Ironías bolivarianas

Por Venezuela Real - 19 de Octubre, 2007, 15:40, Categoría: Política Nacional

Veneconomía Opina
19 de Octubre de 2007

Existen muy pocos países donde se garantiza a las personas y a las empresas la confidencialidad absoluta sobre sus cuentas bancarias. ¡Ni siquiera en Suiza! Sin embargo, en casi todos los países las autoridades sólo tienen acceso a la información de los clientes bancarios, mediante una orden judicial emanada de un tribunal o fiscal por causas justificadas, en base a una solicitud bien motivada. Por esto, no se explica cómo el Superintendente de Bancos ordenó el 9 de octubre a las entidades financieras del país, que le suministraran a Sudeban toda la información de las personas naturales que mueven como promedio Bs. 400 millones mensuales en sus cuentas bancarias. Esta solicitud de Sudeban contraviene a la Ley General de Bancos, compromete el secreto bancario e incumple con los lineamientos previstos en sus estatutos vigentes.

Éste es un hecho insólito. Primero, porque en la Venezuela actual se ha hecho posible el uso de listas como la de Tascón-Chávez y la de Maisanta, promovidas por el Gobierno y utilizadas en contra de millones de venezolanos y venezolanas que se "atrevieron" a solicitar un revocatorio contra el primer mandatario. Y segundo, porque es un hecho público y notorio, denunciado por diferentes medios de comunicación, que muchos buhoneros venden a cualquiera por unos cuantos bolívares la data de la Oficina de Identificación y Extranjería (Onidex) que contiene a todos los residentes de este país, la cual debería ser confidencial.
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Evidentemente, nadie podrá garantizar que esta información solicitada por Sudeban no terminará en manos del "mercado secundario", sobre todo de grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o la Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL) o del hampa común, para alimentar la pujante "industria" del secuestro. La otra ironía es que Sudeban al día siguiente, el 10 de octubre, emitió otra circular instruyendo a las instituciones financieras para que incrementaran "los controles internos relativos a las actividades de revisión y verificación de la documentación" de sus clientes y evaluarán su capacidad de pago a fin de "mitigar los riesgos inherentes al otorgamiento masivo" de tarjetas de crédito.

No se comprende entonces, ni se excusa, que esta Superintendencia no haya levantado un dedo para oponerse al dictamen de la Sala Constitucional del TSJ (diciembre de 2005) ni al de la Sala Político-Administrativa del TSJ (marzo 2007), que suspendieron la utilización del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI). Éste era el mecanismo idóneo para reducir el riesgo crediticio, al permitir a los bancos compartir información sobre los usuarios que incumplen sus obligaciones. Es una verdadera ironía que el Gobierno con una mano prohíbe la utilización de un instrumento de comprobada eficacia para minimizar riesgos bancarios como el SICRI, por el supuesto de que viola el derecho de privacidad, y con la otra, ordena a las intituciones financieras revelar información confidencial de los clientes bancarios.





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