Duras críticas en el debate final de la reforma chavista

Por Venezuela Real - 17 de Octubre, 2007, 19:10, Categoría: Prensa Internacional

FABIOLA SANCHEZ / AP
El Nuevo Herald
17 de octubre de 2007

CARACAS
La Asamblea Nacional inició ayer el tercer y último debate del proyecto de reforma de la Constitución que le permitiría al presidente Hugo Chávez ser reelegido sin límites, y suspender el derecho al debido proceso durante un estado de excepción.

Las discusiones arrancaron en medio de las críticas de grupos opositores, y organizaciones como Human Rights Watch que objetaron la suspensión del debido proceso alegando que en situaciones de emergencia ``se hace necesario garantizar una sólida protección jurídica para prevenir abusos''.

El director para las Américas de Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, expresó ayer en un comunicado que era necesario preservar el debido proceso en los estados de excepción porque ''históricamente ha prevalecido es el ejercicio brutal del poder'' en esas situaciones.

El Congreso, integrado en su mayoría por aliados de Chávez, comenzó las discusiones de los 58 artículos propuestos para la reforma.

El mandatario venezolano planteó en agosto pasado el cambio de 33 de los 350 artículos de la Carta Magna, y una comisión mixta de diputados decidió después anexar otros 25.

Se prevé que el debate, que será artículo por artículo, se extenderá hasta la próxima semana cuando los 167 diputados sancionarán el nuevo texto constitucional, que será llevado luego a referendo en diciembre.

La apacible sesión se vio interrumpida en algunos momentos por las intervenciones de los diputados del partido Podemos -- ex aliados del gobierno -- que denunciaron que se estaba haciendo un debate ''atropellado'' que representaba una ''violación'' de la Constitución.

''Hay una violación de las normas que permiten una protección de la Constitución'', dijo el diputado de Podemos, Ismael García, en su intervención.

La nueva reforma constitucional impulsada por Chávez contempla la ampliación del período presidencial de 6 a 7 años, y la reelección ``continua''.

Asimismo, se da atribuciones al gobernante para decretar los estados de excepción, sin límite de tiempo, y suspender las garantías constitucionales, excepto las referidas al ``derecho a la vida, y la prohibición de tortura, incomunicación y desaparición forzosa''.

En el proyecto se prevé que en las situaciones emergencia se podrá suspender el debido proceso y la garantía a la información, los cuales estaban preservados en la Constitución vigente.





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