gobierna y no a los supremos intereses del pueblo, a la soberanía, a la paz y a la democracia.

Debemos preguntarnos si puede ser la propuesta en discusión verdaderamente respetuosa de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico (Art. 2° de la Constitución vigente), especialmente el del pluralismo político como base del ejercicio democrático, cuando se propone en ella la exclusión de todos aquellos que no participen de la doctrina socialista impuesta para todos, o cuando se impone, sin criterios claros que abonen a favor de la verdadera solidaridad, a los ciudadanos la obligación de cumplir labores sociales y laborales según los intereses del Gobierno, o cuando en ésta se acaba con la alternabilidad democrática (Art. 6° de la Constitución vigente) cuando se plantea la reelección indefinida sólo del Presidente de la República (desconociendo la legitimidad de los liderazgos regionales)

Todos estos argumentos, de por sí, eran ya suficientes para considerar que el control total del destino del país desde todo punto de vista estaría, de aprobarse la reforma propuesta, en manos del Presidente de la República. Ahora, si acaso quedaba la posibilidad de recurrir a la ley y a los controles que de ésta dimanan para el ejercicio del poder, las pocas garantías, por lo menos en teoría y a nivel formal, que quedaban a favor del estado de derecho (Art. 2°, de la Constitución vigente) serán suprimidas cuando ello sea de la consideración del Poder Ejecutivo con un claro interés retaliativo y con la evidente finalidad política de deslastrar al Gobierno de los contrapesos que el Estado de derecho opone a toda actuación del poder, particularmente en materia penal.

Así quedó definido por la misma presidenta de la Asamblea Nacional al decir textualmente que su idea, más que garantizar los derechos de la ciudadanía en general, es la de “…garantizar la paz de la república, hay hechos que nosotros no podemos olvidar, se incurrieron en delitos, en un golpe de estado, en un gobierno de facto, donde todavía se reclama justicia, los que planificaron ese golpe de estado planificaron la impunidad…”.

Y en ello desconoce que sin justicia, sin debido proceso y sin respetar las garantías que de éste nacen, aún durante situaciones excepcionales, no hay paz posible. En otras palabras, cuando el Presidente de la República así lo decida, podrá decretar un estado de excepción o de conmoción nacional, sin más contenido o extensión que aquél que él mismo pretenda, sin respetar los límites que la ley (la propia Constitución y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela) opone a la intervención arbitraria en los derechos de los ciudadanos. Será entonces la subjetividad y la irracionalidad nacidas de los anhelos de perpetuarse en el poder las que definan, a conveniencia, los momentos en los que el poder podrá violentar las reglas de la ley y de la sana convivencia democrática para perseguir a todo aquel (medios de comunicación, los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, o cualquiera que pretenda formular críticas contra los abusos en el ejercicio del poder) para tener a la disidencia no como ciudadanía crítica y libre, sino factores de pretendida desestabilización, como “golpistas” o “traidores”, con el agravante de que, al suprimir la posibilidad de plena vigencia del Estado de Derecho durante esos momentos, podría cualquier persona, por cualquier motivo, ser detenida arbitrariamente, sin posibilidad de ejercer cabalmente su derecho a la defensa, y ser inclusive sentenciada de inmediato sin ningún tipo de garantía. Todo a conveniencia de quienes ejercen el poder.

3.-La consolidación del “Derecho Penal del Enemigo”.

