Academia y revolución

Por Venezuela Real - 26 de Octubre, 2007, 14:28, Categoría: Estado de Derecho

CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ
El Nacional
26 de octubre de 2007

Ante la tormenta revolucionaria que se vive en Venezuela y que superpone una legalidad no escrita e improvisada a la que emana del ordenamiento jurídico hilado desde la Constitución, resulta válido preguntarse por el destino de la judicatura, de la abogacía y de los estudios de Derecho.

Las bases fundamentales de la ciencia jurídica están ligadas al concepto de Estado de Derecho, pero esto no se corresponde con los cambios revolucionarios donde se varía de dirección hacia el "derecho del Estado". La independencia de los jueces resulta incompatible con un sistema que se basa en el control total. La abogacía deja de ser la profesión liberal por excelencia para sujetarse al interés supremo del Estado que entonces le regula su conducta profesional, sometiéndola a leyes disciplinarias de funcionarios como ya está previsto en el proyecto del Código de Ética del Juez, cuya discusión se inició en el Parlamento. O como en Cuba, donde para ejercer se requiere pasar por el filtro de ser admitido por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, admisión sujeta a reglas de sometimiento político y que condena a trabajar sólo para el Estado a cambio de mísera retribución.

En la Alemania hitleriana la doctrina del nacionalsocialismo fue inoculada en todas las áreas del Derecho, aun en aquellas aparentemente no relacionadas con la política, como el derecho mercantil, el derecho civil, pero fue en el derecho penal donde se sufrió con más severidad esta intervención. El primer objetivo que se atacó fue el principio básico de legalidad nulla poena sine lege que comprende los límites para imponer penas, límites tales como la no discrecionalidad para sancionar hechos no previstos expresamente como delitos, la prohibición del efecto retroactivo de la ley en perjuicio del reo, la prohibición de la analogía. Todo esto cambió en función del concepto de la justicia material o como lo resumió Carl Schmitt: "Hoy todos reconocerán que el principio `no hay delito sin castigo’ tiene prioridad sobre el principio `no hay delito sin ley’ como la más elevada y fuerte verdad jurídica". El Derecho en general entonces no estaba planteado para proteger los derechos del individuo frente al Estado, sino más bien para privilegiar al Estado en su actuación contra el individuo.

Cuando vemos actos como las confiscaciones que simulan expropiaciones; las detenciones de opositores políticos con la excusa de estar incursos en actos delictivos que no llegan a ser demostrados en proceso justo; la tolerancia de la jurisdicción contencioso-administrativa ante los abusos oficiales; la usurpación de la actividad constituyente para cambiar de Constitución mediante mecanismos legislativos ordinarios con la indiferencia de la Sala Constitucional; resulta obvio que se nos conduce al sistema del Estado policial y arbitrario donde sobra la libertad en la enseñanza y en la práctica jurídica, Dentro de un cuadro así no es pensable, ni útil, una cátedra donde se enseñe un Derecho liberal. Carl Schmitt pregonó que en la Alemania nazi había que entrenar a los estudiantes de Derecho "según la intención y el espíritu del gobierno", y que los jueces tendrían que decidir conforme al "sano prejuicio" y según el "sano sentido común del pueblo". Por supuesto, como ahora, el pueblo eran ellos.

Inmediatamente después de puesto en vigencia el nuevo orden constitucional sobrevendrán leyes que reorientarán los estudios de Derecho, el ejercicio de la abogacía y de la judicatura en función del nuevo concepto de sociedad que se levantará sobre las ruinas del Estado de Derecho que hasta ahora hemos conocido.

Es un escenario sombrío para el estudio y el ejercicio del Derecho.





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