La salud quedará en manos del pueblo

Por Venezuela Real - 20 de Octubre, 2007, 14:12, Categoría: REFORMA CONSTITUCIONAL

VIVIAN CASTILLO
El Univeral
20 de octubre de 2007

Reforma da potestad a los comités de salud de asumir el control de los hospitaes

La reforma constitucional que se discute en el seno del Parlamento no plantea modificaciones al sistema de salud venezolano, sin embargo, sí propone cambios que incidirán directamente en el esquema sanitario del país y en el manejo de la estructura hospitalaria.

Al menos 6 de los más de 60 artículos que están contenidos en el proyecto de modificaciones al texto fundamental tienen elementos que determinarán la transformación de la estructura de salud. Uno de ellos, el Artículo 70, que consagra la participación popular y establece como medios para su ejercicio: consejos comunales, consejos de trabajadores y consejos de salud entre otras instancias a las que se le dará la potestad de ejercer funciones de contraloría en los centros asistenciales y en la aplicación de programas de prevención por parte del Estado o de los gobiernos locales. 

"Cuando se concrete la actuación comunal y el colectivo tenga conciencia de su responsabilidad en el buen funcionamiento de la estructura sanitaria, los comités de salud, conjuntamente con otras formas de expresión ciudadana: consejos de obreros, de trabajadores o campesinos, podrán actuar alrededor de la salud, conocer de ella, analizarla y establecer las prioridades para su accionar", afirma el diputado Rafael Ríos, miembro de la comisión permanente de desarrollo social integral y de la subcomisión de salud de la Asamblea Nacional.

Explica que entre las potestades que otorgará la Carta Magna a la comunidad organizada está el censar a la comunidad para identificar a los enfermos crónicos, clasificarlos por padecimiento para determinar y prever sus necesidades.

Ríos destaca como "un gran avance que en la nueva estructura legal se entregue a los comités organizados la evaluación sobre el desempeño del personal que labora en los centros asistenciales, en los 3 niveles de atención: ambulatorios, centros de diagnóstico y hospitales; así como el estado y funcionando de equipos y canales de distribución y dotación. 

"Esta contraloría social ayudará a mejorar la prestación del servicio de salud, en calidad e incluso en que se reduzca la ineficiencia y la corrupción. Ahora podemos soñar con un colectivo organizado asumiendo las riendas de un hospital". 

Se refiere a otro de los cambios que plantea la propuesta presidencial: la transferencia de servicios a las comunidades organizadas que los gestionen, entre los cuales están los dirigidos a la protección, prevención y tratamiento de la Salud.

Precisamente sobre este tema, el ex ministro de Sanidad Rafael Orihuela advierte el "colapso definitivo" de la estructura pública de salud si la administración de hospitales pasa a manos de personas inexpertas.

Asegura que la evaluación popular que plantea el sector oficial no es otra cosa que la "intervención política de militantes y activistas del partido de Gobierno, disfrazados de contralores sociales que servirán para delatar y denunciar a la gente que labora en los hospitales y que no comulga con el socialismo del siglo XXI. El resultado práctico de esto será la creación de una sociedad de cómplices relatores y espías, incapaces de denunciar las irregularidades cometidas por las instituciones del Estado o por su propia gente".

Orihuela asegura que la intervención popular en ésta y otras áreas estará supeditada a la conveniencia. "No se aceptarán críticas a las decisiones sobre la gestión o el accionar; de allí que los proyectos de la comunidad organizada tengan que ser sometidos a la aprobación del Consejo Nacional de Gobierno que está presidido por el todopoderoso jefe de Estado".

Expresa que la "ultracentralización planteada en el proyecto de reforma" a través de la nueva geometría del poder, con la creación de distritos funcionales al servicio del Presidente, conducirá a la acentuación del deterioro de la estructura sanitaria y a la agudización de la burocracia y la corrupción. 

"El Gobierno marcha en vía contraria al progreso, se aleja del camino correcto que constituye la descentralización, elimina de un plumazo la posibilidad de que los estados y municipios puedan atender con celeridad sus necesidades". 

Para el diputado Ríos la centralización, lejos de ser un problema para el manejo de los servicios de salud, constituye una ventaja. El parlamentario insiste en que los requerimientos de cada región serán evaluados y gestionados por las comunidades organizadas y que la reforma ayudará a corregir la fragmentación para lograr un sistema público integrado. 

"Hoy La Salud está parcelada, por un lado está el Ministerio de la Salud, por otro lado el Ipasme, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, gobernaciones y municipios y otros organismos del Estado, además están las universidades que prestan servicios de salud y las contrataciones de HCM, por institutos autónomos del Gobierno para acudir a clínicas privadas". 

No escapa a las consideraciones del ex ministro de Sanidad Rafael Orihuela la incidencia que tendrá en los hospitales la reducción de la jornada laboral propuesta en la reforma que, según su criterio, además de elevar los costos de la atención, agudizará el déficit de médicos en el sector público. En contraposición, Ríos asegura que la medida beneficiará el ingreso de 30 mil médicos bolivarianos que están a punto de graduar.





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