Cilia Flores pretende sorprender la buena fe del pueblo fingiendo que no debe haber preocupación para el resto de la población sino para aquellos que “desestabilicen”. Lo que calla es que los criterios para la determinación de la identidad de los pretendidos desestabilizadores no será determinados por la ley, sino por las conveniencias del gobernante y de sus acólitos. Serán desestabilizadores quienes se opongan al discurso de los poderosos (aunque militen en las filas del oficialismo), serán “golositas” y “traidores” todos aquellos que no se ciñan estrictamente a la línea presidencial. Serán, en consecuencia “enemigos”, contra los que todo vale y a los que la ley (el debido proceso) no debe proteger. Esto es lo que se denomina mundialmente el “Derecho Penal del Enemigo”, que parte de la consideración de que el que esté contra el poder, contra sus decisiones o contra sus aspiraciones hegemónicas es un enemigo y como enemigo debe ser tratado, sin importar que ello suponga el desconocimiento de las garantías que nacen para todos, y que son esenciales al modelo de “Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia” propuesto por la Constitución vigente en su Art. 2° que, hasta dónde se sabe, no es objeto de reforma o modificación. En el mundo moderno, y eso lo demuestran múltiples tratados internacionales de los que Venezuela es parte y que sus gobernantes sus ciudadanos y sus militares deben obedecer, ni siquiera en situaciones de conflicto bélico (interno o externo) se puede hacer contra el “enemigo” lo que al poder le venga en gana, ni mucho menos relajar las garantías que nacen del respeto al debido proceso.

Y si queda alguna duda de que ésta no es la orientación de la propuesta de la Presidenta de la AN, basta revisar lo que se le ha dicho, desde el poder, a los partidarios del oficialismo que han pretendido separarse de la barbarie o expresar ideas, distintas de las de Hugo Chávez, que abonan a favor la racionalidad y del respeto a los derechos de los ciudadanos. Como ejemplos pueden mencionarse a Ismael García, Ramón Martínez y Juan José Molina, a quienes, por expresar sus puntos de vista divergentes, se ha tildado de opositores y hasta de “traidores”, simplemente por hacer uso de su derecho a disentir. O las muchas expresiones denigrantes e irrespetuosas contra miembros de algún consejo comunal en reclamo por fondos no les han llegado; o contra aquellos que durante algún programa presidencial, en ejercicio pleno de la soberanía (que reside en el pueblo y no en sus gobernantes) pretendan decirle a Hugo Chávez las verdades de los sufrimientos y limitaciones que padecen día a día. Ahora, en este nuevo escenario, y eventualmente ante el decreto presidencial de un estado de excepción o de conmoción nacional, podrán ser sometidos a medidas de corte penal e investigaciones sin respetar ninguna de las garantías que, en los estados modernos, se consagran en la Constitución a favor de todos los ciudadanos.
 
4.-El debido proceso. ¿Qué es?.

El debido proceso debe ser entendido como una expresión omnicomprensiva de la que nacen un cúmulo de garantías que se establecen, no como un beneficio o “gracia” dada por el Gobierno al ciudadano sino como un Derecho Humano irrenunciable que obliga a los que ejercen el poder a someterse, en su desempeño, especialmente en lo que atañe al ejercicio de la potestad penal, a límites muy precisos e inalienables.

Pactos y convenios internacionales, de los que Venezuela es parte, así lo reconocen, como también lo reconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49, que nos explica que el debido proceso conlleva en sí lo siguiente:

i) Derecho a un juicio previo.
ii) Derecho a ser oído por un tribunal imparcial
iii) Derecho a ser juzgado por un tribunal existente antes de la perpetración del hecho punible, juez natural
iv) Derecho a ser informado oportunamente de los motivos de la detención
v) Derecho a defenderse ante una instancia imparcial
vi) Derecho a tener comunicación con los familiares y abogados de confianza
vii) Derecho a promover pruebas, y a conocer las pruebas que se pretenda hacer valer contra los ciudadanos
viii) Derecho a la libertad como regla, no como excepción
ix) Derecho a no ser detenido sin orden judicial previa o en flagrancia
x) Derecho a la inviolabilidad del domicilio
xi) Derecho a la inviolabilidad de la correspondencia
xii) Derecho a no ser condenado previamente en ausencia de un juicio justo
xiii) Derecho a la apelación
xiv) Derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho
xv) Derecho a una sentencia proporcional a la infracción cometida y al respeto del principio de la legalidad de las penas y los delitos

Es así que no basta pensar sólo en un allanamiento o en una detención arbitraria, sino en todas las transgresiones que la aprobación de la propuesta de Cilia Flores conllevaría colocando a cualquier ciudadano en las manos despiadadas de quienes se sienten “vencedores” y, en consecuencia, por encima del bien y del mal.

