Caudillos y narcos - Serie de atropellos

Por Venezuela Real - 17 de Octubre, 2007, 17:57, Categoría: Libertad de Expresión

El Editorial
El Nacional
17 de octubre de 2007

La SIP clausuró su 63 Asamblea General, y confirmó lo que la opinión pública latinoamericana conoce muy bien: la libertad de prensa sigue gravemente amenazada en muchos países de la región, y tanto los directivos de los medios de comunicación como los periodistas son víctimas de una creciente violencia que no parece tener fin. Aunque esta situación es bien conocida por los lectores de diarios y revistas, no está de más aclarar que las estaciones de radio y televisión corren hoy tanto o más peligro ante las arremetidas de los gobiernos, de sus policías y del narcotráfico y la guerrilla.

Esta mezcla fétida entre el poder público legítimamente constituido y los poderes clandestinos e ilegales que se mueven con total impunidad al interior de las sociedades latinoamericanas, no es más que la confirmación aberrante de que, contra la prensa y los periodistas, coinciden hoy lo policial y lo militar, lo mafioso y lo guerrillero, el narcotráfico y el contrabando, el crimen organizado y las redes de lavado de dinero. Este odio, reforzado por los discursos de los presidentes de la república en ejercicio dirigidos al desprestigio de los periodistas, conforman una estrategia mortal contra la libertad de expresión.

Por ejemplo, en Colombia un periodista de The Miami Herald ha tenido que salir espantado de ese país porque el presidente Uribe lo acusó públicamente de mentiroso y embrollador. En suelo colombiano una calificación como ésa es lo más parecido a decir que cualquiera puede disparar sobre ese blanco. En Venezuela, una Fiscalía en manos de un lustrabotas del Gobierno, abre un expediente contra una periodista por un supuesto plan subversivo que nadie conoce para obligarla a salir al exilio.

En Argentina, Kitchner niega sistemáticamente publicidad a un grupo editorial para llevarlo a la quiebra, así como aquí en Venezuela Pdvsa, que ahora es de todos, lanza un boicot (que ya lleva cinco años) contra El Nacional para obligarlo a hablar bien de Rafael Ramírez, cosa que nos negamos. De igual manera, los petroleros rojos rojitos han lanzado atentados contra la casa del padre Palmar, y han abierto juicio contra el periodista Leocenis García, sólo porque se han atrevido a denunciar las corruptelas que florecen en Petróleos de Venezuela.

Pero, tanto Pdvsa como el Gobierno, no han respondido a las acusaciones del padre Palmar y tampoco han abierto las investigaciones de rigor, a pesar de que se ha entregado (y publicado en parte) una carretilla de documentos probatorios. Apenas, desde el oficialismo, han hecho un simulacro en la Fiscalía para darle tiempo al tiempo y ocultar las corruptelas. Esta complicidad con la corrupción es uno de los hechos más grave de la revolución bolivariana.

La prensa venezolana ha mantenido una actitud firme y por ello ha sido marginada de las ruedas de prensa, de los boletines oficiales y de las entrevistas con los principales burócratas del sistema. Es una manera tanto de censurar como de limitar la libertad de expresión. Disimuladamente. 
 






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