Los límites de los estados de excepción

Por Venezuela Real - 25 de Octubre, 2007, 18:40, Categoría: Derechos Humanos

ROCÍO SAN MIGUEL
TalCual
25 de octubre de 2007

El derecho que tiene toda persona en Venezuela, al menos según lo consagra la Constitución de 1999, de solicitar documentación e información mantenida en los archivos públicos o procesada por el Estado, información que se considera es de fuente pública o documentación gubernamental oficial; y el derecho al debido proceso –al que nos referimos la semana pasada-, están a punto de proscribirse en el país, para el caso de dictarse estados de excepción por parte del Presidente de la República.

Esta es la propuesta dada a conocer por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, mediante la cual se modificará el contenido actual del Artículo 337 de la Constitución, referido a las facultades que tiene el Presidente de la República para decretar los estados de excepción y restringir temporalmente las garantías consagradas en la Constitución. Un retroceso inadmisible en materia de la progresividad e irrenunciabilidad de los derechos humanos.

El alcance que la Constitución de 1999 –aún vigenteha tenido en materia de Derechos Humanos, no sólo refiere al amplio compendio de derechos y garantías que logró incorporar en su texto y a la constitucionalización que se logró de tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela cuando estos contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por la propia Constitución. Este alcance refiere también al avance que se logró a partir de la Constitución de 1999, con la regulación constitucional de los estados de excepción, al otorgársele temporalidad en su aplicación y donde quedó prohibida expresamente la posibilidad de restringir el núcleo duro de derechos humanos, entre ellos, el derecho al debido proceso y el derecho a la información.

El proyecto de Reforma Constitucional, conocido a la fecha, impacta todo el contenido que refiere a los estados de excepción, otorgando al Presidente de la República dos elementos claros que contrarían los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos. De un lado, se eliminan los controles que otros poderes públicos estarían llamados a ejercer sobre el Ejecutivo nacional para el caso de dictarse los Estados de Excepción. De otra parte, disminuye el número de garantías constitucionales inamovibles y eliminan el carácter temporal que los estados de excepción tendrían, pues pasarían a ser indeterminados en el tiempo a voluntad de quien los dicta, el Presidente de la República.

¿Que todo esto le importa un pepino al Presidente y a la Asamblea Nacional? Seguramente. Sin embargo encontrarán un enorme problema con el contenido del actual artículo 19 de la Constitución, única garantía de los venezolanos frente a las tropelías y retrocesos que se pretenden con la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos.

Artículo 19: El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.

En pocas palabras, todo disparate propuesto por la Asamblea y el Presidente en esta temeraria Reforma Constitucional, que elimine o restrinja los derechos alcanzados por los venezolanos a la fecha, por la vía de la Constitución de 1999 o por la vía de los pactos y tratados de derechos humanos suscritos a la fecha por la República, quedará subordinado a este artículo 19, es decir, pasará a ser letra muerta en estricto derecho, con el agravante para los proponentes de semejante reforma, de activarse instantáneamente el sistema de protección internacional de los derechos humanos para el caso de que el sistema nacional, constituido fundamentalmente por jueces y fiscales garantes del Estado de Derecho, no puedan o no quieran proteger los derechos humanos de los venezolanos.





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