El tono de la diputada Flores así lo revela. No volverá a pasar, no podemos olvidar. O lo que es lo mismo, el principio de juzgamiento no debe nacer de la asunción del Estado de Derecho, sino como la destrucción de aquél al que considero enemigo. Y enemigos podemos ser todos, pues sólo un grupo decidirá, a conveniencia, quien lo es o no. Basta mirar los procesos penales de índole político, en violación a todas las garantías constitucionales y legales, que se han seguido contra los opositores en los últimos 5 años, donde a los presos y perseguidos políticos se les han violado todas y cada una de sus garantías, donde las sentencias ya se han dictado antes de que los juicios culminen, donde ni siquiera la vida se les ha respetado negándoles el derecho a una asistencia médica oportuna sobre la base de imaginarios planes de fuga; donde la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo han actuado como agentes del Estado, no como garantes de los derechos ciudadanos, lo que ha culminado en un franco y advertido deterioro del Estado de Derecho, estado de Derecho que ha desaparecido mucho antes de esta pretendida modificación constitucional, y que ahora queda absolutamente constitucionalizada, con riesgos dramáticos para toda la ciudadanía, sin distinciones de ningún tipo, pues cuando se atenta contra el Estado de Derecho y contra la libertad se atenta contra los derechos de todos los ciudadanos.

Nadie garantiza que no existirán desapariciones forzadas, nadie garantiza la vida, aún cuando pretendan decir que no se elimina la protección a estos valores de la Constitución, pues si en un estado excepcional (decretado por el propio presidente en consejo de ministros) cualquiera es detenido, las autoridades no tendrán ni siquiera la obligación de informar sobre la detención, sobre sus causas o sobre el destino de las encarcelados. Y sumemos a esto la exclusión del derecho de información durante estos mismos caprichosos estados de excepción o conmoción

¿Adónde pueden acudir los familiares?, ¿los abogados?, ¿los denunciantes?. Ante un tribunal no serán oídos porque no hay derecho alguno por la supresión, así sea temporal, de las garantías que nacen el debido proceso, pero tampoco podrá acudirse a los pocos medios de comunicación de índole imparcial que nos quedan, pues estos tendrán una prohibición expresa de dar información sobre estos temas. El único vocero oficial será el gobierno nacional que hasta ahora ha mostrado un control total de a información y una negativa clara a asumir sus compromisos de protección y resguardo de los derechos humanos.

5.- ¿Qué hacer?

Es tan grave lo que decidió la Asamblea Nacional el día 12 de octubre que la simple preocupación ya resulta poca ante tales abusos. La apatía resulta también insuficiente. La complacencia del Poder Judicial y del Poder Ciudadano ante estos abusos es dramática. La postura del poder frente a las luchas democráticas contra los abusos sistemáticos de poder y las violaciones de Derechos Humanos, de rango constitucional, y que ahora pretenden desconocerse, hace pensar que la unidad es la única respuesta verdaderamente efectiva frente a la arbitrariedad.

La reflexión es urgente, la unión es impostergable. Los intereses personales, las posiciones individuales, deben ceder ante una decisión contundente: la de luchar todos por el bien de todos. No podemos a escasos dos meses de un referéndum aprobatorio seguir jugando a la confusión, menos aún convalidar con el silencio tamañas violaciones.

No podemos permanecer sentados en la banca mientras el adversario nos golea, no hay coherencia entre la oposición, las organizaciones de derechos humanos deben ser menos políticas y más reactivas, la academia debe férreamente oponerse a la institucionalización de una dictadura que tome por venganza la vida, la libertad y los derechos humanos de quienes no queremos sino luchar pacíficamente y en libertad por una Venezuela libre de opresión.

