Aumenta la oposición a la reforma de Chávez

Por Venezuela Real - 22 de Octubre, 2007, 14:36, Categoría: Prensa Internacional

CASTO OCANDO
El Nuevo Herald
22 de octubre de 2007

La reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez, con un articulado que ha duplicado el número de cambios iniciales para respaldar una versión radical de socialismo en Venezuela, está enfrentando una creciente y masiva oposición incluso de importantes sectores del chavismo, y de influyentes instituciones como la Iglesia Católica, las academias nacionales y las mayores universidades del país.

Esta semana voceros del episcopado venezolano emitieron los epítetos más duros pronunciados hasta ahora por los obispos para mostrar su rechazo a la reforma chavista, calificándola con adjetivos como ''inmoral'', ''involutiva'', ''opresiva'' y ``generadora de nuevos odios''.

Por su parte, en un comunicado emitido el viernes, los miembros de academias científicas y humanísticas calificaron de ilegítima la manera como se está conduciendo la reforma, afirmando que ``la escogencia de un camino equivocado para llevar a cabo y hacer aprobar el cambio constitucional propuesto lleva en sí misma el germen de su ilegitimidad''.

Temiendo que uno de los artículos de la reforma chavista, el número 109, disminuya sensiblemente la autonomía universitaria, las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, la mayor y la más antigua del país, cuestionaron que el gobierno planee ``dividir y quebrar la estructura comicial de las casas de estudio''.

El artículo en cuestión plantea otorgarle a los estudiantes el mismo poder de voto que a los académicos y los obreros, dejando prácticamente a los escolares universitarios el poder de elegir las autoridades académicas, un artículo que podría favorecer la entrada del chavismo al ámbito universitario, vedado hasta ahora por falta de simpatizantes.

Según expertos, el tema de la autonomía universitaria podría poner en la calle a estudiantes y profesores de las universidades públicas de forma indefinida, uno de los sectores que ha permanecido impermeable a la influencia chavista en ocho años de revolución bolivariana.

El rechazo a los cambios constitucionales continúa generando importantes disensiones, no sólo en amplios sectores de la sociedad civil y partidos de oposición, sino dentro de la propia estructura política de apoyo al proceso revolucionario.

''Esta es una reforma inconstitucional e inviable'', afirmó a El Nuevo Herald Ismael García, líder de Podemos, uno de los partidos que apoyó a Chávez y ahora es uno de sus más enconados adversarios.

''Quieren imponer una reforma sin consultas, sin permitir un debate serio y constitucional, en un proceso que no es democrático'', acotó García, que el viernes lideró una manifestación en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para exigir que los magistrados aclaren cuanto antes si los diputados de la Asamblea Nacional ``están violando la Constitución en el proceso de discusión del proyecto de reforma''.

Los disidentes de Podemos probaron el viernes el sabor de la ''medicina'' que la administración chavista ha venido aplicando a sus disidentes desde abril del 2002, cuando el presidente Chávez fue sacado momentáneamente del poder.

Activistas y simpatizantes de Podemos, una facción de izquierda moderada del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), que se escindió a principios del 2000 para apoyar el proceso chavista, fueron acosados por unidades de la Guardia Nacional y el Ejército cuando trataban de concentrar seguidores de diversos estados del país el viernes, en la protesta frente al TSJ, en Caracas.

''Chávez me tiene decepcionada'', confesó Ana Delgado, una activista de Podemos de 47 años, que participó en la protesta. ''Cuando nos necesitó nos tuvo, y ahora nos insulta'', declaró la dirigente comunitaria en una entrevista con el diario El Universal, de Caracas.

Podemos exigió además la suspensión de la consulta para aprobar la reforma, que tendrá lugar en un referéndum nacional a principios de diciembre próximo, aduciendo que tres meses es un tiempo insuficiente para los debates, a pesar de que ''Chávez tardó 8 meses en prepararla'', según afirmó en una entrevista el gobernador Ramón Martínez, otro de los principales dirigentes de Podemos.

Uno de los aspectos más criticados de la reforma ha sido la introducción, en algunos casos inesperados y subrepticios, de más de 60 nuevos artículos, más allá de los 27 artículos que originalmente propuso el presidente Chávez para el cambio de la Constitución de 1999.

Entre los más polémicos, está la suspensión de derechos constitucionales como la libertad de expresión y del debido proceso judicial, en caso de que se produzca un estado de excepción; el de la discrecionalidad del presidente para designar ''a dedo'' autoridades regionales y para manejar las finanzas públicas, prácticamente sin control y la reelección indefinida, cuyo rechazo paradójicamente ha disminuido levemente según recientes encuestas.

''El Presidente de la República ha estado agitando el trapo rojo de la reelección indefinida para, al mismo tiempo, meter de contrabando varios artículos en la reforma constitucional que contradicen los principios democráticos'', indicó el sábado un editorial del influyente diario El Nacional, de Caracas.

Ismael García, líder de Podemos, anticipó que el estilo autoritario con que se está imponiendo la reforma, va a continuar generando disensiones dentro del bloque de organizaciones prochavistas. ''Hay mucho descontento'', afirmó García.

Pero las opiniones disidentes dentro del chavismo están siendo combatidas con rapidez.

El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, que el jueves cuestionó el carácter inconstitucional de la suspensión del debido proceso en caso de estados de excepción, cambió bruscamente de opinión cuando fue criticado de ''cortedad de vista'' por el vicepresidente Jorge Rodríguez, y terminó declarando que era partidario de darle al gobierno la potestad de suspender parcialmente este derecho durante emergencias decretadas por el Estado.

Anticipando una campaña antireforma, los obispos llamaron la atención respecto a que ``la implementación de un estado socialista es excluyente e implica el cese del pluralismo, de la libertad política y de conciencia de los ciudadanos''.





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