No se trata de debatir la reforma, no hay nada que debatir, toda ella es arbitraria, caprichosa, infundada, personalista y hecha a la medida de un hombre al que el traje de la ley ya le ha quedado pequeño y al que no le interesan los derechos de su pueblo, pues para él “pueblo” es sólo el que esté de acuerdo con el, y guarde silencio. Un hombre para el que sus adversarios políticos no tienen derechos. Es inoficioso discutir si se puede votar por partes o en bloque la reforma propuesta, pues quien convalida lo poco convalida lo mucho. Las alternativas son pocas, tampoco son fáciles las decisiones, votar o no votar no puede ser el único sentido del llamado de la oposición, debemos unirnos todos aún en nuestras indiferencias y nuestras individualidades, debemos explicar claramente que el abismo en el que hemos caído puede llegar a ser aún más profundo. Hay que asumir con preocupación, y desde la paz, pero con firmeza, lo que viene. Hay que rechazarlo pacífica y democráticamente por todas las vías internas y externas, y por encima de todo hay que unirse en la adversidad.

Ejemplos como el de un Chile oprimido que logró la concertación de sus ciudadanos deben ser modelo a seguir por los Venezolanos. De nada valen los negocios o el dinero que unos pocos puedan estar haciendo, de nada vale mantener una concesión, poco vale asegurar una Gobernación o una Alcaldía, menos aún un puesto político si en definitiva no tendremos país. Y mucho menos un país libre, en el que todos puedan pensar y expresarse en paz a favor de sus ideales. La venganza constitucionalizada que pretende imponerse no es sólo contra un grupo, lo es contra el pueblo en general, oficialistas y opositores. La venganza y la persecución no excluyen, puede ser contra cualquiera y no hay peor venganza que aquella que desde el odio se forja con mala voluntad, con burla, con abuso de la fuerza y del poder y dándole ahora rango constitucional para acabar, moral y socialmente, con quienes quieren ser libres.

Hacemos un llamado urgente los partidos políticos, a las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, a los estudiantes universitarios, a los académicos de todas las universidades del país, a los partidarios del oficialismo que no están de acuerdo con lo que viene sucediendo, a los gobernadores y alcaldes, a los gremios profesionales y técnicos, a los presos políticos, a los perseguidos políticos, a los profesionales y técnicos independientes, a los sindicatos de trabajadores, profesionales y técnicos, a la CTV, a los miembros de la Fuerza Armada Nacional, y a la ciudadanía en general a luchar en paz, pero con vehemencia y firmeza, contra el abuso que se propone desde poder contra todo el pueblo venezolano.

Nuestras organizaciones se ofrecen con toda humildad, pero con la máxima preocupación como entes organizadores y catalizadores del espíritu impostergable de coalición, de concertación, de unidad, de paz, de coherencia y de respuesta inmediata en conjunto. Ponemos en manos de todos los grupos y ciudadanos nuestra buena voluntad, nuestra fuerza, nuestros conocimientos jurídicos, pero sobre todo nuestra intención apartidista de lograr una Venezuela con futuro donde todos y cada uno de nosotros tenga un espacio para opinar, y para ser libre.

Nuestras organizaciones, siempre respetuosas de la Constitución y la ley, y de los mecanismos formales y democráticos de protección de los derechos de todos, presentará en los próximos días una ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contra la evidente amenaza y daño de violación de nuestros derechos ciudadanos que se está materializando actualmente contra el país y su pueblo. Si ello no funciona, se acudirá a las instancias internacionales pertinentes.

En Caracas, a los 14 días del mes de Octubre de 2.007.-

VIVE
FUERZA INTEGRADORA
FORO PENAL VENEZOLANO






TOME NOTA
de la dirección del
Nuevo Portal Principal

www.venezuelareal.org

Más información ...

Calendario

<<   Octubre 2007  >>
LMMiJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Archivos

Suscríbete

Escribe tu email:

Delivered by FeedBurner

Sindicación

Alojado en
ZoomBlog